Por Bloque Diputados UCR
El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical
impulsará la presencia del ministro de Ambiente, Control y Desarrollo
Sustentable de la Provincia,
Eduardo Maza, en la
Legislatura Provincial. El objetivo es requerirle precisiones
acerca del accionar de esa cartera en la inspección y vigilancia ambiental de
la empresa Aluar Aluminio Argentino de Puerto Madryn.
El tema se convertirá en el primero que abrirá la labor
legislativa del bloque de la UCR
al iniciarse el período de sesiones ordinarias 2012, para lo cual se ha
avanzado ya en la preparación de los asuntos que incluirá el interrogatorio
obligatorio para este tipo de presencias parlamentarias.
La Constitución Provincial faculta al Poder
Legislativo a hacer comparecer a su seno, con el voto de un tercio de sus
miembros presentes, a los ministros del Poder Ejecutivo “para recibir las
explicaciones o informes que crean convenientes, citándolos por lo menos con un
día de anticipación, salvo casos de urgencia o gravedad”.
“Al citarlos, le hace saber los puntos sobre los que deben
informar, siendo la concurrencia obligatoria y configurando la falta
injustificada mal desempeño de sus funciones”, añade el apartado 4 del artículo
134.
A comienzos del pasado mes de febrero, los diputados Roberto
Risso y José Luis Lizurume se dirigieron por nota al mismo ministro para
pedirle copia certificada de un expediente alusivo al tema que dio origen al
dictado de la resolución N° 24/11.
Se procuró también informarse acerca del recurso jerárquico
interpuesto por la empresa Aluar Aluminio Argentino y la revocatoria a una
disposición anterior que se habría suscripto
por infracciones a leyes de protección ambiental.
La resolución ministerial, correspondiente al anterior
período gubernamental, habría dejado sin
efecto una millonaria multa aplicada por la Subsecretaría de
Regulación y Control Ambiental por
incumplimiento de los valores permitidos en el manejo de sustancias
contaminantes, según informes públicos .
La nota al ministro Eduardo Maza fue presentada por los
diputados Roberto Risso y José Luis Lizurume en el marco de la Ley I-156 ( antes 3764)
sobre acceso a las fuentes oficiales de información, cuyo artículo 6° contempla
penalidades en caso de incumplimiento.
Nota relacionada: Un diputado afirma que el Estado provincial no estaría en condiciones de controlar a Aluar
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