Por APDH Bariloche Quienes conformamos las 83 organizaciones que postulan al Juez Martín Lozada como candidato a ocupar el futuro lugar vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, exigimos participar activamente en el proceso de elección de los candidatos y candidatas para ese importante cargo judicial.
En el marco de la indisimulable crisis de legitimidad democrática que afecta al Poder Judicial, es altamente saludable que esa elección no quede a merced de las corporaciones de abogados que, desde hace décadas, vienen escogiendo de modo exclusivo y sin la menor participación colectiva, quienes serán esos candidatos.
El desarrollo de la sociedad democrática torna imperativo que ese proceso sea abierto, público y transparente. Que durante su transcurso se asegure la efectiva participación de la sociedad civil, y que las disposiciones legales que rijan cada uno de los pasos del proceso aseguren de modo claro y contundente esa participación colectiva.
Es imprescindible debatir qué modelo de Poder Judicial queremos y cuál es el perfil que los magistrados deben poseer para su logro. Debatir cuál es el comprobado compromiso democrático de esos candidatos; cuál su apego a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales; su grado de desarrollo profesional; y cuáles resultan ser sus méritos académicos.
Iniciativas llevadas a cabo en el ámbito de la legislatura provincial, en el Consejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, y otras gestadas en el seno del gremio de los trabajadores judiciales (SITRAJUR), resultan coincidentes con esta posición que pretende afirmar la necesidad de contar con un Poder Judicial auténticamente independiente.
Hemos subrayado los motivos por los cuales creemos que la Provincia de Río Negro merece un magistrado de la talla del Juez Martín Lozada en el más alto tribunal provincial. Y hemos destacado, además, sus sólidos antecedentes como juez, su compromiso con la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, así como la envergadura de su formación académica.
Por ello, las organizaciones gremiales, sindicales, organismos de derechos humanos, grupos religiosos, ambientalistas, de defensa de los derechos de la mujer y de los pueblos originarios, entre muchos otros, afirmamos que es hora de que la elección de los miembros del Poder Judicial no quede a expensas del amiguismo, las componendas políticas y la proximidad al poder de turno.
Invitamos entonces al Sr. Gobernador, en su calidad de presidente del Consejo de la Magistratura, a que instrumente las medidas necesarias para concretar de modo efectivo la participación ciudadana que el pueblo de la Provincia de Río Negro enfáticamente reclama.
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