Por Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
“Realizar en el menor tiempo posible el análisis legal vinculado con el ejercicio de este derecho, y emitir la respuesta correspondiente”. Tal fue la solicitud que Paz Foitzich y Claudia Torres ingresaron esta tarde a la Contraloría Regional de Aysén, en el marco del requerimiento de plebiscito comunal que el 19 de agosto hicieran al alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra, y que éste rechazara mediante decreto 5.823 del viernes pasado, y en el cual reconoce sus dudas sobre la procedencia o no de dar curso a la petición. Con el fin de aclarar estos puntos el 23 de agosto el municipio ingresó una consulta al organismo contralor, el cual aún no emite un pronunciamiento.
La carta de Foitzich y Delgado a la Contraloría se sustenta en el derecho constitucional de petición consagrado en el artículo 19 número 14 de la Carta Fundamental, y fue realizado en representación de los casi 1.800 ciudadanos que firmaron por el plebiscito.
En la misiva recuerdan que el edil argumentó en su rechazo que “las materias a plebiscitar no estarían en la esfera de Competencias de la Municipalidad. Ello, en tanto la Contraloría General de la República se pronuncie sobre el particular, pudiendo revocarse el presente acto administrativo si el ente contralor estimare la pertinencia del requerimiento y, como consecuencia, procedencia del plebiscito”. En uno de los considerandos, el municipio expresó que no es “indubitable que los temas señalados para su plebiscito sean propios de la esfera municipal”.
En opinión de los solicitantes, “con esta decisión -que no es precisa y directa en determinar la legalidad o ilegalidad de lo solicitado por 1.782 ciudadanos- se está dilatando arbitrariamente el ejercicio de un derecho normado por una ley orgánica constitucional. Para esto, a nuestro entender, se está utilizando un futuro dictamen de la Contraloría General de la República, organismo al cual se le solicitó el 23 de agosto un pronunciamiento, como pretexto para no cumplir con lo que la legislación mandata expresamente”. Agregan que “esta dilación pone en riesgo el ejercicio de los derechos estipulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la luz de los plazos en esta norma instituidos, toda vez que no es factible realizar plebiscitos comunales en año de elecciones municipales, es decir, a partir del 1 de enero de 2012”.
Paz Foitzich dijo que le llamaba la atención “un alcalde que por un lado tiene una versión de las cosas, pero que actúa en contrario”. Ante esto recordó “a Omar Muñoz que es un alcalde electo apenas con un 35 % de la ciudadanía, por tanto tiene la obligación de escuchar al otro 65 % que no votó por él, entre quienes hay muchos de quienes firmaron… es una mala señal que él rechace, a priori, un plebiscito en la comuna ya que si tenía dudas, y es legítimo consultar a la Contraloría, a lo menos debió haber esperado que este organismo se pronunciara”. Puntualizó que “un alcalde que en definitiva tenga una actitud democrática implementa este tipo de medidas. Se reúne a la ciudadanía, escucha. Es más, él debió haber liderado este proceso. Estamos dando una oportunidad para que la comuna se exprese y en función de lo que la mayoría de la comuna quiera el alcalde lidere una posición. Pero aquí el alcalde no ha estado dispuesto a escuchar, y rechaza de plano la petición”.
Por su parte, Claudia Torres indicó que “es incoherente el decreto que sacó el alcalde porque justamente le vimos una columna en el día de hoy diciendo que los plebiscitos comunales son un instrumento de participación ciudadana legítima. Estamos hablando justamente del proceso en el cual los ciudadanos de su comuna, los votantes de su comuna, se hicieron parte reuniendo firmas, creyendo en este instrumento legal, y resulta que ahora él sale con un decreto bastante dudoso de su parte”. En su opinión esto es “incoherente porque si él realmente quisiera que los plebiscitos comunales fueran un instrumento de participación en algo tan importante como el desarrollo futuro de su comuna perfectamente podría haber llamado a la comisión que presentamos las firmas para debatir este tema y decir que a lo mejor tenía dudas, lo cual es legítimo”. Concluyó que la mejor vía podría haber sido “trabajar con la comunidad. Ahí habría sido más coherente, pero presentar eso de que tiene dudas y pasarle la pelota a la Contraloría, claramente su intención se quedó en el papel y está protegiendo los intereses de la empresa e intereses personales que él tiene, con terrenos involucrados en este proyecto”.
* http://www.aisenreservadevida.cl/
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