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| El juez José Colabelli negó la autorización |
Fuente: Diario Jornada
Por Rolando Tobarez
Pese al pedido de una fiscal, el juez José Colabelli negó la
autorización para interrumpir el embarazo, que ya lleva 16 semanas. Hubo
apelación y en las últimas horas se habría obtenido el permiso para la
intervención.
Pese a una primera negativa del juez de Esquel José
Colabelli, una nena de apenas 12 años finalmente habría sido autorizada a
interrumpir su embarazo no deseado, que lleva más de 16 semanas de gestación y
que según la principal hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, es
producto de una violación.
Con prudencia y hermetismo, el fiscal jefe de esa ciudad
cordillerana, Hernán Dal Verme, apenas deslizó que el área a su cargo no podía
aportar información y que el caso "sigue su curso de acuerdo a la
ley". El funcionario advirtió que lo mejor a su criterio es aguardar la
conclusión del proceso ya que "se vincula a un delito contra la integridad
sexual de un menor".
Con este criterio, Dal Verme explicó que "por las
características de Esquel", ventilar datos extra facilitaría identificar a
los protagonistas del episodio, al que calificó como "muy delicado".
En su breve diálogo con Jornada, el jefe de los fiscales cordilleranos sí
aportó que "internamente se solucionaron todos los problemas" para
resolver el tema.
Pese a la prudencia alrededor de la situación de la pequeña,
el caso reaviva la polémica acerca de la necesidad y rapidez de los
procedimientos judiciales y hospitalarios ante embarazos no deseados. Que los
magistrados tengan un criterio único se complica cuando hay menores
involucrados.
Una historia
El "aborto no punible" lo solicitó la fiscal
general de Esquel, María Bottini, que ya contaba con el nombre del obstetra y
del nosocomio donde se realizaría. La funcionaria solicitó aplicar el artículo
279 del Código Procesal Penal "para preservar el material biológico que se
extraiga de la nena de 12 años, sobre quien se practicará la interrupción de un
embarazo de unas 16 semanas de gestación".
Ese artículo permite obtener pruebas anticipadas para una
investigación -en este caso de la violación- cuando "por las
circunstancias o por la naturaleza y características de la medida, deba ser
considerado como un acto definitivo e irreproducible".
Según la negativa de Colabelli, "la niña en virtud de
una denuncia de su madre, presentaba un embarazo producto de una violación
desconociendo la identidad del autor, puesto que su hija no le comunicó nada al
respecto". De acuerdo al magistrado, "el modo como se plantea la
solicitud significa que implícitamente se pretende que se conceda autorización
para la interrupción del embarazo, es decir un aborto".
Pese al pedido fiscal, Colabelli consideró que el caso no
encajaba en los supuestos previstos por el artículo 86 del Código Penal que
permiten un aborto: que esté en peligro la salud de la madre y no se pueda
evitar por otros medios, o que sea debido a una violación o atentado al pudor
contra una mujer demente o idiota.
"La sola circunstancia de que el embarazo haya sido
producto de una violación no autoriza por sí mismo, a criterio del suscrito, la
realización de extirpación del niño del vientre materno, máxime si presenta ya
alrededor de 16 semanas de gestación, cuando los anteproyectos de ley
presentados en el Congreso Nacional mencionan que sólo será permitido frente a
abortos de hasta 12 semanas", escribió el juez.
“Un homicidio”
Colabelli argumentó que la protección de los niños se inicia
en el embarazo, "máxime si tenemos en cuenta que el aborto significa lisa
y llanamente la comisión de un homicidio". Con esta lógica, sería
"pretender decretar la pena de muerte respecto de un nonato, sujeto de
derecho, a quien se lo pretende utilizar como objeto de prueba y no como
persona por nacer".
Pese a este fallo, la fiscal Bottini apeló y todo indica que
el aborto fue autorizado. La versión más fuerte acerca del caso indica que
originalmente el único médico en condiciones de practicar el aborto estaba de
licencia. Se gestionó la intervención de otro profesional pero la madre habría
decidido no firmar el consentimiento y dejar que su hija tenga el bebé. Allí se
habría producido la intervención de las áreas judiciales y de minoridad.
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