Por Héctor Aníbal Dante Rocha * Durante la presente semana hemos podido acceder a la información que nos proporcionan los medios periodísticos, sobre la problemática policial o de seguridad pública, que padece la provincia. Son en síntesis un sinnúmero de hechos policiales que van desde: robos, hurtos, lesiones, y hasta delitos cometidos por funcionarios públicos (policías), que van desde la privación ilegítima de la libertad, vejaciones, lesiones y hasta violación de domicilio.
Estos últimos hechos al parecer han sido el detonante, para que los ciudadanos se manifiesten y pidan justicia, según su “verdad”, así es, como hemos visto sentadas de escolares frente a una comisaría o publicaciones donde los damnificados (víctimas o familiares), piden investigación y castigo; otros en cambio han publicado su opinión y de esta forma han dicho lo suyo.
En otro orden también hemos visto cómo desde el Gobierno toda esta problemática se intenta callar, se ofrecen respuestas que no son las adecuadas y se hace de esto algo de lo que no se habla, lo que no se dice o lo que debe ser tapado y no salir a la luz.
La contracara de esto ha sido algún funcionario policial, como es el caso del Jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, que salió a justificar su incapacidad y la de la fuerza, ante los hechos. Ha manifestado y así lo publicó el Diario Jornada: “Sobre este caso en particular tenemos el efectivo de mayor jerarquía que lleva 5 años en la fuerza”, reconoció el Comisario Mayor José López. Junto a este uniformado se encuentra “personal joven” aunque el jefe de la Unidad Regional advirtió que “no podemos tildar estas situaciones a la formación de los efectivos”, declaraciones con las que trato de explicar y justificar una política de seguridad inexistente. También la Justicia ha tratado de “estar a la altura de las circunstancias”, dando a conocer qué han hecho con las denuncias que se registran en contra del accionar policial y es así como hemos conocido que existen diversas causas en proceso de investigación, donde están procesados o ligados a las mismas un total de 17 efectivos policiales (Ocho en Trelew y 9 en puerto Madryn), y hasta el gobierno provincial ha hecho lo suyo y así lo refleja también el Diario Jornada de Trelew al publicar: “El gobernador firmó un decreto que dejó cesante a un oficial subinspector de la Seccional Segunda de la ciudad portuaria, por la golpiza a un grupo de adolescentes provocada presuntamente por personal policial.”
La síntesis refleja la realidad, es decir todos contra la Policía, sin preocuparse por ver por qué o cuales son las causas que hacen que este accionar lleve a los policías a cometer o no estos hechos que son condenables por cierto. Desde esta página, nosotros CONDENAMOS LA VIOLENCIA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, SEA QUIEN SEA QUE LAS COMETA, PERO TAMBIEN DECIMOS QUE NO HAY QUE RASGARSE LAS VESTIDURAS Y HACER LEÑA DEL ARBOL CAIDO. Se deben siempre respetar el derecho al debido proceso y la defensa en juicio. El estado debería analizar causas y efectos, y de igual forma por medio de sus funcionarios (responsables jerárquicos), hacerse cargo de lo que les corresponde, es así como por ejemplo deberían analizar cuáles son las normas y prácticas que favorecen la brutalidad policial.
Mirar para adentro y no hacerse el distraído; escuchar y no hacerse el sordo, deberían ser prácticas cotidianas, del gobierno y de quienes tienen la responsabilidad de dictar políticas de seguridad o de dirigirlas, y ver que, las practicas violatorias de los derechos humanos por parte de los agentes policiales pueden ser explicadas, en parte, debido a las serias deficiencias estructurales que tiene la organización como consecuencia de una legislación que le permite o directamente avala, y de reglas cotidianas que, institucionalizadas, consolidan muchas veces el actuar ilegal de las fuerzas del orden, como el patrón al que deben sujetarse muchas de sus acciones. Dar a la fuerza una identidad propia, que le permita saber que es una fuerza civil uniformada al servicio de los ciudadanos y no contra los ciudadanos. Esto es responsabilidad del Estado.
La razón que contribuye a esta situación es la mala instrucción y preparación de las fuerzas policiales, que complementa el deficiente reclutamiento de los futuros agentes, ya que solo un sector pequeño de la población están interesados en ingresar a las fuerzas policiales debido al mal pago y a la pésima imagen en la comunidad. Además, los agentes recién recibidos de las escuelas reciben una especie de “educación informal” o “adoctrinamiento” por parte de los agentes más antiguos, para de esta forma “completar” el muy bajo nivel instructivo de los institutos de enseñanza con el aprendizaje a partir de las prácticas cotidianas. Mejorar los salarios, seleccionar a sus agentes y capacitarlos. Terminar con el “molde militar”. También es responsabilidad del Estado.
Los actuales sistemas de pases y ascensos. Estructurados a partir de dos escalones rígidos (personal superior y subalterno), la movilidad dentro de cada uno de ellos es aleatoria. Los mecanismos con muy bajo nivel de escrutinio público que se utilizan para la toma de decisiones en estos casos generan un sistema sin criterios objetivos y que dependen de la arbitrariedad de los superiores jerárquicos. De este modo, el sistema de pases y ascensos se convierte en un mecanismo de control informal de los agentes, en el que cualquier cuestionamiento del orden actualmente de significar un sancionatorio traslado a algún destino remoto o no deseado, o un estancamiento en la carrera policial. Humanizar y dar a cada uno lo que le corresponde por mérito y no por castigo, es de igual forma responsabilidad ineludible del Estado.
Producir cambios y modificar actitudes es el compromiso que deberían aceptar algunos Jefes, para que la realidad cambie. No solo salir a decir “su verdad” es el compromiso que se debe asumir, para verse mejor ante la comunidad y ganarse la simpatía de algún político para llegar lo más alto posible en su carrera policial, sin mérito alguno, más que arrodillarse, sino todo lo contrario “hacer lo que se debe hacer”.
Las cuestiones apuntadas han hecho también que los “policías”, aquellos que no tienen voz, nos hagan llegar su preocupación y malestar, por medidas que consideran arbitrarias que se han aplicado, y que van desde la Disponibilidad Preventiva, el arresto, el traslado o la cesantía. Medidas que sin respetarse el debido proceso o la defensa ya se han aplicado y que generan un estado de incertidumbre o desconcierto. La indefinición por parte de los superiores, que pasan a convertirse en jueces, cuando en realidad son parte del problema, ya que son los responsables jerárquicos que debieron estar a cargo de los procedimientos. La presunción no puede nuca considerar a alguien responsable de un hecho, hasta tanto no se dicte sentencia judicial y menos aún se puede sancionar a alguien por una misma causa dos veces. Cabría finalmente preguntarse si a los responsables jerárquicos de la fuerza policial se los investigara por su inacción u omisión.
Por todo lo apuntado, desde este espacio decimos y afirmamos sin dudas que hay que DOCRATIZAR, DESMILITARIZAR, PROFESIONALIZAR a las fuerzas de Seguridad Pública del País y obviamente constituir sindicatos que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo, a tener un salario digno y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
* Suboficial Principal – Policía del Chubut.
DNI 16.391.887
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