martes, octubre 11, 2011

Diputados radicales estiman que la deuda al ISSyS supera los 1.200 millones de pesos

Por Bloque de Diputados UCR

El bloque de la Unión Cívica Radical estimó la deuda del Estado Provincial al Instituto de Seguridad Social y Seguros en más de 1200 millones de pesos al cierre del ejercicio 2010 y señaló su preocupación sobre las cifras difundidas a partir de un relevamiento del Frente de Gremios Estatales, basado “solamente en asientos contables tramposos”, según expresó el diputado Carlos Lorenzo, en la Legislatura Provincial.

En la sesión ordinaria de este último jueves, el legislador radical advirtió sobre el incumplimiento de la obligación legal de actualización contemplada para el caso de morosidad de los pagos de aportes previsionales y consideró que “de esta “grave irregularidad es más responsable el Tribunal de Cuentas que el Instituto de Seguridad Social”.

“El Tribunal tendría que haberla observado y no lo ha hecho”, puntualizó Lorenzo, planteando la necesidad también de incluir la cuestión de los montos destinados a los fideicomisos, “en los que hay que aplicar la misma morosidad y no al final sino desde el principio”, explicó.

Lorenzo se refirió a la difusión pública efectuada por el Frente de Gremios Estatales sobre esta cuestión en una conferencia de prensa, al exponer los fundamentos de un proyecto de ley tendiente a recuperar la inversión realizada en el marco del Contrato “Fideicomiso Gasoducto Patagónico”, aspecto que forma parte de los pagos incumplidos en detrimento del instituto previsional provincial.

Al respecto, el bloque radical presentó una iniciativa para derogar la ley firmada a mediados de 2006 por la que se aprobó el convenio entre el gobernador Mario Das Neves y el entonces presidente del organismo, Alberto Schulman (ley XXVI N° 1119 – antes ley 5502).

Paralelamente se propone declarar “insanablemente nulo” el convenio suscripto entre las mismas partes, con fecha 1° de junio de 2006, “por el cual se reconocía la deuda que mantiene la Provincia con ese Instituto y el pago de la misma mediante la cesión de los derechos del Contrato de “Fideicomiso Gasoducto Patagónico”.

Recuperar inversión


“Hay que recuperar esa inversión. El gobierno provincial tiene que recuperar los 365 millones de pesos más las ganancias de esta inversión. Este es uno de los camino”, apuntó.

“Cuando uno hace un fideicomiso es para ganar plata. La provincia lo hizo pero no le devolvieron un solo peso. Por eso tiene ahora que denunciar el convenio. El gobierno tiene la obligación de hacerlo. Ya lo anticipamos y presentamos un proyecto de declaración”, recordó el diputado radical, en alusión a un proyecto de declaración presentado en agosto del año pasado.

“Denunciarlo implica dejar sin efecto el convenio firmado entre el Gobernador Mario Das Neves y el entonces presidente Alberto Schulman donde se indicó tal participación”, dijo

“Nos estafaron. La plata no volverá nunca. Ha habido una estafa hacia el Estado Provincial que puso más de 350 millones de pesos para hacer el gasoducto patagónico, esa obra que no quedó en manos de la Provincia y encima no nos devolvieron un solo peso”, enfatizó.

Lorenzo inicio su exposición expresando que “al margen de destacar su importancia para dejar transparentada ante la sociedad, el Frente de Gremios Estatales dice que hay una deuda, a valores históricos, de 567 millones de pesos, a la cual se le suma los fideicomisos”.

Asientos tramposos

“Es necesario dejar en claro que ese no es el valor histórico. La información que ha manejado son los asientos contables de los balances. Es eso lo que han dado a conocer y es un número que, obviamente, no tiene intereses. Ahí está la trampa que hemos venido sosteniendo desde hace muchísimo tiempo”, indicó Loreno.

Advirtió al respecto que “la ley en cuanto a la morosidad no ha sido aplicada. Los asientos contables son ‘truchos’. Y son la base del informe que habla de 567 millones de pesos”, amplió.

“El Instituto debe aplicar mes a mes el índice de precios mayoristas no agropecuarios del INDEC. La ley habla también de la aplicación de un 6 % de interés al finalizar el año fiscal”, prosiguió.

“Este consolidado de aportes impagos, que ha reconocido el propio presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Máximo Pérez Catán, no se lo puede tomar como un número aislado para determinar la deuda”, dijo más adelante.

“Acá está la gravedad de la cuestión. El Tribunal de Cuentas de la Provincia no observó nunca estos asientos contables”, alertó, señalando que “las deudas son acumulativas sucesivamente con todos los meses y si se hiciera así el valor histórico sería de más de 1.200 millones de pesos”.

“Mi preocupación es que el Frente de Gremios Estatales esté adquiriendo esta información, basada solamente en los asientos contables”, apuntó luego, recordando que “el bloque de diputados radicales ha informado muchas veces acerca de esta irregularidad que es más del Tribunal de Cuentas que del Instituto de Seguridad Social”.

Incumplimiento de ley

El procedimiento acumulativo está determinado en el Artículo 10 de la ley sobre el sistema de jubilados y pensiones en el Estado Provincial (LEY XVIII- N° 3 - Antes Ley 3923).

El texto de la norma establece que los descuentos y aportes deben ser abonados en efectivo, y para los no ingresados en los plazos establecidos, se producirá una mora automática. Dicha deuda se actualizará conforme la variación del índice de precios mayoristas no agropecuarios (INDEC) en el período respectivo, devengando además un interés compensatorio del seis (6%) por ciento anual.

Respecto de las afirmaciones gremiales sobre la suma posterior de los fideicomisos al monto de 567 millones, Lorenzo consideró que en esos casos “hay que aplicar la misma morosidad y no van al final sino al principio”.

“Hay 150 millones a los que hay que aplicarle, mes a mes, el índice de precios mayoristas no agropecuarios más el 6 % anual desde el 2003 a la fecha, sumándole mes a mes esta deuda de 567 millones que, a valores históricos, es superior”, puntualizó.

Nota relacionada: Auditoría de gestión del ISSyS: la deuda del Estado provincial superaría los $ 700 millones

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