Fuente: Infochubut
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, rechazó el informe de gastos de la campaña electoral 2009 que presentó la alianza “Frente por la Integración” impulsada por el gobernador de Chubut y presidente del justicialismo, Mario Das Neves. Marcelo Guinle y Graciela Di Perna fueron los candidatos a senadores y Mario Vargas y Nancy González a diputados.
Existen diferencias entre ingresos y egresos, datos fiscales inválidos y falta de acreditación fondos. Aunque el auditor se expresó en contrario, el juez avaló aportes de campaña hechos por constructoras y empresas pesqueras. El empresario Jorge Aidar Bestene es el apoderado del PJ y responsable económico de la presentación del informe.
El informe 2009 de la campaña legislativa fue elevado a la Cámara Nacional Electoral y de allí remitido al cuerpo de auditores contadores. El contador León Derhovsepián analizó la documentación y, según consta en la documentación a la que accedió Infochubut, solicitó a la agrupación política, integrada por el PJ y el Polo Social, “que explique los motivos de tan significativa diferencia entre los ingresos y egresos expuestos en tales informes”, detalla el fallo del juez.
Advierte el auditor que “en relación a los datos de 30 aportantes son inválidos el número de CUIL” y en el caso de algunos aportes privados de personas jurídicas “también consignan un CUIT en forma incorrecta” por lo que también solicita una aclaración.
Los aportes de empresas constructoras y pesqueras fueron objetados por el contador quien consideró que 35 empresas que figuran como aportantes “ejecutaron o se encuentran ejecutando obra pública para con el Estado provincial y/o municipal, encuadrando dichos aportes en la prohibición del inc. c) del art. 15 de la ley 26.215”. El artículo establece que “los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias y/o municipios”.
Otra de las observaciones realizadas por el auditor se refieren a la falta de acreditación de 50.000 pesos que, el PJ Chubut aseguró haber recibido por parte del PJ Nacional.
Desde la auditoría nacional se notificó a los responsables de la alianza “Frente para la Integración”, Mario Das Neves, Jorge Aidar Bestene y Rubén Fernánez, para que hagan los respectivos descargos pero no hubo respuestas de ningún tipo.
Ante la “presunta comisión de actos de donación en contravención a lo dispuesto” por la legislación vigente, el juez Sastre resolvió convocar a los responsables de campaña y económico financiero de la agrupación política como así también a las 35 empresas contratistas del Estado que hicieron aportes. “Analizadas cada una de las presentaciones, las cuales se formaron por separado, se resolvió archivar las actuaciones a ellas referidas sobre la base de la inexistencia de delito, en tanto las firmas no fueron, ni son concesionarias de servicio u obra p´blcia com indica el artículo 15 inc. c) de la ley de financiamiento sino que su relación con el Estado se vincula a un contrato de obra pública pero no a una concesión”, dijo el juez Sastre en su sentencia del 8 de septiembre de 2010.
La diferencia que considera el juez existe entre la concesión de obra pública y el contrato de obra pública es el fundamento de su decisión. “La gran diferencia radica en el álea (riesgo) para el concesionario, pues los beneficios dependen de un hecho incierto: los ingresos durante el plazo de concesión. Se distingue pues la obra pública de la concesión de obra pública, en el modo de remuneración”, sostiene el magistrado basándose en jurisprudencia que aborda el tema.
“El principio de publicidad, conlleva el deber cardinal de las agrupaciones partidarias de llevar una contabilidad con estricto detalle del origen y destino de sus fondos – ya sean para su desenvolvimiento institucional como de campañas electorales -, deber que no ha sido observado en autos”, añade el magistrado en su sentencia.
Ingresos por 588.000 pesos contemplaba el informe de campaña 2009 presentado por el "Frente por la Integración". El detalle expone que la actividad proselitista que impulsó a “los candidatos de Das Neves” (tal era el slogan) se financió en un 80% con el aporte económico que hicieron 35 empresas constructoras, 9 pesqueras y 29 funcionarios provinciales que integraban entonces el gabinete de gobierno.
El 40% de los gastos se destinaron a pagar publicidad y servicios contratados, mayormente, con empresas de propiedad del apoderado del PJ y responsable económico financiero de los gastos de campaña, el empresario Jorge Alberto Nadim Aidar Bestene.
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Existen diferencias entre ingresos y egresos, datos fiscales inválidos y falta de acreditación fondos. Aunque el auditor se expresó en contrario, el juez avaló aportes de campaña hechos por constructoras y empresas pesqueras. El empresario Jorge Aidar Bestene es el apoderado del PJ y responsable económico de la presentación del informe.
El informe 2009 de la campaña legislativa fue elevado a la Cámara Nacional Electoral y de allí remitido al cuerpo de auditores contadores. El contador León Derhovsepián analizó la documentación y, según consta en la documentación a la que accedió Infochubut, solicitó a la agrupación política, integrada por el PJ y el Polo Social, “que explique los motivos de tan significativa diferencia entre los ingresos y egresos expuestos en tales informes”, detalla el fallo del juez.
Advierte el auditor que “en relación a los datos de 30 aportantes son inválidos el número de CUIL” y en el caso de algunos aportes privados de personas jurídicas “también consignan un CUIT en forma incorrecta” por lo que también solicita una aclaración.
Los aportes de empresas constructoras y pesqueras fueron objetados por el contador quien consideró que 35 empresas que figuran como aportantes “ejecutaron o se encuentran ejecutando obra pública para con el Estado provincial y/o municipal, encuadrando dichos aportes en la prohibición del inc. c) del art. 15 de la ley 26.215”. El artículo establece que “los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias y/o municipios”.
Otra de las observaciones realizadas por el auditor se refieren a la falta de acreditación de 50.000 pesos que, el PJ Chubut aseguró haber recibido por parte del PJ Nacional.
Desde la auditoría nacional se notificó a los responsables de la alianza “Frente para la Integración”, Mario Das Neves, Jorge Aidar Bestene y Rubén Fernánez, para que hagan los respectivos descargos pero no hubo respuestas de ningún tipo.
Ante la “presunta comisión de actos de donación en contravención a lo dispuesto” por la legislación vigente, el juez Sastre resolvió convocar a los responsables de campaña y económico financiero de la agrupación política como así también a las 35 empresas contratistas del Estado que hicieron aportes. “Analizadas cada una de las presentaciones, las cuales se formaron por separado, se resolvió archivar las actuaciones a ellas referidas sobre la base de la inexistencia de delito, en tanto las firmas no fueron, ni son concesionarias de servicio u obra p´blcia com indica el artículo 15 inc. c) de la ley de financiamiento sino que su relación con el Estado se vincula a un contrato de obra pública pero no a una concesión”, dijo el juez Sastre en su sentencia del 8 de septiembre de 2010.
La diferencia que considera el juez existe entre la concesión de obra pública y el contrato de obra pública es el fundamento de su decisión. “La gran diferencia radica en el álea (riesgo) para el concesionario, pues los beneficios dependen de un hecho incierto: los ingresos durante el plazo de concesión. Se distingue pues la obra pública de la concesión de obra pública, en el modo de remuneración”, sostiene el magistrado basándose en jurisprudencia que aborda el tema.
“El principio de publicidad, conlleva el deber cardinal de las agrupaciones partidarias de llevar una contabilidad con estricto detalle del origen y destino de sus fondos – ya sean para su desenvolvimiento institucional como de campañas electorales -, deber que no ha sido observado en autos”, añade el magistrado en su sentencia.
Ingresos por 588.000 pesos contemplaba el informe de campaña 2009 presentado por el "Frente por la Integración". El detalle expone que la actividad proselitista que impulsó a “los candidatos de Das Neves” (tal era el slogan) se financió en un 80% con el aporte económico que hicieron 35 empresas constructoras, 9 pesqueras y 29 funcionarios provinciales que integraban entonces el gabinete de gobierno.
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