Por Bloque de Diputados UCR
La prohibición de la actividad minera metalífera en toda la Provincia del Chubut por
36 meses, lapso en el que deberá
definirse la normalización de Petrominera Chubut, la creación de un ministerio
abarcativo de todas las actividades vinculadas a los recursos naturales y la
energía y la aprobación de un marco regulatorio que determine la política
provincial de explotación del sector es el objetivo de un proyecto de ley,
presentado por el diputado provincial Roberto Risso (UCR) en la Legislatura Provincial.
La iniciativa amplía los alcances de un proyecto anterior,
que había propuesto una suspensión limitada a la franja cordillerana, y se
impulsó, a partir la reciente firma del Acuerdo Federal Minero por parte del
gobernador Martín Buzzi y la posibilidad abierta de una aplicación directa de
sus cláusulas sin un debate amplio y una convocatoria a la participación de
todos los sectores y a los legisladores, tal como se comprometió el mismo
mandatario en el discurso inicial de la actividad parlamentaria del corriente
año.
El compromiso asumido por la Provincia del Chubut con
la rúbrica de dicho documento ya había sido cuestionado por el bloque de
diputados de la Unión
Cívica Radical, que había advertido la necesidad previa de
someter la cuestión minera a un examen interno con la participación de todos
los sectores y con la
Legislatura Provincial como espacio apropiado para la
discusión y el consenso.
Zonificación y pasivos ambientales
El proyecto del diputado Risso señala que en el mismo plazo
de 36 meses “deberá aprobarse mediante
Ley la zonificación prevista por el original articulo 2° de la Ley XVII 68(antes Ley
500l) sancionada el 9/4/03 y dar tratamiento al Acuerdo Federal Minero firmado
por el Sr. Gobernador de la
Provincia”.
“Quienes posean
titularidad de concesiones, y se encuentren en las etapas de desarrollo y
explotación de yacimientos metalíferos o minerales asociados al momento de la
promulgación de la presente Ley, deberán
presentar ante la autoridad de aplicación en el plazo de 90 (noventa) días, un
informe detallado de los procedimientos de suspensión de actividades y cierre
de yacimiento”, propone en el artículo 2°.
El Artículo 3°, por su parte, encomienda a la Autoridad de Aplicación
Provincial la ejecución de “un detallado inventario de los pasivos ambientales
producidos por el avance de los proyectos hasta el momento, auditando a las
empresas concesionarias en las tareas de remediación pertinentes, que deberán
además garantizar las mismas mediante seguros de caución por la suma totales
evaluadas por la Autoridad
de Aplicación como necesarias para las tareas referida”.
Acuerdo federal minero
El Acuerdo Federal Minero se suscribió el pasado 27 de marzo
por parte del Gobernador de la
Provincia como
integrante de la OFEMI
(Organización Federal de Estados Mineros), aceptando, según expresa en su
artículo 11°, una “Aplicación Automática”.
Según esta decisión,
cada Provincia deberá comunicarlo de tal modo a las áreas de competencia
y se autoriza “a los Estados
Provinciales a participar de la actividad minera a través de entidades
estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”.
El diputado Roberto Risso ha subrayado en numerosas
intervenciones en la
Legislatura Provincial la particular situación que se da en
Chubut por la inexistencia de un área específica responsable de la cuestión
minera ante la eliminación de la
Secretaría de Minería e Hidrocarburos y la creación de un
Ministerio dedicado exclusivamente a los hidrocarburos, permaneciendo
Petrominera Chubut Sociedad del Estado, como único organismo con relación
lateral con esa temática.
Precepto constitucional
“La contaminación
ambiental, los problemas sociales y culturales,
los pasivos ambientales hacen que debamos debatir con responsabilidad el
tema que nos ocupa”, señaló el diputado radical en su elevación, recordando el
artículo 109° de la
Constitución Provincial que responsabiliza al Estado y le
fija la misión de preservar la integridad y diversidad cultural del medio,
resguardar el equilibrio y garantizar su protección y mejoramiento en pos del
desarrollo humano sin comprometer a las generaciones futuras, además de dictar
legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, impone las sanciones correspondientes y exige reparación de daños.
Nota relacionada: Piden una nueva prórroga de la ley que suspende las actividades mineras en la zona cordillerana
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