Familiares de presos políticos mapuche piden observadores para los alegatos finales para el juicio

Enviado por ANRED

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Sras. y Sres.
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Organizaciones no gubernamentales
Organizaciones Internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos
Parlamentarias y Parlamentarios
Medios de comunicación alternativos

Somos familiares de presos políticos mapuche, encarcelados por el Estado Chileno, actualmente, recluidos en la cárcel de Lebu, Provincia de Arauco.

Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperación territorial de comunidades mapuche en la zona de conflicto del lago Lleu-Lleu, en virtud de los cuales se han involucrados en la lucha de nuestro pueblo. En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido constantemente allanadas por la policía chilena, en múltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llevándose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos.

Aplicación de la ley antiterrorista

Por el solo hecho de ser mapuche, los fiscales han invocado la Ley Antiterrorista en las audiencias de formalización, pero no ha sido sólo el Ministerio Público, a través de sus Fiscales, quienes solicitan su aplicación, sino que es el propio Gobierno Chileno, en este caso, a través de la Gobernación Provincial de Arauco.

En relación a lo anterior, cuando se asesinado a un mapuche el Gobierno Chileno jamás se a querellado en contra de quienes resulten responsables.

En el mes de enero de este Año, en el Juzgado de Garantía de Cañete, el Ministerio Público llevo adelante la REFORMALIZACION de las causas por un total de nueve (9) delitos terroristas (amenazas, incendios, emboscada, asociación ilícita terrorista, etc.), involucrando a 18 comuneros mapuche. En tanto que cuatro detenidos quedaron en libertad por decisión de la propia Fiscalía, quien resolvió "no perseverar en la acusación".

Denunciamos que la aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos mapuche del conflicto de Choque y Lleu-Lleu, ha implicado arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como:

SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN, durante, prácticamente, todo el proceso, que impidió el derecho a la defensa.

1 AÑO Y 8 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA, hasta ahora, para la mayoría de los imputados, no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial Chilena y violando el Convenio 169 de la O.I.T.(Art.10).

35 TESTIGOS “SIN ROSTRO” O SECRETOS, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversación en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y fiscales.

CONDENAS DE MAS DE 50 AÑOS, La aplicación de la Ley Antiterrorista significará, en definitiva una condena mayor que bajo la ley penal común. (Anexo listado de comuneros que arriesgan las penas más altas).

AÑOS SOLICITADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Héctor Llaitul Carillanca: 103
Marco Millanao Mariñan: 77
Ramón Llanquileo Pilquiman: 65
José Huenuche Reiman: 52
Luis Menares Chanilao: 52
Jonathan Huillical Méndez: 52
Carlos Muñoz Huenuman: 50
Juan Parra Leiva: 50

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, Además, el procesamiento a través de la Ley Antiterrorista a traído consigo una serie de violaciones a los derechos humanos tales como, torturas, presiones indebidas, secuestro, hostigamiento a familiares etc. Nota completa

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