Por Frente Unidad SurCerro Dragón es el mayor yacimiento argentino de petróleo crudo, con el 23% de las reservas del país y el 13% de la producción nacional de crudo.
Durante la década del ‘90, a manera de consecuencia del "pensamiento único", se estableció el criterio de que los recursos naturales fueran considerados como meras commodities, negociables en los mercados internacionales, asumiendo el precio internacional como una forma de "equilibrar" y hacer "reales" nuestros precios internos, de manera tal que las coyunturas internacionales influyan directamente en los costos de los combustibles en nuestro país.
Esta forma de utilización de uno de nuestros recursos más importantes, el petróleo, continúa vigente actualmente, manteniéndose la lógica del pensamiento neoliberal. Sin embargo, puede analizarse al petróleo como un bien estratégico que destaque su calidad de no renovable (1), debiendo ser explotado en forma racional y sustentable, y que configure uno de los elementos motores de la economía, asumiendo su propiedad para establecer políticas nacionales adecuadas a este criterio.
El art. 40 de la Constitución del año 1949 destacaba el concepto estratégico de los recursos naturales, estableciendo que éstos son "propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación", sin dejar lugar a dudas acerca del manejo de los mismos.
Durante muchos años y siguiendo la política soberana del Gral. Enrique Mosconi, la Y.P.F. estatal realizaba los trabajos de exploración, explotación, transporte, transformación y venta de los hidrocarburos en forma directa, sin necesidad de tener que acudir al capital extranjero, sabiendo que éste no es un simple factor de los fenómenos financieros, sino, tal como generalmente era utilizado, un arma de dominación que permitía mantener a los pueblos sujetos a una conducta predeterminada. El capital que realmente provino del exterior fue realmente insignificante. Su formación en el sector del servicio público fue obra de la riqueza y el trabajo argentinos a través de concesiones negociadas con el gobierno de turno. Es natural que los extranjeros no se preocupen mucho por nuestras conveniencias nacionales, ni por nuestro desarrollo.
Tempranamente, en el nacimiento de nuestra Patria, ya Mariano Moreno advertía: "El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámosle en horabuena, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas, pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas, en medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y abalorios" (2). Es por ello que no debemos olvidar: primero, que no debe permitirse que ingrese con la denominación y las ventajas del capital extranjero, sino lo que es imprescindible importar del exterior. Segundo, no debe permitirse que se contabilice como capital extranjero el uso de la mano de obra argentina. Tercero, deben tomarse los recaudos para que los fondos que provengan del crédito local no se capitalicen como capital extranjero. Cuarto, deben adoptarse las precauciones para impedir que el capital extranjero pueda crecer con sus ganancias excedentes a costa del trabajo y la riqueza argentinos. Éste último punto no es menos importante que el primero y guiará nuestros criterios a lo largo de la nota.
En determinadas circunstancias, se acudió a la negociación de contratos petroleros para llevar a cabo la exploración y explotación en ciertas áreas.
Los métodos de explotación de los hidrocarburos son variados, y su conformación comercial aparece corporizada en éstos contratos que la Nación o las Provincias firman con las empresas dedicadas a este rubro.
Un claro ejemplo histórico para el estudio de estos contratos, fueron los que en 1958 se firmaron durante la presidencia de Arturo Frondizi. Uno de ellos era el contrato firmado con la Pan American International Oil Company, la misma compañía que firmó los contratos con el Gobierno de Chubut. El contrato obligaba a la empresa a perforar 40 pozos. Si hubiera un futuro promisorio decidiría por propia voluntad la continuación de los trabajos, obligándose a perforar 110 pozos más. Allí terminaban las obligaciones de Pan American. Como contrapartida, la empresa mantiene la propiedad de los pozos y los explota, aunque no era propietaria del petróleo que extraía. El petróleo debía ser entregado a Y.P.F. en la boca de mina o en el extremo del oleoducto, abonando un precio que según el discurso presidencial era menor al pagado en ese entonces.
Tiempo después, en una decisión soberana que demuestra la aplicación de políticas autónomas, el gobierno del entonces presidente Arturo Illia anula los contratos firmados argumentando, entre otras cosas, que "los contratos de Frondizi violaron flagrantemente el Código de Minería, por cuanto las áreas otorgadas por Y.P.F. a las empresas privadas estaban comprendidas dentro de las zonas de reserva, las que por el artículo 396 sólo podrán ser exploradas y explotadas directamente por el Estado nacional o las provincias" (3). Por otra parte, se cuestionaba el hecho de que Y.P.F. tuviera que comprar el petróleo producido renunciando a la facultad del Estado de regular la explotación petrolífera en función del interés nacional. Es decir, existían herramientas adecuadas para considerar a los recursos hidrocarburíferos como un bien estratégico. Esas herramientas ya no existen.
La Constitución del 49 fue eliminada luego del Golpe del 55, Y.P.F. fue privatizada, se sancionaron durante la década del 90 sucesivamente diversas leyes que desregulaban el mercado petrolífero, gasífero y minero, permitiendo la destrucción del entramado industrial relacionado con esos sectores y permitiendo la entrada de actores privados y extranjeros que obtuvieron y siguen obteniendo ganancias extraordinarias a costa de la riqueza de todos los argentinos.
Para completar la situación, durante el año 2006 se aprobaron dos leyes, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional con la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Nación, que profundizaron el modelo de explotación de hidrocarburos de la década del 90: La ley de Incentivo a la Exploración, beneficiando impositivamente a las mismas empresas expoliadoras para que realicen lo que no hicieron hasta ahora en todo este tiempo, a pesar de las ganancias extraordinarias que descaradamente exhiben: explorar. Y la llamada Ley Corta, que provincializa los recursos naturales que deberían estar en manos de la Nación para que con la fuerza del Estado se apliquen las políticas adecuadas alineadas a un plan de desarrollo independiente. Como dijera el Gral. Alonso Baldrich: "¿Cómo podría sostenerse, dada la incapacidad técnica y financiera de las provincias, que ellas pudieran explotar esta compleja, difícil, grande e importante industria del petróleo?
Se verían obligadas a entregarlos a las compañías extranjeras, como ya sucede en el Norte y, entre éstas y la Nación, es cuestión de cordura y patriotismo contratar con la Nación, evitando que, convertido en oro negro, emigre la riqueza que pertenece al país."
Es esta última ley la que permitió aprobar a la provincia de Chubut y, en camino a la aprobación, a la provincia de Santa Cruz, los contratos de extensión de la concesión de Cerro Dragón, que vencían en el año 2017, por 10 años hasta 2027, prorrogables por 20 años más hasta el 2047, prácticamente hasta el agotamiento de los pozos, como ocurrió con la ya entregada en el 2000 Loma de la Lata.
Para entender la magnitud del acuerdo y su incidencia en el total de la producción hidrocarburífera del país, en necesario saber que Cerro Dragón es el mayor yacimiento argentino de petróleo crudo, con el 23% de las reservas del país y el 13% de la producción nacional de crudo. De acuerdo a las Reservas Comprobadas y Probables de Petróleo y Gas Natural, según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación al 31 de diciembre del 2005 se deducen las magnitudes de las Reservas que corresponderían a Pan American Energy en los yacimientos cuyos contratos se quiere extender. Se trata de 73,3 millones de m3 de Reservas Comprobadas de Petróleo (461 millones de barriles) y 42 millones de m3 (264 millones de barriles) de Reservas Probables de Petróleo. En cuanto al Gas Natural, las Reservas Comprobadas se cuentan por 23.515 millones de m3 y las Probables por 12.510 millones de m3, representando el 5% de las Reservas totales del país (4).
El Valor Bruto de Producción (VBP) de las Reservas Comprobadas, considerando los actuales valores (U$S 100 el barril de Crudo (N de LOP: hoy el precio a variado) y U$S 1,85 el millón de BTU para el Gas Natural, aunque este precio podría ser mayor) sería de U$S 47.645 millones de dólares, mientras que el valor para las Reservas Probables sería de U$S 27.220 millones de dólares, siendo a estos precios el mayor componente del Valor total, el Crudo con el 97%. De cualquier manera, estos valores deberían ser revisados ya que el valor de las Reservas son las que informan las empresas productoras sin controles del Estado.
La historia del yacimiento de Cerro Dragón comienza con 1957 cuando el Estado nacional otorga la Concesión de 25 años a Y.P.F. hasta 1982, luego de haberlo descubierto, asumiendo el riesgo, el financiamiento y la gestión. Sin embargo, un año después, se firma el contrato con Pan American Argentina Oil Co. (PAA), propiedad de Amoco (Standard Oil) en un 100%. En el año 1963, se revisan los contratos y son patrióticamente anulados por el Gobierno de Arturo Illia, aunque continúa la extracción pero no se perforan pozos nuevos de exploración. En 1969 se renegocian los contratos hasta 1993, "reparando" la intervención de 1963 otorgando "compensaciones" excepcionales. En 1987 hay una nueva renegociación, extendiendo el contrato hasta el 2003. Ingresando en la infame década del 90, en 1992 se convierte el contrato en una concesión a Amoco hasta el 2017. En 1997, Bridas se incorpora a Pan American Energy (PAE), quedando Amoco con el 60% y Bridas con el 40%. En 1998, ocurre la fusión mundial de Amoco y British Petroleum (BP) adoptando el nombre BP. En el año 2002 PAE inicia la exportación de crudo argentino. Finalmente, en el año 2007 PAE consigue una prórroga de 10 años hasta el 2027 de la concesión en la provincia de Chubut 10 años antes de su vencimiento. También logra en Chubut la garantía de una nueva ampliación por 20 años hasta el 2047, no avalada por ningún marco legal (5).
Teniendo en cuenta la magnitud del negocio y la citada concurrencia histórica que nos lleva a la actualidad, podemos considerar y evaluar los compromisos que asumiría PAE con la firma de los contratos. Hasta el 2017 invertiría 2.000 millones de dólares (200 millones por año).
Entre el 2017 y el 2027 invertiría 1.000 millones de dólares (100 millones por año).
Entre el 2007 y el 2011 invertiría 80 millones de dólares en offshore aledaña a Cdoro. Rivadavia.
Petrominera, la estatal provincial sería socia con el 10%.
Pagaría 12% de regalías (que es lo que fija en sus artículos 59 y 62 la ley actual 17.319).
Haría un aporte especial del 3% sobre el precio en boca de pozo (menos ingresos brutos, retenciones a exportaciones, regalías y gastos de transporte), que en los hechos puede equivaler al 1,5%.
Pagaría 120 millones de dólares como Fondo de Reparación Histórica (en 4 cuotas consecutivas anuales de 30 millones cada una desde el 2007).
Entregaría 500 millones de pesos para créditos a empresas regionales.
Otorgaría becas a profesionales.
Se compromete a reponer un barril de crudo por cada barril que extraiga. Esto implica que las reservas iniciales del contrato permanecerían constantes al 2027.
Se compromete a aumentar un 9% anual la producción.
Todos estos compromisos implicarían unos 3.362 millones de dólares en 20 años (unos 168 millones por año).
Como condicionante, PAE exige que el precio neto del crudo no sea menor al precio del primer trimestre del 2006 (U$S 63,20 por barril), que las retenciones a las exportaciones no sean superiores al 45% actual (con lo que cualquier política nacional al respecto habría que compensarla de alguna manera) y que las regalías no deben ser superiores a las actuales (12 %) (6).
A ello se suma que se le otorga la libre disponibilidad del petróleo, con lo que la Empresa decide qué hacer con él. Pueden exportarlo todo si lo desean. De esta manera se acepta la lógica de considerar al petróleo como un simple commodity, dejando en manos de una empresa extranjera la decisión de utilizarlo sin que el Estado pueda influir en la decisión para que se puedan establecer planes estratégicos de crecimiento.
Es un deber analizar cuanto es posible realizar si se apropiara de la extraordinaria renta petrolera, ahora en manos de las multinacionales.
Sólo es cuestión de recordar que Y.P.F. y Gas del Estado eran empresas sociales construidas con la riqueza y el trabajo argentinos. Su presencia significaba caminos, hospitales, escuelas, pueblos enteros, mientras los gasoductos se trazaban para llevar combustible barato a productores y usuarios. Pueblos enteros desaparecieron y se perdieron las empresas insignias de nuestro crecimiento energético a partir de las privatizaciones durante el gobierno de Carlos Menem.
Política que continúa en nuestros días en el gobierno que lleva adelante Cristina Fernandez de Kirchner y sus socios provinciales.
*Ingeniero Químico UBA, Especialista en Hidráulica. Proyecto Sur
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