Por Pablo Quintana *
Los padres denuncian encubrimiento. Hubo destrucción de elementos probatorios. La causa fue caratulada como accidente doméstico en un principio y luego lesiones graves. La familia pretende que se rotule como homicidio. Los hechos ya fueron presentados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los padres del joven Santiago, Horacio Benítez y Graciela Oyarzo, que murió por las quemaduras que sufrió al caer sobre una parrilla tienen la convicción y las pruebas de que no se trató de un accidente, sino de un asesinato.
Así se refleja de las declaraciones del padre de la víctima en las declaraciones brindadas en el programa “La Tijereta” por la Radio Comunitaria Kalewche de Esquel, al reseñar no sólo lo ocurrido aquel 26 de julio de 2008, sino al mencionar una serie de irregularidades en torno a la investigación judicial que derivó inclusive en la desaparición de elementos probatorios.
La muerte de Santiago fue catalogada desde un comienzo como accidental y doméstica. Primero adujeron consumo de alcohol y droga, hasta mencionar un ataque de epilepsia. Todas estas conjeturas fueron cayendo por vacíos argumentales y hasta por falsedad testimonial.
“Me costó mucho reconocerlo. Lo termino reconociendo por una quemadura que tenía desde el 1 año y 8 meses que se había hecho con una olla de agua caliente”, recuerda Benítez acerca del momento en que llegó a Neuquén el 28 de julio de ese año, dos días después del espantoso incidente. Fue allí cuando comenzaron los interrogantes que aún hoy no tienen respuestas. La primera gran sorpresa fue conocer que en la policía de Neuquén se había presentado una mujer alegando ser la madre del joven. “Cuando llego a la Comisaría 18 me encuentro con una declaración de una señora Elisa de Alderete de 27 años donde dice que es la madre de Santiago, -así rezaba en la declaración- y donde decía que se había caído en la parrilla, quizás porque no estaba tomando la medicación”, agrega el padre de la víctima en su relato. Recuerda que en el diálogo mantenido con el oficial Oviedo de la dependencia policial le reprochó: “la persona quemada tiene 20 años y la mujer que dice que es la madre tienen 27, ¿no se dieron cuenta de eso?”.
Cuando la causa tomó estado público a través de los medios provinciales y nacionales, hubo un cambio en la carátula y la declaración de la mujer que se presentaba como su madre desapareció. Lesiones graves fue el rótulo que escogió la justicia neuquina, cuando Santiago había sufrido pérdida de la vista y un 28 % de su cuerpo estaba totalmente calcinado, falleciendo días después.
“El día que a Santiago se lo llevaban para trasladarlo en el avión sanitario al Hospital del quemado en Buenos Aires, vino una enfermera y nos dijo saquen copia de la historia clínica porque ahora viene Fiscalía y desaparece todo. Graciela, que estaba un poco más despierta, sacó fotocopias y empezamos a desechar ciertas historias. Como que había droga, alcohol”, sostiene el padre.
QUEMA ESAS PRUEBAS
La familia del joven muerto el 5 de agosto de 2008 en un centro de salud de Buenos Aires, está convencida que hubo un homicidio y así lo corroborarían los últimos peritajes realizados en julio del año pasado, entre el perito Hugo Lagos y el perito de parte Enrique Prueger.
Pero el episodio judicial guardaría un hecho más insólito aún. La Fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada resolvió, sin consultas previas, destruir las ropas y el celular de Santiago que estaban bajo su custodia con fecha y hora para ser peritadas.
Los cuestionamientos recaen también sobre la figura del médico forense, Carlos Lozada que fue quien habría alegado un ataque de epilepsia (trastorno cerebral que nunca padeció la víctima y así reza en su historia clínica), habla de ojos pardos y tenía ojos celestes, que medía 1.62 y medía 1.72, habla de su peso aproximado, es decir que no lo pesó, entre otras imprecisiones.
“La justicia se encargó de quemarnos la ropa, el celular de Santiago, eso no es imprudencia, es un acto mafioso que cometió la justicia. Esto no se está haciendo gratis, por el daño que nos están produciendo y por cómo los defienden, están ocultando a estos asesinos”, señaló Benítez en diálogo con Kalewche.
González Taboada, que no quiso dialogar con la emisora esquelense, habría argumentado en declaraciones al diario Río Negro (27 de abril 2010) que dispuso la destrucción de las ropas (en setiembre del 2009) porque así lo establece el Código Procesal en el artículo 214. Claro que la funcionaria no añadió que debía anunciar previamente a las partes, realizar un acta de destrucción y que la causa debía estar cerrada. “Estos tipos están cebados. No hay una explicación lógica que no sea que estén lucrando con todo esto”, añade indignado el padre.
Las pericias de antropometría digital basadas en las muestras fotográficas de las prendas y el cuerpo de la víctima permitirían demostrar que el joven no tenía su ropa al momento de incinerarse, echando por tierra las hipótesis que la Fiscal González Taboada sostuvo desde el inicio de la investigación. Es decir, que los estudios realizados a mediados del año pasado comprobarían que no hay ninguna relación con las quemaduras del cuerpo de Santiago y las prendas chamuscadas en la parrilla.
TERROR PSICOLOGICO Y ECONOMICO
Pero la investigación judicial no sólo es lenta sino enmarañada. Hubo retraso para que la familia se pudiera constituir en querellante; se registraron inconvenientes para que el perito neuquino Enrique Prueger fuera habilitado (cuando ya actuaba en otra causa policial en la justicia de esa provincia); y una larga demora para tomar declaración al padre de la víctima, hecho acontecido recién en diciembre del año pasado, es decir dos años y cuatro meses más tarde, forman parte del listado de este laberinto.
El 6 de octubre del 2008 y el 18 de marzo del 2009 elevaron sendas notas a la fiscal para conocer los destinos que tenía la investigación y la funcionaria hizo caso omiso de las misivas, nunca las contestó. “Es la estrategia que tiene estos funcionarios, desinformar a las víctimas para ir acomodando la causa a gusto de ellos. En manos de estos funcionarios estamos todos. Por eso, todo esto no hacemos sólo por nosotros sino por todos”, disparó.
El 21 de abril del 2010 el magistrado reconoció en su dictamen que las prendas fueron destruidas por orden de la fiscalía y le exigió al perito de parte “que en el termino de 72 horas deberá practicar un informe con el objeto de determinar el grado de certeza que pueda arribarse a través de la pericia solicitada en autos en virtud de haberse destruido en su oportunidad los elementos a tener como indubitados”. “Esto es un delito gravísimo -indicó Benítez-, y no como ellos sostienen: una ‘imprudencia’”.
El matrimonio pretende que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 6, Alfredo Elosú Larumbe no sólo cambie la carátula de la causa sino el apartamiento de la fiscal tras el último peritaje. “El juez lo que está haciendo con nosotros es terror psicológico y económico”, define la familia. El magistrado resolvió no hacer lugar al planteo de recusación contra la fiscal de la querella, pero además le impuso el pago de costas.
Todas las actuaciones fueron afrontadas por la familia, “esto nos lleva un departamento y medio (de gastos), o sea lo que hemos hecho en nuestras vida, la justicia, por conveniencia de ellos, nos lo están haciendo perder con estos actos mafiosos”, reflexiona Horacio Benítez.
UN LARGO PEREGRINAR
“Los Derechos Humanos del Chubut nos produjeron demoras y gastos desde el bolsillo nuestro, más de 10 mil pesos. Le hicieron el aguante a los funcionarios de Neuquén”, dice Benítez al reseñar el prolongado recorrido por esas oficinas. La familia realizó gestiones con el diputado justicialista, Miguel Ángel Montoya presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia y si bien el legislador acompañó a la familia para que tuvieran contactos con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los trámites fueron infructuosos.
“Me llevaron a pasear, no se si para viaticar ellos, lo cierto es que a mi me costó días sin trabajar y sin obtener ninguna respuesta”, indicó Horacio Benítez. Un solo hecho refleja el desprecio de las autoridades por el Caso Benítez: cuando la familia le solicitó al legislador que devolviera la documentación que le habían acercado, en diciembre del año pasado el integrante de la Cámara de representantes envió desde Rawson los paquetes para que fueran pagados contra reembolso.
Hoy la Causa Benítez llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde la familia intenta demostrar los estrados de impunidad, la corporación política que existe en la justicia y la total inoperancia. “Ningún funcionario neuquino tomó la denuncia de oficio, porque lo que estoy diciendo es gravísimo, estoy denunciando la corrupción y el encubrimiento de un homicidio, por eso digo que están cebado, porque hacerlo a la luz de todo el mundo es terrible”, sentenció el padre de la víctima.
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