Para el CELS, la ley Antiterrorista producirá un desequilibrio en el Código Penal

Fuente: Página/12

La ley que consiguió media sanción ayer en la Cámara baja fue criticada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, quien consideró "que establece en forma inapropiada un incremento al doble" de las penas máximas y mínimas de todos los delitos si se cometieran bajo la figura de terrorismo al modificar el inciso 5 del artículo 41 en el Código Penal.

El presidente del CELS consideró un "absurdo" agravar la pena de todos los delitos por la posibilidad de que estén vinculados al terrorismo porque "crea un desequilibrio" en el Código Penal y estos hechos "pueden terminar teniendo penas más altas que delitos más graves". En ese sentido, calificó de "matete jurídico" el proyecto que permitirá además dictar prisiones preventivas eternas por delitos leves por estar relacionado con supuestos acto de terrorismo.

"La ley debe ser clara y precisa, pero en este caso se habla de 'delitos destinados a aterrorizar a la población', lo cual es de una amplitud aterrorizante. Y además nos preocupa el contexto de este proyecto porque es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la amenaza de excluir a la Argentina" de ese organismo, resaltó Verbitsky.

El periodista afirmó que si la semana próxima el Senado aprobara el proyecto de ley repetiría "la misma técnica que se usó en el 2004, por la presión del Juan Carlos Blumberg", padre del chico secuestrado y asesinado Axel Blumberg.

Verbitsky rescató que la norma establece que estos hechos sean analizados por jueces federales y no por jueces provinciales, pero sostuvo que "lo superfluo de la reforma" queda demostrado con la aclaración hecha por el Poder Ejecutivo en torno a que la figura de terrorismo no se aplicará en caso de que se superponga a "derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

Antes de que el proyecto fuera votada en la Cámara baja, el CELS emitió un comunicado en el que advirtió que la legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que “hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.

El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, afirmó por su parte que, a diez años del 2001, "el país es otro", pero en 2010 comenzaron a "repetirse hechos en todo el país" en manifestaciones populares por distintos motivos.

"Hubo muertes, demasiadas. No llegan a ser como lo ocurrido en el 2001, pero ocurrió en Bariloche, Formosa, Santiago del Estado, Jujuy, José León Suárez, la Capital Federal...Se han vuelvo a producir actitudes represivas contra personas que ejercían derechos sociales e individuales garantizados en la Constitución Nacional", indicó Verbitsky. En ese sentido, los integrantes del organismo reclamaron que el Congreso dicte una ley que regule el accionar de las fuerzas policiales en todo el país e impida la criminalización de la protesta social.

El periodista destacó que, ante algunos de estos hechos de represión, se creó el Ministerio de Seguridad Nacional y su titular, Nilda Garré, "fue estableciendo criterios para encauzar el accionar de las fuerzas de seguridad". También destacó que se fijaron "21 criterios mínimos para regular la actitud policial en todo el país" como una suerte de protocolo para sistematizar el accionar.

El titular del CELS advirtió que esas medidas deben nacionalizarse a través de una ley y resaltó: "No puede ser que el accionar de la policía en cada protesta social quede librado al capricho del encargado de turno. Sabemos cuales son las principales protestas. No puede sorprendernos. Es imprescindible que se prevea qué va a hacer el Estado con este principio de no represión en conflictos sociales y por eso el accionar policial debe ser regulado por ley".

Para concluir, Verbitsky advirtió que "no podemos conformarnos" con el criterio establecido por la presidenta Cristina Kirchner y la ministra Garré, y señaló que "hace falta que el Congreso asuma la responsabilidad y convierta esto en ley".

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