La Pastoral Social de Comodoro se manifestó en el Congreso contra la baja de imputabilidad

Por Liliana Murgas

Ponencia que, en representación de los equipos de Pastoral Social de la Patagonia, se leyó en la Audiencia Pública convocada en el Anexo del Congreso Nacional, el pasado jueves 10 de Marzo ante la Comisión de Penal de Diputados, ante la media sanción de la Ley que plantea la Baja de Edad de Punibilidad.
Cerca de 80 oradores estuvimos manifestándonos durante escasos 5 minutos para expresar nuestro rechazo a esta iniciativa y a las voces que difunden esta propuesta como modo de abordar la inseguridad.

AUDIENCIA EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN POR LA NO BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD

A.E. LILIANA MURGAS – Delegada de la Región Patagonia de la Pastoral Social y representante ecuménica ante la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez de Comodoro Rivadavia

Como ciudadanos y ciudadanas y desde grupos y organizaciones que trabajan en la Niñez, y Adolescencia en la Patagonia, quienes nos estamos conformando en un colectivo regional, traemos la profunda inquietud y rechazo hacia esta nueva arremetida, espasmódica y cíclica de quienes piensan que bajando la edad de punibilidad es como se soluciona el problema de inseguridad.

Se ha escuchado decir a funcionarios y políticos, sobre la conveniencia de bajar la edad de punibilidad debido a los problemas de inseguridad provocados por el delito, pero a su vez manifiestan que no es esa la solución. En forma ezquizofrénica y poco entendible aparecen dos conceptos opuestos que nos lleva a preguntarnos entonces por dónde pasa la solución si esta no es la solución?

Entendemos en este juego de ideas contrapuestas que se apunta a una medida de fuerte tono cortoplacista, mediática y coyuntural, en contextos electorales, que no tiene bases reales ya que ni conceptualmente, ni prácticamente tiene sustento como para pensar que incidirá en mejorar el panorama de actual inseguridad que nosotros en la Patagonia, llamamos de violencia social o conflictividad social.

En estas últimas horas se ha escuchado a políticos interesados en conducir los destinos de nuestro país y legisladores que debieran representar los intereses del pueblo, sostener que las Fuerzas Armadas deben ayudar a combatir la inseguridad provocada por el aumento del delito de los menores.

No queremos volver a ver a nuestras Fuerzas Armadas destinadas a la seguridad interna , pero además debemos señalar que poner el énfasis de la responsabilidad delictual en nuestros niños y adolescentes es totalmente falaz y sumamente peligroso, es liberar de culpa a los verdaderos responsables, tergiversando la verdad.

Es victimizar una vez más a aquellos a los que previamente este propio mundo adulto le ha quitado, omitido, obstaculizado y negado el goce pleno de los Derechos inherentes a su misma condición de niños y adolescentes.

Vemos con estupor como este pedido de baja se contrapone con los postulados de la Convención Internacional de los Derechos de los niños asumida por la Constitución nacional y leyes provinciales y municipales.

No debiera sorprendernos, ya que en nuestras ciudades diariamente debemos denunciar el incumplimiento reiterado de los Derechos que los niños, niñas y adolescentes debieran tener sin distinción de ningún tipo para prepararlos al ejercicio de la libertad vivida con responsabilidad y en democracia.

Este acceso debiera estar plenamente garantizado en un mejor y calificado servicio educativo, en la mejor prestación de salud, en contacto con los bienes culturales y sociales que les corresponden.

Garantizar derechos es priorizar el presupuesto a favor de la infancia en su totalidad ,es contar con los organismos que marcan las leyes de protección, funcionando operativamente, con programas y acciones adecuadas, con equipos técnicos jerrquizados, capacitados, supervisados, con infraestructura y logistica necesaria para concretar sus intervenciones y servicios.

Quienes piden la baja de la edad son los mismos que proclamando la protección integral de la infancia, siguen sosteniendo prácticas de la vieja doctrina irregular, prácticas que estigmatizan, seleccionan y discriminan a los más vulnerables convirtiéndolos en enemigos de una sociedad que no quiere reconocer que pidiendo este tipo de medidas acepta que ha fracasado en su intento de criar saludablemente a las generaciones jóvenes.

Denunciar estas prácticas y este discurso hipócrita no significa ser cómplice del delito, que rechazamos e interpelamos a quienes lo cometen pues nos daña, nos mete miedo, a sabiendas que este sistema perverso logra someternos gracias al amedrentamiento y estigmatización.

Nos preguntamos si con esta misma vara se medirá a los que delinquen explicita o sutilmente, política o diplomáticamente, desde sus lugares de poder social invistiéndose de ininmputabilidad y desapareciendo de los escenarios de responsabilidad.

Queremos que la Niñez y Adolescencia sean prioridad en la agenda de aquellos con decisión política, pero desde una lógica propositiva y no represiva, alcanzando visibilidad de este modo y no desde el otro.

Nuestra responsabilidad como adultos es promover, propiciar y presentar posibilidades para todos y en particular para aquellos que no las tuvieron antes y hoy están complicados en el ejercicio de su libertad.

Ni el castigo, ni la sanción como pena ayudarán a promover conciencia crítica de derechos y responsabilidades.

Por el contrario, es retrógrado, regresivo y perjudicial a la vida e intereses de los niños y adolescentes.

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