Por APDH Bariloche
Quienes desde la sociedad civil venimos postulando la candidatura del Juez Martín Lozada para ocupar el lugar vacante en el Superior Tribunal de Justicia nos hemos presentado días atrás ante los 43 legisladores de la Provincia de Río Negro.
Le hemos expresado mediante una nota que constituimos un grupo de casi cien organizaciones gremiales, sindicales, académicas, organismos de derechos humanos, grupos religiosos, ambientalistas, de defensa de los derechos de la mujer y de los pueblos originarios, las que estamos convencidos que la Provincia de Río Negro merece un magistrado de la talla del Juez Martín Lozada en el más alto tribunal provincial.
El importantísimo aval recibido por el Juez Martín Lozada proveniente también de concejales y legisladores de nuestra provincia, son muestra de la confianza, el reconocimiento y el apoyo que el candidato propuesto posee en el cuerpo social de la Provincia de Río Negro.
Y hemos destacado, además, sus sólidos antecedentes como juez, su compromiso con la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, así como la envergadura de su formación académica.
Le hemos comunicado a los Sres. Legisladores que en el marco de la indisimulable crisis de legitimidad democrática que afecta al Poder Judicial, es altamente saludable que esa elección no quede a merced de las corporaciones de abogados que, desde hace décadas, vienen escogiendo de modo exclusivo y sin la menor participación colectiva, quienes serán esos candidatos.
El desarrollo de la sociedad democrática torna imperativo que ese proceso sea abierto, público y transparente. Que durante su transcurso se asegure la efectiva participación de la sociedad civil, y que las disposiciones legales que rijan cada uno de los pasos del proceso aseguren de modo claro y contundente esa participación colectiva.
Y ello, por cuanto resulta imprescindible debatir qué modelo de Poder Judicial queremos y cuál es el perfil que los magistrados deben poseer para su logro. Debatir cuál es el comprobado compromiso democrático de esos candidatos; cuál su apego a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales; su grado de desarrollo profesional; y cuáles resultan ser sus méritos académicos.
Por tales motivos, y convencidos de que el candidato propuesto aporta un enfoque respetuoso de la pluralidad, la diversidad y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, le hemos solicitado a los representantes del pueblo que tengan en cuenta esta acabada manifestación de la sociedad civil rionegrina.
Nota relacionada: Río Negro: "El CELS y el CEJUSDEMO a favor de la democratización del Poder Judicial"
Quienes desde la sociedad civil venimos postulando la candidatura del Juez Martín Lozada para ocupar el lugar vacante en el Superior Tribunal de Justicia nos hemos presentado días atrás ante los 43 legisladores de la Provincia de Río Negro.
Le hemos expresado mediante una nota que constituimos un grupo de casi cien organizaciones gremiales, sindicales, académicas, organismos de derechos humanos, grupos religiosos, ambientalistas, de defensa de los derechos de la mujer y de los pueblos originarios, las que estamos convencidos que la Provincia de Río Negro merece un magistrado de la talla del Juez Martín Lozada en el más alto tribunal provincial.
El importantísimo aval recibido por el Juez Martín Lozada proveniente también de concejales y legisladores de nuestra provincia, son muestra de la confianza, el reconocimiento y el apoyo que el candidato propuesto posee en el cuerpo social de la Provincia de Río Negro.
Y hemos destacado, además, sus sólidos antecedentes como juez, su compromiso con la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, así como la envergadura de su formación académica.
Le hemos comunicado a los Sres. Legisladores que en el marco de la indisimulable crisis de legitimidad democrática que afecta al Poder Judicial, es altamente saludable que esa elección no quede a merced de las corporaciones de abogados que, desde hace décadas, vienen escogiendo de modo exclusivo y sin la menor participación colectiva, quienes serán esos candidatos.
El desarrollo de la sociedad democrática torna imperativo que ese proceso sea abierto, público y transparente. Que durante su transcurso se asegure la efectiva participación de la sociedad civil, y que las disposiciones legales que rijan cada uno de los pasos del proceso aseguren de modo claro y contundente esa participación colectiva.
Y ello, por cuanto resulta imprescindible debatir qué modelo de Poder Judicial queremos y cuál es el perfil que los magistrados deben poseer para su logro. Debatir cuál es el comprobado compromiso democrático de esos candidatos; cuál su apego a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales; su grado de desarrollo profesional; y cuáles resultan ser sus méritos académicos.
Por tales motivos, y convencidos de que el candidato propuesto aporta un enfoque respetuoso de la pluralidad, la diversidad y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, le hemos solicitado a los representantes del pueblo que tengan en cuenta esta acabada manifestación de la sociedad civil rionegrina.
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