Enviado por Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra
Una nueva causa por tierras vendidas por el Estado
rionegrino de manera presuntamente irregular y a precios irrisorios en un cerro
de la zona cordillerana avanza en la Justicia provincial e involucra al ex gobernador
Miguel Saiz, al ex ministro Juan Accatino, a los funcionarios del área de
Tierras Jorge Belacín y Daniel Tait y a privados que habrían participado de la
maniobra.
La superficie, lindera a la concesión del cerro Perito
Moreno, en Mallín Ahogado, abarca 1.498 hectáreas que
fueron adjudicadas en venta a menos de $ 60 la hectárea. Por las presuntas
anomalías que se investigan en el expediente, esta semana el juez Carlos
Reussi, que lleva adelante la tarea, dispuso -como ocurrió en otros hechos
similares de Somuncura y la cordillera- la medida cautelar de "anotación
de litis" hasta tanto dure el proceso. El recurso preventivo evita que en
caso de que las tierras sean nuevamente enajenadas, un futuro comprador pueda
invocar haberlas adquirido de buena fe.
La fiscal Daniela Zágari promovió acción penal la semana
pasada contra los ex funcionarios rionegrinos mencionados y contra los privados
Mirta Soria y Maximiliano Mazza. Este último, hermano de la esposa de Nicolás
Van Ditmar -mano derecha del magnate inglés Joe Lewis, propietario de Lago
Escondido- es el titular de la empresa Laderas del Perito Moreno. Esa firma de
Mazza es la que en mayo de 2011 obtuvo la concesión del centro de esquí del
Perito Moreno, donde además se autorizó -con polémica incluida- por parte de la Municipalidad de El
Bolsón, un proyecto urbanístico de 3500 hectáreas.
La denuncia penal que inicialmente fue presentada por el
entonces legislador Luis Bardeggia y que luego fue reforzada con otras
presentaciones de testigos de identidad reservada, relata que Soria no podría
haber recibido las tierras por parte del Estado rionegrino, ya que tenía al
menos otros dos inmuebles registrados a su nombre, lo cual está prohibido
expresamente en la normativa vigente.
Menos aún podría haberlas enajenado en favor de Mazza en un
plazo menor a los cinco años que prevé la ley. Estas supuestas irregularidades
formales y el exiguo precio impuesto por el Estado motivan la imputación
judicial contra los ex funcionarios y contra los dos particulares intervinientes.
Esta causa se suma a la que también investiga la Justicia con los mismos
imputados por parte del Estado y con otros privados -también vinculados a la
familia Van Ditmar- en la zona cordillerana y en la meseta de Somuncura, que
involucran miles de hectáreas, también cedidas a precios viles y con algunas
tramitaciones supuestamente irregulares.
Nota relacionada: Traban Litis por causa penal contra las tierras de la Pampa de Ludden
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario