Por Movimiento por Aysén
Lejos ya de los altruistas objetivos y masividad de las
movilizaciones sociales y estudiantiles de 2011 en todo el país, aún quedan
pendientes procesos judiciales interpuestos por autoridades de gobierno y que
buscan determinar responsabilidades mediante querellas criminales. Es tal el caso de joven aysenino Patricio
Contreras, ex presidente de la federación de
estudiantes de la
Universidad de Los Lagos (ULA) y en calidad de tal integrante
de la mesa directiva de la
Confech, quien obtuvo notoriedad nacional al participar en la Caminata por la Educación Pública
desde Puerto Montt a Santiago, organizada en octubre de 2010.
Fue en julio del año pasado que un grupo de alumnos de la ULA ocupó pacíficamente un
edificio que en los años 70 y 80 perteneció a la Policía de
Investigaciones, y como tal fue utilizado como centro de detención y tortura de
Puerto Montt. En la actualidad está
desocupado y en poder del Gobierno Regional de Los Lagos, y ante tal hecho los
estudiantes pretendían convertirlo en sala cuna para los alumnos de la
universidad, internado y preuniversitario.
Durante tres días los jóvenes emprendieron labores de
restauración, limpieza y pintura, las que complementaron con actos culturales y
otras actividades. Como una forma de
terminar con la toma el intendente (s) y gobernador de Puerto Montt, Francisco
Muñoz, anunció una querella criminal ante lo cual los jóvenes procedieron a
desalojar el lugar, entregando Patricio Contreras sus datos en su carácter de
dirigente estudiantil.
Hoy Contreras está acusado de “usurpación ilegal de un
edificio público”, siendo avaluados los supuestos daños en 500 mil pesos. Y lo
más grave, arriesgando pena de cárcel en caso de sentencia en contra. Incluso el parte policial en el que se sustenta
el requerimiento se señala que los manifestantes querían “lucrar” con el
inmueble.
“Esto responde a una estrategia orquestada por el gobierno
de criminalizar a los estudiantes y al movimiento estudiantil, y a que hoy no
tienen la capacidad de entender las legítimas demandas de los estudiantes, de
los movilizados y del pueblo que está luchando.
Por eso a quien piensa distinto se le criminaliza” expresó al respecto
el dirigente. Agregó que la denuncia
viene “respaldada por un informe de Carabineros que no cumple ningún criterio
de objetividad, y que al contrario es un montaje”.
En este respecto hizo un llamado a las autoridades de
gobierno a “retirar esta querella, que no tiene ningún sentido y raya en lo
absurdo”.
Sobre el edificio en cuestión, reiteró la exigencia de que
“un edificio tan histórico como el que nosotros tomamos simbólicamente se
destine a la ciudadanía y no se entregue a los grandes capitales para que,
finalmente, nuestra memoria, nuestra historia pase al olvido como lo han
querido hacer con distintos sitios que hoy día son fundamentales, como el caso
de la escuela Santa María de Iquique que fue demolida”.
La defensa de Patricio Contreras la tomó el abogado Héctor
Ulloa.
Nota relacionada: El grito de Aysén
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