Opinión: “Insensibilidad extrema del gobierno”

Por Fernando Urbano *

Todos los países del mundo tienen mecanismos para proteger a las personas o familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad nutricional extrema. En nuestra provincia, pretendiendo alcanzar tal objetivo, se lleva a cabo desde el año 2.005 el Programa Trabajar Para Incluir (TPI) creado mediante la Ley 5417, es un sistema de ayuda económica “para asistir y promover a los hogares comprendidos con mayores situaciones de indigencia y de vulnerabilidad social” (texto de la Ley ).

Sus beneficiarios originarios eran las familias que concurrían a los “comedores sociales”, estos se fueron cerrando a medida que los iban incorporando a dicho Programa. Se les entregaba 450$ a cada núcleo familiar, ese monto era coincidente en esa época con la Canasta Básica de Alimentos (CBA) evaluada por la Dirección de estadística y Censo de la Provincia , con ese dinero les permitiría afrontar la adquisición de los alimentos necesarios para prepararlos y comer con sus respectivas familias en sus propios hogares a una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños. En el año 2007 Das Neves se jactaba, gracias a la implementación del Programa TPI, haber cerrado todos los comedores sociales de la Provincia.

Quienes hemos militado en el área social sabíamos que estos comedores concentraban las personas más necesitadas, había como una selección natural, a ellos concurrían los más desfavorecidos, los que realmente eran indigentes extremos, los que tenían hambre,. No había dudas que quienes asistían a esos comederos no tenían otra alternativa, debían superar cualquier atisbo de orgullo ya que debían exhibirse ante sus vecinos como “muy carenciados”, concurrían a esos lugares porque tenían que aplacar el hambre de sus hijos y de ellos mismos.

Muchos celebramos la creación del Programa TPI, ya que les permitiría a las familias indigentes volver a reunirse en la mesa del hogar para ingerir los alimentos preparados por ellos mismos de acuerdo a sus gustos y costumbres.

Fue una medida acertada, aunque adolecía de algunos deficiencias notorias que debían corregirse, por ejemplo la entrega un monto fijo mensual de 450$ para cada familia, sin importar si la misma estaba constituida por tres, cinco, diez o más personas, lo que hacía que este sistema fuera enormemente inequitativo e injusto; tampoco se tuvo en cuenta si con dicho monto se cubrían las necesidades nutricionales, al no estar dispuesto realizar estudios epidemiológicos, encuesta alimentaria, estudios clínicos, etc. Con los cuales se podría haber determinado eficacia del Programa y probables signos de desnutrición entre los “beneficiarios”; otro aspecto cuestionable era que sólo alcanzaba a quienes vivían en las principales ciudades de la Provincia.

Se debe tener en cuenta que el mencionado Programa estaba destinado a proteger a las personas, la mayoría niños, con mayor riesgo social y nutricional de nuestra comunidad, por ello debía atenderse en forma especial, sin embargo jamás se utilizó un mecanismo de relevamiento de la población beneficiaria que parta de un estudio exhaustivo y actualizado de la situación social.

Tampoco hay una relación entre realidad económica y el monto del beneficio, el cual está totalmente desactualizado, este es un aspecto fundamental para corregir por el próximo gobierno, ya que en la misma Ley de creación del Programa TPI tiene como premisa superar los estados de vulnerabilidad social, a través del ingreso de cada familia.

En este aspecto es inconcebible que en estos seis años y medio no se haya actualizado el monto dispuesto en sus comienzos que era de 450$, el mismo que tenía una CBA para una familia tipo, ahora la CBA ya ha superado los 1.500$, vale decir que las 2134 familias (según estadística del año 2010) que reciben este subsidio están pasando hambre y que algunos de sus integrantes o todos podrían encontrarse desnutridos o con signos de déficit nutricionales, con el agravante que ahora ya no existen comedores sociales a donde puedan acudir para poder alimentarse.

Espero que el próximo Gobernador, Martín Buzzi, tome nota de esta situación y la ponga en su agenda como una de las actividades prioritarias para ser resueltas al principio de su gestión.

* Diputado provincial

Nota relacionada: Opinión: “Democratizar y transparentar la adjudicación de viviendas”, por Fernando Urbano