Por ComAmbiental
Hace un
poco más de 24 horas ComAmbiental informó que la Justicia de Catamarca
aplica la Ley
AntiTerrorista para impedir el bloqueo a los camiones de
minera La Alumbrera,
por ahora en el departamento de Santa María. En diálogo con una de las abogadas
de los asambleístas, ampliamos la información sobre el caso. Pedirán la
inconstitucionalidad de la Ley
y la nulidad de la imputación, a la vez que denunciaron al fiscal que
interviene en la causa.
Eco-Terroristas.
La abogada Selene Herrera sintetizó a este medio la situación de los
asambleístas: "Están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal,
que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista
como de competencia federal". Al mismo tiempo, denunció que "esto es
una causa armada" por el fiscal provincial interviniente, Julio Landivar.
Por ello, habrían tenido que recurrir a la figura del "terror
público".
"La
maniobra que se hace con esta Ley Anti-Terrorista es terrible. Se han derogado
dos artículos donde estaban tipificados qué actividades eran terroristas,
dejando ahora un artículo vago", advirtió la abogada. De este modo,
resulta que “cualquier protesta social o actitud en contra de una decisión gubernamental
puede ser tomada como acto de terrorismo”.
Es
decir, que esto “vulnera el derecho de peticionar ante las autoridades, por
ejemplo de que se modifique una ley” como es la que permite la megaminería a
cielo abierto en las distintas provincias de Argentina. “Seguramente se va a
plantear la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista
porque no puede ser lo que están haciendo y menos que quede en manos de jueces
o fiscales como los que han actuado en esta causa como si fueran sus feudos”,
agregó.
También
desde la organización Conciencia Solidaria se sumaron al pedido. "Deben
entender que quienes luchamos por la vida no somos `terroristas´. Es necesario
la urgente derogación de la Ley Antiterrorista, que a todas luces está hecha
a la medida de los intereses de las corporaciones megamineras, y atenta contra
derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional", expresó Mariela
Silverstein, integrante de la
ONG.
Y
justificó: "La instalación y continuidad de estos megaproyectos
multinacionales, que profundizan el saqueo y la destrucción, necesitan un marco
legal que los posibilite y dentro de este marco está la Ley Antiterrorista
que ya se está aplicando, avasallando los derechos de las poblaciones más
vulnerables". La finalidad más concreta, entonces, es sacar a los
ambientalistas de las rutas por donde se mueven las corporaciones mineras.
La
causa. Junto con Nidia Gauthier, quien asistió a los asambleístas, Herrera
planteó la nulidad de la imputación y pedirá oportunamente una indagatoria del
juez para que actúe un juez federal. Además, calificaron que “la detención ha
sido ilegal” e informaron que “el fiscal Landivar y el comisario Pastrana están
denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso en
el ejercicio de sus funciones”.
Recordamos
que las detenciones fueron siempre en el departamento de Santa María, mientras
que el corte de Belén ya va por el décimo día, donde ayer se registraron
incidentes con camioneros de La Alumbrera. Además, se sumó también un corte en
Tucumán, sobre la misma ruta 40, en la entrada de Amaicha del Valle.
Justamente, para el primero de febrero llaman a una gran movilización, puesto
que ese día reasume sus funciones el fiscal de Belén, Jorge Flores, quien ya
mandó a reprimir en mayo de 2011, según informó la Asamblea El Chañar.
Entre
las irregularidades de lo ocurrido el viernes en Santa María, se señala que se
trataba de un bloqueo selectivo y pacífico contra los camiones y proveedores de
la minera La Alumbrera,
es decir que era una acción de protesta claramente enmarcado en la Constitución Nacional.
Además, “la gente fue detenida arbitrariamente, sin orden de desalojo”. Para
tener una idea, un señor fue “levantado” cuando salía de comprar una gaseosa en
una despensa. Otra señora fue detenida con su hija de tres años en brazos y
amenazada con que pondrían a su niña a disposición del juez de menores.
Por si
fuera poco, “se armó una comisión especial para ‘armar la causa’ literalmente
–detalló Herrera- y el fiscal mismo dijo delante de la gente que si no había
causa la iba a inventar”. Asimismo denunció que “se tomó la indagatoria en la
comisaría” siendo que representa al Poder Ejecutivo de la Provincia, en lugar de
hacerlo en un juzgado como debiera. Hasta el momento, no hay declaraciones de
la gobernación de Catamarca sobre el tema.
Sin
embargo, eso no es todo. Hubo intentos de arresto contra la propia abogada y un
compañero que filmaba la situación desde la vereda –en la vía pública– a través
de la ventana de la comisaría. Es que querían constatar que “no había ningún
abogado defensor dentro de la sala donde se tomaban las audiencias”, porque le
habían negado el acceso.
El
poder de decir "terrorista"
No se
trata de que el gobierno nacional mande a utilizar directamente la Ley Anti-Terrorista.
La sanción de una Ley justamente habilita a las autoridades del Poder Judicial
a aplicarla según su interpretación. Y esto, más allá de cualquier disidencia
partidaria, es el mayor peligro para las movilizaciones sociales. Sobre todo
para los asambleístas que luchan contra corporaciones con gran poder en las
provincias. Y así lo habían denunciado en su momento las distintas
organizaciones de Derechos Humanos.
Nota
relacionada: Gustavo Gómez: "Todos somos delincuentes y terroristas"
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