Por Rubén Tonzar *1.- Hace unos años, la ambientalista estadounidense Annie Leonard presentó un didáctico video titulado La historia de las cosas (The story of stuff), en el que muestra al capital industrial (“productivo”) actuando un papel depredador –que tradicionalmente se atribuía al capital financiero-, destruyendo el ambiente, saqueando las economías locales, distorsionando la cultura social y colonizando los poderes políticos.
2.- La minería a cielo abierto se basa en la remoción de grandes volúmenes de suelo que luego se procesan con diferentes métodos para extraer el metal objeto de la explotación. El procesamiento incluye la molienda de todo el suelo removido y su posterior lixiviación (se separa el material estéril del mineral que interesa, mediante métodos químicos). Durante la molienda y pulverización se libera el azufre de las rocas, que al tomar contacto con el oxígeno del aire o el disuelto en el agua, genera ácido sulfúrico. Éste, a su vez, disuelve las rocas y arrastra los metales pesados, que luego se acumulan en la flora y en la fauna, pudiendo pasar luego al hombre y causar daños irreparables. La lixiviación requiere volúmenes de agua acordes con las masas de suelo que se han removido (por ejemplo, un río o un glaciar), y uno o más catalizadores que aceleren el proceso (por ejemplo, cianuro o mercurio). El salto de calidad que hace que la minería a cielo abierto -una práctica milenaria de la humanidad- sea hoy una amenaza para el ambiente y para los humanos como nunca antes, consiste en que las tecnologías de remoción y procesamiento han aumentado exponencialmente sus capacidades: se pueden volar cerros enteros y contaminar enormes volúmenes de agua en poco tiempo, razón por la que se la llama megaminería.
3.- En la década del ’90, la legislación sobre minería se modificó radicalmente en nuestro país con vistas a “atraer los capitales” internacionales que pululaban en torno al nuevo negocio creado por ese desarrollo tecnológico. Una veintena de leyes especiales conceden ventajas descomunales a la actividad, como estabilidad fiscal por 30 años, regalías microscópicas, reembolsos de impuestos, importación de bienes de capital sin tasas aduaneras, subsidios, promociones a la exportación, etc, que en algunos casos han generado situaciones ridículas. Por ejemplo, en la Patagonia, la ley de promoción desde puertos regionales determina que luego de pagar un canon de 3% del valor del mineral en boca de mina, la empresa que lo despache por un puerto patagónico pueda ¡reclamar el 5% de ese mismo valor en concepto de reintegro a la exportación! (La historia de la matemática explica que el concepto de número negativo, como el que resulta de la operación 3 – 5, “apareció con la necesidad de representar deudas, puesto que no es natural que te quiten lo que no tienes. Nuestra civilización occidental se resistió tanto a ver de manera natural las cantidades negativas, que aún Descartes, cuando una ecuación tenía solución negativa, la llamaba ‘solución falsa’”). Otrosí: las compañías mineras pueden girar sin restricciones las divisas por sus exportaciones (decreto 417/2003 firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde), es decir ni siquiera están obligadas a liquidar ganancias en el Banco Central como lo hacen los empresarios de esa otra actividad depredadora, extractiva y destructiva que es el cultivo de soja. (Las leyes 25225 y 24585 de Protección Ambiental para la Actividad minera, la ley 24196 de inversiones mineras, y el Decreto de Necesidad y Urgencia 417/2003, ilustrarán suficientemente a quienes deseen invertir en el negocio).
4.- El 22 de octubre de 2008 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.418, que procuraba atenuar algunas de las amenazas del desarrollo megaminero estableciendo “los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”. A tal efecto, la ley creaba el Inventario Nacional de Glaciares, donde “se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo”, y prohibía “la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; la construcción de infraestructura con excepción de aquella necesaria para la investigación científica; la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales”. El Poder ejecutivo nacional, a cargo de la presidenta Cristina Fernández, vetó la ley mediante el decreto 1837/08 publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, porque “repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”, y lo devolvió al Congreso. De inmediato, el diputado Bonasso envió a todos los legisladores una carta en la que rechazaba el veto presidencial a la Ley y solicitaba su promulgación. El 3 de diciembre de 2008 se realizó una nueva votación en Diputados: 108 legisladores rechazaron el veto y apoyaron la sanción de la ley, 90 se manifestaron a favor del veto y en contra de la norma que pretende proteger los glaciares y 7 se abstuvieron. Los votos no alcanzaron, porque se necesitaban tres cuartas partes de los presentes. En la sanción original, la ley había sido votada por unanimidad. 5.- Durante 2009 no se consiguieron los votos necesarios para insistir con el tratamiento del proyecto, lo que en cambio sí ocurrió este año en Diputados. En paralelo, el senador Daniel Filmus presentó en su Cámara otro proyecto sobre el mismo tema, en el que se introduce la sutileza de la distinción entre áreas glaciales y periglaciales, cuyas complejas definiciones son inasibles aún para los profesionales especializados, dejando la habilitación de cada explotación minera a la interpretación legal de lo que es o no un ambiente glacial o periglacial, y sobre todo ignorando que ambas áreas son decisivas fuentes de agua, las “fábricas” del agua que luego formará nuestros ríos. El proyecto Filmus obtuvo media sanción en Senadores y fue girado a Diputados donde, sorprendentemente, fue fusionado con el de Bonasso en un nuevo proyecto. A pesar del acuerdo alcanzado, el bloque oficialista no acompañó la iniciativa, que tuvo media sanción en general el 14 de julio (129 votos contra 86). Casi un mes se demoró el tratamiento en particular –sobre el por qué de tanto tiempo, ver el punto 8-, aprobado al fin el 11 de agosto.
6.- Mientras el tire y afloje sobre esas definiciones florecía en el Congreso, en los últimos días del mes de junio se realizaba la Cumbre del G-20 en Canadá, donde lo que importaba no era justamente la geología. Junto a Cristina Fernández iban en la comitiva los gobernadores José Luis Gioja (San Juan, a quien muchos señalan como personero de las mineras trasnacionales), Juan Manuel Urtubey (Salta), Luis Beder Herrera (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Walter Barrionuevo (Jujuy), más el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, el vicegobernador sanjuanino Rubén Uñac, legisladores de Catamarca, de Santa Cruz y Neuquén. Este amplio consenso de representantes que va del PJ gobernante y sus aliados hasta el Frente Cívico y sectores del radicalismo se reunió allá con empresarios e inversores canadienses, entre ellos el organizador del encuentro, el jefe de la oficina ejecutiva (CEO) de la minera Barrick Gold, Peter Munk, quien se mostró tan elogioso con la Presidenta, que ésta dijo que “debería cambiar de vocero y ponerlo a él”. Después, Cristina le aseguró que la Argentina “profundizará el perfil minero”. Un mes más tarde, durante la Cumbre del Mercosur en San Juan, nuevamente junto al gobernador Gioja, la primera mandataria se refirió a la ley de Glaciares (“no voy a vetar la ley, cualquiera sea el resultado”). Luego reafirmó su apoyo a la megaminería con frases que tuvieron resonancias similares a las que se usaban durante la “campaña al desierto” en el siglo XIX, o a los argumentos del partido Sionista durante la ocupación de Palestina: “…lo que sucede es que muchas veces se trasladan experiencias de otros lugares (…) un efecto devastador en los ecosistemas, porque obviamente no es lo mismo hacer minería en medio del desierto, donde no hay absolutamente nada y solamente hay piedra o meseta, que hacerlo en medio de un bosque”.
7.- De aquel encuentro en Canadá, los gobernadores de las provincias que impulsan la megaminería volvieron convencidos de que debían hacer urgentemente algo para proteger los glaciares... antes que Bonasso. Así, en la primera semana de julio se reunieron en la Casa de Salta en Buenos Aires casi los mismos que habían asistido a la reunión con el jefe de la Barrick Gold, incluyendo al secretario de Minería de la Nación, y acordaron impulsar (“lo antes posible”) cada uno en su provincia leyes que no entorpezcan las grandes explotaciones mineras. De allí salió un documento de 10 puntos en el que señalan “la necesidad impostergable” de proteger los glaciares, y amparándose en los artículos 124 y 41 de la Constitución Nacional, hacer uso de esos derechos para legislar sobre sus recursos naturales. En el tercer punto destacan “...la necesidad de su preservación como tales (por los glaciares), todo ello en el marco de un adecuado y equilibrado desarrollo sustentable que permita que las actividades productivas y de servicios puedan satisfacer las necesidades y el desarrollo económico de nuestras provincias sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras...”. También adelanta la creación del Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, que sería “el organismo de control” de estos esfuerzos en defensa del ambiente. Nunca se menciona la palabra minería, pero se usa repetidamente el término “federalismo”, con lo que un grupo de megamineras trasnacionales resultarían inesperadamente favorecidas por la “autonomía” de un grupo de Estados provinciales que nunca antes la habían usufructuado en tal magnitud.
8.- Los miembros de las legislaturas de todas esas provincias revelaron una insospechada celeridad para el análisis, debate y despacho del texto de la ley repartido el 7 de julio en la Casa de Salta. “Hubo provincias que verdaderamente asombraron”: por ejemplo La Rioja y Jujuy la sancionaron el 8 de julio, “sin mucho debate claro”. San Juan la votó el 14 de julio: “la ley fue votada por unanimidad por la mayoría justicialista y un par de senadores del Frente para el Cambio, línea escindida del PJ”. En Salta demoró un poco más, pero finalmente fue sancionada el 3 de agosto, y de inmediato llegó gente a festejar y comenzaron a verse los beneficios. En cambio, un diario de Catamarca fustigaba al gobernador radical Brizuela del Moral porque a mediados de julio aún no había enviado el texto a la Legislatura; aunque al día de hoy tiene media sanción del Senado y pasó a los diputados provinciales, hay que ver que este tipo de “remoloneos” obligaron a la bancada oficialista de legisladores nacionales a estirar los tiempos de la ley Bonasso-Filmus, incluso con la colaboración de inesperados aliados.
9.- Como sea, este capítulo nacional, uno entre miles, de la “Historia de las cosas”, va llegando a su fin. En tanto, ya se conocen nuevos y apasionantes episodios del próximo, a saber (lista desordenada): conflictos por la explotación de diversas áreas, protestas acalladas con métodos violentos, contaminación y más contaminación, expulsión de poblaciones, renuncia de funcionarios que retaceen colaboración, y siguen las firmas…
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