Santa Fe: declaración de los pueblos fumigados

Por RENACE

VIII Encuentro de la Campaña “Paren de Fumigarnos!”

Declaración de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe, Argentina

Nuestro país esta inmerso en un proceso de agriculturización intensiva, industrial, basada en la utilización de químicos que produce la concentración de capitales y propiedades, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores. Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales concentrados en villas miserias, como también la destrucción de ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población.

En las arroceras de Corrientes, en los montes quemados de las sierras de Córdoba, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en las alfombras verdes en que se han convertido los mejores campos de Buenos Aires y Santa Fe, se observa la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada. Los mas de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que se utilizan, solamente en la campaña de la soja, revolotean sobre nuestras cabezas y además de contaminar el ambiente en que vivimos, son aspirados, absorbidos o simplemente consumidos junto con los alimentos.

Independientemente de la aventura que significa someter la política agropecuaria de un país a los vaivenes del casino financiero internacional que ha tomado a las materias primas como objeto de su especulación, el reciente Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) propone, entre otras cosas, el aumento de la superficie cosechada en un 20% cuando la mayoría de las provincias, inclusive la nuestra, se encuentran al límite de uso de sus tierras productivas. En Santa Fe, donde se produce el 80% del biodiesel del país, el Estado Provincial ha asumido seriamente la producción de agrocombustibles proliferando las plantas, principalmente, en el cordón industrial de Rosario lo que significará seguir destinando cada vez más hectáreas que darán de comer a los tanques de los vehículos antes que a la gente. Los gobiernos provinciales, municipales y comunales pueden convertirse en vasallos y rehenes del Fondo Sojero y ser parte del problema, o ponerse al lado de sus poblaciones en defensa de la salud y la vida, mientras tanto, las tasas de mortalidad y de morbilidad se incrementan en los pueblos fumigadas.

Por todo esto, llamamos a los pueblos fumigados a ponerse en movimiento en defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado que garantice el desarrollo humano de esta generación sin comprometer a las generaciones futuras. Para cada ciudadano argentino, la Constitución Nacional nos brinda este derecho pero también nos obliga a preservarlo así como obliga al Estado a la protección de ese derecho, a la utilización racional del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. La participación activa del Estado –en todos sus niveles- en políticas como las mencionadas lo ubica directamente del lado de las corporaciones a las que muy poco les interesa la salud de los argentinos.

Nuestra prédica se sustentará, inicialmente, en los siguientes nueve puntos que consideramos básicos para intentar recomponer el desastre social, ambiental, alimentario y sanitario de nuestras poblaciones:

1. Prohibir total y absolutamente cualquier tipo de aspersión aérea en toda la provincia.

2. Establecer una zona de exclusión para las aspersiones terrestres de 800 metros de distancia en forma provisoria y con tendencia ascendente, con respecto al límite del ejido municipal, escuelas rurales, caseríos y cursos de agua.

3. Propiciar la recategorización de todos los agrotóxicos en uso en forma inmediata, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 147/10 del Defensor del Pueblo de la Nación.

4. Garantizar el acopio, almacenamiento y manipulación de agrotóxicos en áreas alejadas de las zonas pobladas o sensibles y con prevención adicional de escenarios siniestrales.

5. Establecer las disposiciones legales necesarias, a través de los órganos de gobierno respectivos, para que las empresas proveedoras de agrotóxicos se hagan cargo de los envases descartados.

6. Prohibir la instalación de silos dentro del ejido municipal. Trasladar los existentes, en un plazo perentorio, a una distancia no menor de 5km. de las áreas urbanas.

7. Dar cumplimiento público y privado en todo el territorio provincial de la Resolución N° 276/10 del Ministerio de Salud de la Nación (Registro de intoxicaciones por plaguicidas).

8. Realizar con carácter de urgente estudios epidemiológicos de morbilidad y mortalidad asociada a agrotóxicos.

9. Desarrollar y estimular programas de producción agroecológica en toda la provincia, promoviendo y coordinando iniciativas con organismos nacionales y áreas universitarias específicas.

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