Por Analía Rodríguez *En esta oportunidad el homicidio de un hombre en Tolosa y la detención de un chico de 15 años acusado del delito desataron la nueva ronda de declaraciones. Y nuevamente, un solo caso permite estigmatizar a todos los chicos/as que se vuelven potenciales delincuentes y, por lo tanto, peligrosos para la sociedad.
Sociedad que no los contiene, no los protege, que los expulsa y los condena.
Pero las estadísticas permiten detectar este error. De acuerdo a los datos de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, en los primeros seis meses de 2010 hubo 1362 homicidios en la Provincia. Sólo 98 de ellos fueron cometidos por chicos, esto representa 7,2% de los crímenes. De estos casos 9 fueron cometidos en ocasión de robo y 4 criminis causa -para ocultar otro delito-. Es decir que los homicidios protagonizados por chicos menores de 18 años, en el marco de un delito representan aproximadamente el 1% del total ocurridos durante el primer semestre de 2010 en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, cabe preguntarse ¿quién se encuentra en mayor peligro, la “sociedad” que exige encarcelar a los adolescentes, o los más de 2 millones de chicos menores de 18 años pobres con los que cuenta el país? ¿Cual será el destino de los 500 mil chicos que no estudian ni trabajan en la provincia de Buenos Aires, con la tan mencionada baja de la edad de imputabilidad?
Quizás permitan legitimar hechos como los denunciados por la Asamblea por los derechos de la Niñez – La Plata hace poco más de un año con relación a las Detenciones ilegales de niños y niñas en situación de calle: La policía oculta la mayoría de las detenciones sin dar notificación a los defensores de menores y jueces de garantías de turno, lo que impide el debido control de la justicia.; las detenciones son acompañadas por torturas de toda clase; los niños son encerrados junto con adultos, esposados, y por un tiempo mayor al permitido para la detención de adultos (12 horas); no se les permite el derecho a llamar a personas de su confianza; los niños y niñas pobres son utilizados por redes delictivas policiales, para cometer delitos a cambio de dinero o el suministro de drogas; cuando ellos/as quieren salir de ese círculo o no aceptan ingresar en él, son amenazados, golpeados, asesinados o desaparecidos, como sucedió con Luciano Arruga en Lomas del Mirador.
Contemplemos también lo que sucede con los chicos y chicas que la Justicia decidió mantener en instituciones para su “resocialización”. El año pasado la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunció ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) la situación de violación de los derechos de los niños alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), en la comisaría de Fray Luis Beltrán y en el Centro de Atención Transitoria (CAT).
Algunos jóvenes de distintos sectores contaron, en la sala de visita, que estando esposados fueron golpeados por personal del servicio penitenciario, mostrando las marcas visibles en la espalda, también tenían golpes en la cabeza. A su vez, se denunció la falta de higiene, el taponamiento de las cloacas donde sobrenada la materia fecal, la presencia de ratas, paredes impregnadas de hongos y suciedad de todo tipo.
Por los institutos santafesinos de menores pasan casi 3 mil chicos que padecen esta situación, de los cuales el 26 por ciento sufre el sistema de puertas cerradas.
Cuando es el Estado mismo el que vulnera los derechos de los chicos y chicas, los criminaliza, los empobrece, les cierra las posibilidades de futuro y los asesina; bajar la edad de imputabilidad le resulta la solución lógica. Pero deberían preguntarse cómo controlarán las nuevas instituciones que deberán crear para niños/as de 14 años si no pueden controlar las que tienen hoy. Si la Constitución Nacional y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Nº 26.061) no se cumplen hoy con las instituciones existentes, qué protección –o para quién es la protección - que garantizará esta nueva ley.
* Red Eco Alternativo
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