domingo, julio 22, 2012

Catamarca: “Represión a cielo abierto”, por Darío Aranda


Por Darío Aranda

La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.

Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

“Acampe nacional contra la megaminería”, es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires.

Ayer a las 14 llegaron hasta el acampe 120 personas que se identificaron como “pro mineros” (y que los asambleístas llaman “patota de Alumbrera”). A los pocos minutos llegaron tres decenas de efectivos de infantería (que se sumaron a los diez policías que ya estaban en el lugar). A las 14.40, la fiscal provincial Silvia Alvarez informó que tenía orden de permitir el paso de un camión con explosivos con destino a Alumbrera.

Ante la magnitud del operativo, las asambleas y organizaciones sociales del acampe decidieron dejar la ruta. El camión pasó.

Media hora después, el grupo de choque comenzó a tirar piedras y bombas de estruendo sobre el acampe. La fiscal Alvarez notificó que (además de liberar la ruta) tenía orden de levantar el acampe. Los efectivos de infantería –caras tapadas, escudos, bastones e itakas– dieron diez minutos para levantar el acampe. La fiscal nunca mostró la orden de desalojo.

Para evitar mayor violencia, las asambleas levantaron el acampe.

Cerro Negro está ubicado a sólo tres kilómetros del límite con La Rioja. Hacia esa provincia quisieron marchar para reagruparse, pero sobrevino lo insólito: el micro que llevaba 56 personas del acampe fue obligado continuar camino hacia Córdoba, seguido por la policía catamarqueña.

“Quisieron bajarse en el primer pueblo de La Rioja, pero la policía los reprimió y los volvió a subir a palazos”, denunció Ramos, asambleísta de Andalgalá. En el micro viajaban, entre otros, militantes de la Coordinadora de Organizaciones y Movimiento Populares de Argentina (Compa), Quebracho, CTD Aníbal Verón y del Movimiento Estudiantil Liberación.

A la medianoche, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) –que transmitió los hechos todo el día desde su radio online– logró comunicarse con los militantes del micro. Explicaron que la policía los obligó a continuar viaje hasta Córdoba con una excusa del mundo del revés: les dijo que la patota minera seguía el micro, que ellos (la policía) no podía garantizar su integridad y por eso los “custodiaba” hasta Córdoba.

“Es increíble cómo la patota de Alumbrera y la policía de la provincia articulan la represión, se complementan. Todo ante la mirada de la gobernadora, la ceguera de los jueces y el silencio cómplice del gobierno nacional”, denunció Martín Musarra, asambleísta de Catamarca y periodista de la radio comunitaria El Algarrobo. Nota completa

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