Fuente: FARCO
Los 9 médicos del Servicio de Tocoginecología del Hospital
Gobernador Centeno de General Pico, La
Pampa, decidieron negarse a realizar abortos a mujeres
violadas, alegando razones de conciencia. Así lo confirmó a Radio Libre el jefe
de ese servicio, Hugo Gianssen, con lo que allí no se cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación
que en marzo de este año estableció que todas mujeres víctimas de violación
tienen derecho a realizarse un aborto sin que se considere delito. En
declaraciones emitidas en Informativo FARCO, el doctor Gianssen aseguró que
“aquí en el hospital Centeno al menos no va a poder realizarse” los abortos no
punibles.
El médico relató que “recibimos el acta del Ministerio de
Salud, que es el protocolo del procedimiento para la atención del paciente, nos
juntamos en el servicio el otro día, debatimos y después cada uno por su cuenta
decidió qué hacer, se charló en conjunto pero después cada uno tomó su decisión
y coincidió en que todos tuvimos la misma decisión”.
Gianssen argumentó que “nosotros como médicos en general
fuimos formados, y sobre todo los que tenemos más edad, siempre se nos ha
inculcado el concepto contrario, defender la vida y esas cosas, entonces yo
creo que por ahí pasa la decisión de cada uno”.
En su fallo de marzo pasado, los jueces de la Corte establecieron que el
aborto no es delito en cualquier caso de violación y que para realizarlo no se
debe pedir autorización a la justicia. De este modo dejaron atrás las distintas
interpretaciones que se hacían del artículo 86 del código penal que establece
que la interrupción del embarazo no será sancionada “si corre peligro la vida o
la salud de la madre” o “si el embarazo proviene de una violación o de un
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
Muchos jueces interpretaban que el artículo sólo hablaba de
la violación de una mujer con discapacidad mental, pero la Corte dejó en claro que se
refiere a todos los casos de violación. Los jueces supremos exhortaron,
entonces, al gobierno nacional y a las provincias a fijar protocolos
hospitalarios para garantizar la realización de estos abortos no punibles y
para la asistencia integral a las víctimas.
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