Por Juan Gasparini *Por 26 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mandató este viernes en Ginebra el envío de una misión de investigación a Siria, para esclarecer los crímenes que la dictadura de Bachar el Assad viene cometiendo desde el estallido de la rebelión popular hace un mes y medio. Seis de los ocho integrantes latinoamericanos de este Consejo sostuvieron el proyecto de resolución de Estados Unidos, que consiguió también el apoyo de la Unión Europea, y de diez países africanos y asiáticos.
México, Guatemala, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil obraron para mejorar el texto. Advirtieron que la iniciativa no podrá usarse para cercenar la integridad territorial y la independencia política de Siria mediante la fuerza, pero bloquearon las enmiendas de los países islámicos que buscaban vaciar de contenido el mandato, que deberá ser liderado por la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navy Pillay.
La misión debe establecer los hechos y circunstancias, identificar a los responsables y hacer recomendaciones para que los culpables rindan cuentas de la represión, que ya supera las 500 víctimas. Pillay debe informar al Consejo de los resultados de su investigación en junio próximo, que podrá disponer tomar las medidas que impidan la impunidad.
Salvo Cuba y Ecuador, que se opusieron, el resto de América Latina condenó a Siria “por la detención y la tortura de cientos de manifestantes ... y la obstaculización del acceso al tratamiento médico”, exigiendo que el régimen del Partido Bass, que gobierna desde 1963 “cumpla con su obligación de proteger a su población ... detenga los ataques contra manifestantes pacíficos y respete plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la libertad de expresión y la libertad de reunión”.
Los representantes de los 57 países de la Conferencia Islámica, encabezados por Pakistán, apuntalados por China, Rusia y Cuba, rechazaron la resolución que exhorta a Siria a poner “inmediatamente en libertad a todos los presos de conciencia y las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las que ya estaban detenidas antes de los acontecimientos recientes”.
La decisión reclama el cese de “los actos de intimidación, persecución y detención arbitraria de cualquier persona, incluidos los abogados, los defensores de los derechos humanos y los periodistas”, y pide que no se tomen represalias “contra las personas que hayan participado en las manifestaciones”, y que se permita “la prestación de asistencia humanitaria urgente a quienes lo necesiten”.
La mayoría de América Latina votó para que en Siria se proteja, preserve y mantenga la libertad de expresión, y se deje “inmediatamente de bloquear el acceso a Internet y las redes de telecomunicaciones”. Propició la eliminación de “la censura de prensa” y que se permita la entrada de periodistas extranjeros.
Los países latinoamericanos que respaldaron diplomáticamente la iniciativa de Estados Unidos, insistieron durante el debate que este Consejo debería ocuparse rapidamente de Bahreïn y Yemen, del mismo modo que ya lo hizo con Libia el 25 de febrero pasado y ahora con Siria.
Compuesto por 47 Estados según una distribución equitativa por continentes, el Consejo de Derechos Humanos renueva anualmente un tercio de sus miembros a través del voto secreto de la Asamblea General de la ONU. El escrutinio tendrá lugar en Nueva York 20 de mayo venidero, y en cuanto al grupo de los países asiáticos, ¡Siria postula para reemplazar a Bahreïn!
* Exclusivo desde Ginebra
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