El radicalismo recurrirá a la Justicia para que se reglamente la Ley sobre Autismo en Chubut

Por Bloque de Diputados UCR

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical acudirá a la justicia para que el Poder Ejecutivo Provincial cumpla con su obligación de reglamentar la ley que asegura respuestas a las necesidades de las personas autistas.

Al respecto se anunció que se impulsará un mandamiento de ejecución ante las expresiones públicas del secretario de Salud, Dr. Ignacio Hernández, en las que ha ratificado su negativa a poner en vigencia la ley I – 207, promulgada en diciembre de 1999.

Esta ley instituyó un sistema destinado a las personas autistas y sus familias, con el fin de garantizarles asistencia médica, protección social, educación y capacitación para su eventual formación profesional e inserción laboral, pero nunca tuvo la reglamentación indispensable para su puesta en marcha.

El mandamiento de ejecución está previsto en la sección “Garantías” de la Constitución Provincial (Art. 58) y alude a la situación concreta cuando una norma impone a un funcionario o autoridad pública “un deber expresamente determinado”.

Al respeto señala que “todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o que sufra perjuicio material, moral o político, por falta del cumplimiento del deber, puede demandar ante el juez competente su ejecución inmediata y el juez, previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, dirige al funcionario o autoridad un mandamiento de ejecución”.

La ley promulgada en 1999 impuso al Poder Ejecutivo la obligación de su reglamentación, mandato que –a juicio del bloque radical- “es ignorado por el funcionario provincial, situándose por encima de la jerarquía de la ley y en un llamativo desconocimiento de la Constitución Provincial”.

“Las expresiones del funcionario respecto de la existencia de otras normas que pueden canalizar las necesidades de las personas autistas revelan un analfabetismo alarmante sobre la obligatoriedad de las leyes y los deberes del funcionario público, por no advertir la existencia de otros caminos para avanzar, si lo considera oportuno, en modificaciones a normas en vigencia”.

“La interpretación particular de considerar al autismo como incluido en la ley general sobre discapacidad no lo exime de cumplir con una obligación pendiente desde hace más de una década, en una actitud de soberbia que implica desinteresarse por más de 400 chicos que esperan una respuesta”, consignó el bloque radical.