Por FUNAMEl Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) calificó de "ilegales" las negociaciones del gobierno de Río Negro y la corporación china Heilongjiang State Farms para que se plante soja y otros cultivos en terrenos que arrendaría la provincia.
La empresa estatal china –en español "Granjas Estatales Heilongjiang"- pertenece al grupo económico Beidahuang que integra, entre otras empresas, a Heilonjiang Agriculture Co., Beidahuang Rice Industry, Wondesun Pharmaceutical Co y Beidahuang Meat Industry. Las Granjas Estatales Heilongjiang manejan 113 establecimientos rurales en el noreste de China, donde ocupan una superficie total de 56.200 kilómetros cuadrados.
"Ahora China, que solo tiene un 14% de su territorio con aptitudes agrícolas, expande sus cultivos a otros países como la Argentina o Filipinas, con poca resistencia gubernamental al colonialismo agrícola", indicó Montenegro.
El gobierno de Miguel Saiz está cerrando acuerdos para que la empresa estatal china "Granjas Estatales de Heilongjiang" plante unas 320.000 hectáreas con soja, colza y otros cultivos industriales en los valles inferior y medio del río Negro y un sector de la costa del río Colorado. La mayor parte de esta superficie está cubierta actualmente por ambiente nativo que sería destruido. Frente a las crecientes críticas de organizaciones e investigadores universitarios contra el acuerdo, el gobernador indicó que se trataba en realidad de un proyecto "agroalimentario" y no solamente un proyecto sojero.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, recalcó que "disfrazar de proyecto agroalimentario varios cultivos industriales de alto impacto ambiental y sanitario es poco serio". Agregó que el gobierno de Río Negro "está violando la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental n° 3266 y la Ley Nacional del Ambiente n° 25675" porque "no se hizo estudio de impacto ambiental ni audiencias públicas". Sostuvo que Río Negro "abre sus puertas a un nuevo tipo de colonialismo rural en la Patagonia " y que instala arbitrariamente "pools de siembra administrados por el propio gobierno.
FUNAM indicó que si continúa el avance de los acuerdos entre Río Negro y China "podría denunciarse penalmente al gobernador Miguel Saiz y a los responsables de las Granjas Estatales de Heilongjiang, en especial a Yue Wang Weng, representante de la provincia de Heilongjiang". También serían denunciados penalmente otros tres funcionarios del gobierno de Río Negro, Juan Accatino (Ministro de Producción), Horacio Collado (Superintendente del Departamento Provincial de Aguas) y Humberto Iglesias (Subsecretario de Producción y Recursos Naturales) además de la funcionaria nacional María Laura Tanganelli, Secretaria de Relaciones Federales de la Cancillería ".
En el caso de los funcionarios públicos de Argentina "todos estarían incumpliendo sus deberes, con lo cual se aplicaría el Artículo 248 del Código Penal. En cuanto a los eventuales contratos que pudieran firmar esos funcionarios con representantes chinos también serían nulos en virtud del Artículo n° 1207 del Código Civil pues todo contrato hecho en país extranjero para violar las leyes de la república no tiene ningún valor".
"Iniciar proyectos faraónicos de irrigación en ambientes semiáridos, ventosos y con recursos hídricos altamente sensibles es un despropósito. Para producir un kilogramo de poroto de soja la planta necesita 1500 a 1800 litros de agua. China pretende absorber la producción de las 320.000 hectáreas pero dejando en Argentina los suelos deteriorados, menos agua y residuos de plaguicidas que contaminarían los ríos Negro y Colorado", advirtió Montenegro.
FUNAM sostuvo que Argentina "ya tiene unas 18,2 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de soja transgénica, buena parte de la cual va a China como poroto y aceite. El proyecto que llevan adelante el gobierno de Río Negro y una corporación estatal china agrava el monocultivo de soja y traslada al sur del país los graves problemas ambientales y sanitarios de los cultivos industriales".
China, un país con tormentas de polvo cada vez más frecuentes debido a la erosión de los suelos y las malas prácticas agrícolas.
El Dr. Raúl Montenegro, premio Nóbel Alternativo 2004, indicó que "a nivel mundial China es el país más afectado por la extensión, intensidad e impacto económico de la degradación del suelo. Es difícil creer que en Río Negro no harán lo que estuvieron haciendo mal en su país". Agregó que China "pierde cada año 5.000 millones de toneladas de suelo por erosión hídrica y eólica" y que "el 90% de sus ambientes de pastizal sufre degradación. Por esta causa son cada vez más frecuentes en China las tormentas de polvo. En dos tormentas registradas en marzo de 2002 unas 56.000 toneladas de arena y polvo se depositaron en Beijing".
Agregó que "los mismos fenómenos registrados en Córdoba, donde los campos de soja generaron graves tormentas de polvo en octubre y noviembre, también ocurren en China y por la misma causa. ¿Qué sucederá con las 320.000 hectáreas que pretenden cultivarse en Río Negro, donde la frecuencia e intensidad de los vientos son mayores? ¿Cuáles serán los efectos de la irrigación sobre el suelo? ¿Cómo se evitará la contaminación de los ríos con residuos de plaguicidas? El gobierno no puede ignorar que antes de hacer cualquier tipo de acuerdo debió cumplir lo dispuesto por la ley provincial n° 3266 de evaluación de impacto ambiental –cuyo Artículo 3° tiene cuatro incisos aplicables al proyecto- y por la ley nacional de ambiente n° 25675. Si firman acuerdos y compromisos sin hacer antes estudios previos de impacto ambiental y audiencias públicas sus actos serán ilegales. Al violar normas vigentes tanto el gobernador de Río Negro como otros funcionarios públicos estarían incumpliendo sus funciones, un delito castigado por el Código Penal" [Artículo n° 248].
"La soberbia y escasez de conocimientos técnicos que muestran algunos funcionarios de la provincia de Río Negro al momento de decidir es una falta de respeto hacia el resto de la sociedad y las futuras generaciones de rionegrinos. La ley provincial n° 3266 y la ley nacional n° 25675 también valen para el gobernador, otros funcionarios y la nación, y para la empresa china que desea instalarse en suelo argentino".
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