Por Bloque de Diputados UCRIntegrantes del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical realizaron gestiones en Buenos Aires tendientes a avanzar en el esclarecimiento de la tramitación y cumplimiento de las normas en vigencia que se deben respetar en las operaciones de compra - venta de bienes rurales en zonas de seguridad de frontera.
Las tratativas han permitido incorporar nuevos interrogantes a esta sensible cuestión que se ha reactualizado a partir del estado público que han tomado posibles adquisiciones inmobiliarias en Península Valdés, un área que, al margen de su ubicación estratégica geopolítica, tiene el sello de haber sido distinguida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Carlos Lorenzo y Carlos Díaz concurrieron a organismos especializados del Ministerio del Interior de la Nación en la búsqueda de mayores aportes para abordar esta temática y avanzar en una verificación estricta de las exigencias legales ante esta problemática que se acrecienta a nivel nacional y que, en Chubut, reconoce también gran incidencia con las tierras de la frontera andina.
Las gestiones apuntar a obtener información relacionada con los trámites de previa conformidad de las operaciones de transmisión de dominio en la Jurisdicción de la Provincia del Chubut ubicados en Zona de Seguridad de Frontera.
Antecedentes constitucionales
La preocupación radical tiene que ver concretamente con la Península de Valdés que se encuentra ubicada en el Departamento Biedma, recordando que se trata de un territorio sensible que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los diputados radicales recordaron la legislación provincial que ha determinado la creación de un Área Protegida de acuerdo a la manda Constitucional Provincial explicitada en el artículo Nº 106 que establece: El Estado deslinda racionalmente las superficies para ser afectadas a Parques Provinciales. Declara por ley, que requiere para su aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, zonas de reserva y zonas intangibles y reivindica sus derechos sobre los Parques Nacionales y su forma de administración. En las zonas de reserva regula el poblamiento y el desarrollo económico.
El planteo radical considera también que ese artículo constitucional ha sido reglamentado por ley Nº XI Nº 18 que crea el Sistema de Áreas Naturales Protegidas y de cuya reglamentación se sanciona la Ley XI Nº 20 que crea el Área Protegida de Península Valdés.
Esta legislación ha provocado, por otra parte, conflictos con las normativas, también de raigambre constitucional, en cuanto a la autonomía de las jurisdicciones municipales. En Península Valdés se encuentra establecida la Corporación de Fomento (municipio) de Puerto Pirámide. Asimismo el Estado Provincial en cumplimiento de la legislación explicitada ha creado la Administradora de Península Valdés.
Los diputados radicales estiman que “mas allá de los conflictos de intereses que a diario se suscitan por lo expuesto anteriormente, hoy el área debe ser considerada especialmente para todas las acciones que desde el Estado o Particulares realicen, dado las estrictas restricciones en materia de conservación vigentes”.
“Es por ello nuestra particular preocupación en las transferencias de dominios, arrendamientos o locaciones que en esa sensible zona se estén llevando a cabo”, apuntaron luego, revelando que la solicitud procura acceder a todos los trámites de previa conformidad que se han llevado adelante desde el año 2005 en adelante. Las respuestas permitirán avanzar en otras gestiones para determinar las responsabilidades correspondientes.
Proyecto de la FAA
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical concretó en los inicios del corriente año la presentación de un proyecto de declaración para que la Legislatura del Chubut se sume al reclamo para una pronta sanción en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que establezca restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales.
La iniciativa apunta a que sea prohibida y de nulidad absoluta la adquisición de inmuebles rurales por personas extranjeras, físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país”.
Un artículo incluye dentro de las restricciones y limitaciones del proyecto a “las personas físicas extranjeras residentes en el país; las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la República Argentina, y las personas jurídicas argentinas de la cual participen, a cualquier título, personas extranjeras físicas o jurídicas que tengan, en forma individual o en su conjunto, mayoría del capital social y/o de votos, y/o residan o tengan su sede en el exterior”.
Extranjeros en la Península
La Península Valdés, área natural única declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, “está ubicada en una zona denominada de Seguridad de Frontera, al igual que el resto del litoral atlántico. Igual ocurre con la zona lindera con la frontera con Chile”, recordó el legislador.
Carencias legales
“La ley nacional dice que es bueno que las tierras en zonas de seguridad de frontera, por una razón geopolítica, estén en manos de argentinos. Esto no quita que extranjeros puedan tenerlas en esta zona. Lo que implica es que Argentina está carente de una reglamentación que determine claramente en qué condiciones se puede hacer”, comentó luego.
“Aquí hay ciertas facilidades”, agregó Lorenzo hace escasos días con respecto a las tierras de Península Valdés, reivindicando la importancia del proyecto de ley reiterado por la Federación Agraria Argentina para determinar restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales.
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