Catamarca: aplicaron la ley antiterrorista a detenidos en la protesta contra el proyecto minero

Fuente: Iprofesional

Un fiscal provincial decidió imputarles el delito incorporado a fines del año pasado al Código Penal por un corte en una ruta nacional

La ley antiterrorista, aprobada en diciembre pasado por el Congreso, tuvo su estreno luego de que se decidiera imputar bajo el delito de "terrorismo" a nueve personas que fueron detenidas cuando se manifestaban contra un proyecto minero en Catamarca.

El fiscal catamarqueño Julio Landivar aplicó la flamante normativa para procesar con la imputación de "terrorismo" a los asambleistas detenidos por la actividad de la empresa La Alumbrera en esa provincia.

Según informó ayer el fiscal federal de Cámara, Antonio Gustavo Gómez, los manifestantes fueron liberados horas después de su procesamiento. También resaltó que era "la primera vez que se aplica" la normativa, aunque criticó al fiscal Landivar por haber utilizado un delito federal en la Justicia provincial. Para Gómez, éste último se debería haber declarado incompetente en el caso.

Los conflictos comenzaron el jueves pasado, cuando se produjeron las primeras detenciones en el corte. Todos los apresados fueron liberados dos horas después, pero al día siguiente el fiscal dispuso nuevos arrestos y, posteriormente, la aplicación del artículo 213 bis del Código Penal, que es contemplado (y sus penas agravadas) por la nueva ley antiterrorista.

En este punto, el fiscal federal sostuvo que "Landivar tiene dos razones para no ser competente: una es que es una ruta nacional donde se produce la protesta, y otra es que aplica un artículo que a partir de la nueva ley antiterrorista es un delito federal".

Gómez, con competencia en las provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, resaltó además que la ley antiterrorista posee "una excepción" en la que afirma que no se aplicará "en casos donde sean reclamos de defensa de Derechos Humanos, sociales o constitucionales", destacó Ámbito Financiero.

"En este caso se trata de un reclamo por un derecho humano esencial que es la salud pública, en función de la contaminación de minera La Alumbrera", afirmó el fiscal.

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