Por Corporación Privada para el Desarrollo de AysénEjerciendo su derecho constitucional a petición ante la autoridad, dos corporaciones y dos alcaldes de la Región de Aysén ingresaron el viernes último ante el Gobierno Regional de Aysén un documento formal mediante el cual solicitan a la intendenta y presidenta del Consejo Regional de Aysén, Pilar Cuevas Mardones, se solicite “una auditoría ambiental indepediente o se pida un informe a un equipo consultor externo respecto del estudio de impacto ambiental presentado por HidroAysén”.
El escrito, suscrito por el presidente y el secretario de la Corporación Costa Carrera, Alejandro del Pino y Andrés Gillmore, el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, y los ediles de Tortel y Chile Chico, Bernardo López y Luperciano Muñoz, se fundamenta en que el estudio presentado por la eléctrica “adolece de graves insuficiencias, contradicciones, omisiones, que llevan a distorsionar completamente los verdaderos efectos ambientales, sociales y económicos que el mencionado proyecto producirá en el medio ambiente, las poblaciones y actividades de la zona de los ríos afectados y en general de la región” según consigna el documento. Ante esto un análisis externo permitiría “resguardar nuestra calidad de vida, nuestro patrimonio natural y turístico, el que está adquiriendo gran fama y atracción en el país y en el extranjero, y para que se vele efectivamente por la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, preservar la naturaleza, y conservar el patrimonio ambiental de la región” se señala en la presentación.
Para Alejandro del Pino “como se ha llevado el proceso, tanto por la evaluación técnica donde se han ido disminuyendo las observaciones, como también en todo el proceso político que ha tenido esto, donde a las autoridades o jefes de servicio se les ha dictaminado alguna postura, creemos que es necesario para la población de la cuenca del Baker, llámese General Carrera, que haya un estudio que garantice seriedad en este análisis”. Puntualizó que “hemos visto que hay una serie de irregularidades y deficiencias que presenta este estudio, y la verdad es que es bastante malo y por lo mismo no nos da ninguna garantía de que las cosas se estén realizando bien”.
Recordó que en el caso del proyecto Alumysa sí se contrató a la Universidad Católica de Chile, como un estudio paralelo a lo que estaban realizando los servicios públicos, “siendo oportuno y urgente hoy realizarlo” indicó del Pino. En este sentido expresó que quienes presentaron el documento “estamos como siempre absolutamente disponibles a ir a exponer al Gobierno Regional cuáles son nuestras dudas, cuál es nuestra posición y la visión que tenemos de nuestra región y de nuestro territorio”.
Luperciando Muñoz comparte las aprensiones de dirigente sobre “la poca autonomía que tienen los servicios, ya que sabemos que dependen del poder político, por lo tanto es muy importante como se hizo con otros estudios de impacto ambiental tener un informe de un organismo independiente y eso le va a dar más tranquilidad a todos”.
Sobre los plazos, ya que se especula que en mayo podría emitirse una resolución de calificación ambiental, indicó que “siempre se está a tiempo, si no se solicitó o hizo antes esperemos que ahora se haga, porque nosotros creemos, y tenemos el derecho de dudar, que los servicios públicos, y en especial en este Gobierno en ese último año, bajaron la guardia frente a este estudio, las observaciones son mínimas y la verdad es que para nosotros es importante tener esta auditoría porque nos da tranquilidad y también independencia”.
El “derecho a petición a la autoridad” es una garantía establecida en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República de Chile, el cual puede ejercerse “sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”.
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