Por Darío Aranda/Página/12
El debate por las consecuencias sanitarias de los agroquímicos entró ayer al Congreso Nacional de la mano de legisladores de distintos bloques, científicos que probaron los efectos negativos en la salud y organizaciones sociales. Fueron recurrentes dos afirmaciones: es necesario cambiar la actual forma de producción agropecuaria y es prioritario dejar de lado el modelo extractivo –donde monocultivo de soja y megaminería a cielo abierto son sus caras más famosas–. “No es la prueba científica la que cierra esta discusión, es la realidad, los vecinos afectados, las malformaciones y los abortos espontáneos”, afirmó el director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y científico del Conicet, Andrés Carrasco. La diputada Cecilia Merchán, junto con otros doce legisladores, presentó un proyecto de ley para prohibir todas las pulverizaciones aéreas y limitar las terrestres.
“Minería y soja pertenecen a un mismo modelo. Ambos son perjudiciales. Hay que debatir el perfil productivo de las provincias y esto no se trata de un falso antagonismo ‘interior-Capital’. Soy de Córdoba, provincia sojera, e igual sostengo que este modelo tiene consecuencias en la salud de las poblaciones”, abrió el debate Merchán, en una sala repleta de público. Le siguieron los legisladores Miguel Bonasso, Fernando Solanas, Lisandro Viale (socialismo) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
Carrasco presentó su investigación que confirma el efecto letal del glifosato en embriones anfibios. “Tal como lo quería el ministro de Ciencia (Lino) Barañao, nuestro trabajo está publicado (en la revista científica internacional Investigación Química en Toxicología). Y prueba que el glifosato produce malformaciones o mata al embrión”, remarcó y explicó que los vertebrados (desde anfibios hasta humanos) comparten los mismos mecanismos embrionarios. “Existe la muy seria posibilidad que ocurra lo mismo en humanos, sobre todo en las tres primeras semanas de gestación”, precisó, y alertó que “el problema no es el glifosato, no es el único ni el último agrotóxico, sino un modelo de producción”.
Javier Souza Casadinho, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal), explicó que en la actualidad se riega el país con más de 300 millones de litros. En 1999, las cámaras empresarias recomendaban usar seis litros por hectárea, en la actualidad instan –para la misma superficie– 14 litros. “En nuestro país se sigue usando el endosulfan, extremadamente tóxico, que ya fue prohibido en 69 países del mundo. Acá usamos cuatro millones de litros por año”, cuestionó.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en la soja. Ante las crecientes denuncias y movilizaciones, en 2009 el gobierno del Chaco creó la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Cinco meses después, finalizó su primer informe oficial y llamó al alerta nacional: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a estadísticas sanitarias vinculadas a zonas con uso intensivo de agroquímicos. Nota completa
Nota relacionada: Cámara de Diputados: hoy habrá una audiencia pública sobre las consecuencias de los plaguicidas
El debate por las consecuencias sanitarias de los agroquímicos entró ayer al Congreso Nacional de la mano de legisladores de distintos bloques, científicos que probaron los efectos negativos en la salud y organizaciones sociales. Fueron recurrentes dos afirmaciones: es necesario cambiar la actual forma de producción agropecuaria y es prioritario dejar de lado el modelo extractivo –donde monocultivo de soja y megaminería a cielo abierto son sus caras más famosas–. “No es la prueba científica la que cierra esta discusión, es la realidad, los vecinos afectados, las malformaciones y los abortos espontáneos”, afirmó el director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y científico del Conicet, Andrés Carrasco. La diputada Cecilia Merchán, junto con otros doce legisladores, presentó un proyecto de ley para prohibir todas las pulverizaciones aéreas y limitar las terrestres.
“Minería y soja pertenecen a un mismo modelo. Ambos son perjudiciales. Hay que debatir el perfil productivo de las provincias y esto no se trata de un falso antagonismo ‘interior-Capital’. Soy de Córdoba, provincia sojera, e igual sostengo que este modelo tiene consecuencias en la salud de las poblaciones”, abrió el debate Merchán, en una sala repleta de público. Le siguieron los legisladores Miguel Bonasso, Fernando Solanas, Lisandro Viale (socialismo) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
Carrasco presentó su investigación que confirma el efecto letal del glifosato en embriones anfibios. “Tal como lo quería el ministro de Ciencia (Lino) Barañao, nuestro trabajo está publicado (en la revista científica internacional Investigación Química en Toxicología). Y prueba que el glifosato produce malformaciones o mata al embrión”, remarcó y explicó que los vertebrados (desde anfibios hasta humanos) comparten los mismos mecanismos embrionarios. “Existe la muy seria posibilidad que ocurra lo mismo en humanos, sobre todo en las tres primeras semanas de gestación”, precisó, y alertó que “el problema no es el glifosato, no es el único ni el último agrotóxico, sino un modelo de producción”.
Javier Souza Casadinho, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal), explicó que en la actualidad se riega el país con más de 300 millones de litros. En 1999, las cámaras empresarias recomendaban usar seis litros por hectárea, en la actualidad instan –para la misma superficie– 14 litros. “En nuestro país se sigue usando el endosulfan, extremadamente tóxico, que ya fue prohibido en 69 países del mundo. Acá usamos cuatro millones de litros por año”, cuestionó.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en la soja. Ante las crecientes denuncias y movilizaciones, en 2009 el gobierno del Chaco creó la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Cinco meses después, finalizó su primer informe oficial y llamó al alerta nacional: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a estadísticas sanitarias vinculadas a zonas con uso intensivo de agroquímicos. Nota completa
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