Por Emiliano Álvarez Raso *
Cien años atrás, en una nación convulsionada por el fraude
como norma electoral invariable, la lucha por el protagonismo social y político
de las nuevas clases emergentes contra las mayorías oligárquicas,
autodeclaradas salvaguardas de la
República, se impuso la visión de jóvenes prohombres sobre la
necesidad de dotar al país de un instrumento jurídico que garantizara la
participación de las minorías y las fuerzas opositoras, detrás del necesario
equilibrio de la función gubernamental.
El 10 de febrero de 1912 se sancionaba la “Ley General de
Elecciones Nº 8.871”
mas popularmente conocida como “Ley Sáenz Peña”. A partir de la cual se
estableció el voto secreto, universal y obligatorio para nativos y
nacionalizados mayores de 18 años y se termina para siempre en nuestro país con
el denominado “voto calificado”. Se introduce el sistema de “lista incompleta”
dándole representación legislativa a las minorías. Con el tiempo y la
incorporación del voto femenino en la década del 40 del siglo pasado se termina
de afianzar la participación de los sectores medios y populares en la vida
política argentina.
La “Ley Sáenz Peña” no fue una conquista coyuntural y a la
cual se llegó fácilmente. Implicó la lucha inquebrantable de muchos actores
políticos de la época, quienes se rebelaron contra las dificultades, obstáculos
y condicionamientos que imponían los sectores dominantes a la intención de
hacer más democráticas las decisiones nacionales.
El viejo conservadurismo, reacio a la incorporación de los
nuevos y pujantes sectores populares que poblaron nuestra nación como fruto del
proceso inmigratorio, fue responsable de revoluciones, levantamientos y
abstenciones que se sucedieron casi permanentemente intentando modificar el
sistema político vigente y ampliar la base de participación política.
El solo anuncio del envío del proyecto al parlamento
incentivó la participación política, y su sanción significó el ascenso al poder
democrático del primer partido nacional y popular; la Unión Cívica Radical,
que en 1916 llevó a la primera magistratura a Hipólito Yrigoyen iniciando una
ejemplar etapa de crecimiento democrático mediante el voto masivo y sin
restricciones.
La virtuosa herencia de la “Ley Sáenz Peña” constituyo el
hilo conductor que nos guía hasta al presente. Cien años han pasado y seguimos
bregando día a día por una democracia más vigorosa. Es preciso entonces
recordarla, como un aliciente al trabajo pendiente de consolidar una Argentina
más plural e inclusiva, que construya ciudadanía y afronte con dignidad republicana los desafíos del siglo que comienza.
* DNI 29.957.219 / Comodoro Rivadavia
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