Córdoba: denuncian penalmente al Gobernador por ordenar la demolición de la Casa de Gobierno

Por FUNAM

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) denunció penalmente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por haber dispuesto en forma ilegal la demolición de la Casa de Gobierno. El edificio, por su antigüedad y los sucesos que allí ocurrieron, es parte del patrimonio de la provincia. El gobernador podría estar incurso en violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Pidieron además a la Fiscalía, con carácter urgente, disponga "el cese del delito" y notifique al Poder Ejecutivo de la provincia que cese la demolición parcial y total de la Casa de Gobierno.

La acción, patrocinada por el Dr. Carlos Raúl Nayi, ingresó en la Fiscalía de Feria de la Justicia Provincial, a cargo de la Dra. Dolores Romero Díaz.

El Dr. Raúl Montenegro sostuvo que el gobernador de Córdoba "ordenó la destrucción de un patrimonio histórico sin tener la autorización de la Secretaría de Ambiente ni de la Municipalidad de Córdoba" y que lo dispuso "en abierta violación a normativa nacional, provincial y municipal vigentes, algo que un gobernador no puede ignorar".

El Dr. Carlos R. Nayi indicó que entre las principales normas que el gobernador habría violado se encuentran las siguientes:

- La ley del Ambiente 7343 y su decreto reglamentario n° 2131 sobre Evaluación de Impacto Ambiental, pues el gobierno no presentó Aviso de Proyecto a la Secretaría de Ambiente, ni obtuvo autorización para la demolición y la creación de un parque temático.

- La Ley Nacional de Ambiente n° 25.675, que obliga a hacer Audiencia Pública, algo que tampoco se hizo.

- El Artículo 65 de la Constitución de la provincia que dispone, textualmente, 'El Estado provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad.

- El Decreto Nacional n° 1.062/82 que dispone que los funcionarios públicos no pueden afectar edificios históricos de más de 50 años sin consultar previamente a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos.

El Dr. Raúl Montenegro afirmó que el Gobernador Juan Schiaretti "debe cumplir la ley como todos los ciudadanos" y recordó que la Casa de Gobierno "le pertenece a todos los habitantes de la provincia de Córdoba, no solamente a un funcionario con delirios de grandeza". Agregó que el gobernador "excluyó del debate no solamente a los ciudadanos de Córdoba, sino también a los habitantes de Río Cuarto, Villa Dolores o Cruz del Eje, porque si bien el edificio está en Córdoba, los dueños están en toda la provincia".

Reiteró que "conservar la Casa de Gobierno es compatible con la creación de un parque, pues cultura y naturaleza pueden coexistir". Consideró además que la Universidad Nacional de Córdoba "debe sumarse a este debate y no permanecer en silencio".

El Dr. Carlos Raúl Nayi indicó que se pidió además a la Fiscal "se investigue la probable comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta" dada la realización de reparaciones por valor de 1,2 millones de pesos "cuatro meses antes de que se dispusiera la demolición de Casa de Gobierno".

"Los funcionarios estaban obligados a presentar Aviso de Proyecto y tener la autorización –o no- de la Secretaría de Ambiente, pero prefirieron incumplirla para imponer sin obstáculos una obra definitivamente rechazada por la mayor parte de la sociedad", indicó Montenegro.