Por Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida· Ante la incompatibilidad entre ser organismos evaluadores y a la vez receptores de fondos de empresas evaluadas, están solicitando que se determine qué ocurre con recursos recibidos en tales condiciones, la legalidad de los informes técnicos emitidos y que establezca eventuales sanciones a los responsables
· Los requerimientos hacen alusión a las municipalidades de Coyhaique, Aysén y Cochrane.
En completo sigilo se presentaron el 15 de julio cuatro solictudes de pronunciamiento ante la Contraloría Regional de Aysén como uno de los últimos coletazos del dictamen que el organismo emitió el 5 de marzo de este año en que requirió a los municipios de la Región de Aysén “abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia de que se trata, circunstancia que será verificada por este organismo contralor en las futuras fiscalizaciones que se disponga sobre el particular”. Esto, en directa alusión a la incompatibilidad entre ser evaluadores de estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroelétricos y receptores de fondos de los titulares de tales iniciativas.
En su momento la determinación del servicio fue un duro golpe a la política de responsabilidad social empresarial de HidroAysén y Energía Austral, empresas que habían logrado establecer convenientes alianzas con los gobiernos locales mediante contratos y donaciones, porque luego de la determinación del órgano contralor se vieron obligadas a entregar el dinero y los aportes directamente a las organizaciones sociales y comunitarias de los poblados emplazados en el área de influencia de sus proyectos aún en evaluación. Se terminó de esta forma con un procedimiento que vestía de “bien común” sus acciones, al ser avaladas por los gobiernos comunales.
Dos de las presentaciones de julio de este año fueron suscritas por el diputado PPD de la región René Alinco y por el dirigente de la pesca artesanal Honorino Angulo, solicitando fiscalizar el trabajo de la Municipalidad de Aysén. Una por el director de Codeff Aysén Peter Hartmann requiriendo lo propio con respecto de la Municipalidad de Coyhaique. Y la cuarta por el presidente de la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia Marco Antonio Díaz, dirigida ésta a la labor de la Municipalidad de Cochrane.
En todas se solicitó un pronunciamiento de la Contraloría Regional de Aysén sobre tres asuntos que quedaron, en opinión de los requirentes, pendientes luego del dictamen de marzo de este año: la legalidad de los contratos suscritos y de las donaciones recibidas mientras ocurría el conflicto de interés (derivando de ahí la duda sobre el destino final que deben tener los recursos ingresados a las arcas municipales en tales circunstancias), la misma consulta con relación a los informes técnicos de evaluación emitidos por los alcaldes en tal condición, y las posibles sanciones administrativas y legales a los responsables de un proceder que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado considera en su artículo 62 como conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa”, en tanto que en el artículo precedente señala que “la infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que determine la Ley”.
En todos estos casos además se solicitó que se realice una nueva fiscalización ante posibles contratos que se mantengan vigentes entre los municipios evaluadores y las empresas hidroeléctricas, y las eventuales donaciones recibidas desde que se emitió el dictamen del 5 de marzo.
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