Por Prensa UAC
LA COMUNIDAD INDIO COLALAO, PJ 33/11-RENACI, DENUNCIA:
- Que desde tiempos inmemorables
nuestra familias habitan con orgullo el territorio de uso comunitario de Base
Riarte, perteneciente a la
Comunidad Indio Colalao, y que desde principio de la década
del 90 sufre el hostigamiento, amenazas, matanza-robo de ganado, contaminación,
desalojos violentos por sicarios y policías contratados por empresarios
usurpadores de nuestro territorio, todo esto esta denunciado y documentado en
el ámbito policial y demás esferas institucionales.
- Cuando nuestra comunidad reclamó
por las violación de nuestros derechos, encontró una justicia que en vez de
protegernos en el marco legal existente; nos persigue, nos reprime, nos
encarcela, viola derechos elementales, demostrando que existe un plan
sistemático donde intervienen policías, jueces de paz, fiscales, jueces, legisladores
y funcionarios parientes, asociados a grupos empresarios con intereses en la
expansión de la frontera sojera.
- Estos procedimientos son tan
irregulares e indiscriminados que desconocemos quienes hoy tienen efectivamente
orden de detención, ya que sin haber sido citados a declarar por las supuesta
usurpación de nuestro propio territorio ancestral; sabemos por trascendidos que
existen 25 órdenes de detención para comuneros de Indio Colalao, lo que
constituye una verdadera cacería, que moviliza a más de 400 policías en nuestro territorio, lo que
nos recuerda al genocidio del General Roca en la conquista del “desierto”.
- En Tucumán gran parte de la Justicia está manchada
por los poderosos que pisotean la constitución, los tratados internacionales y
desoyen el mandato de la ley 26.160 y su prorroga ley 26.554 creada por el
gobierno nacional para proteger y restituir derechos de los pueblos
originarios.
EXIGIMOS
- LA INMEDIATA LIBERACIÓN
DE NUESTROS COMUNEROS ALBERTO MERCADO Y MANUEL PASTRANA, detenidos el 27 de
Julio.
- EL CESE DE LA CONSTANTE VIOLACION
DE DERECHOS INALIENABLES A NUESTRA COMUNIDAD por parte de la Firma ZANJA HONDA,
Presidente FREDY MORENO NÚÑEZ VELA, junto a su socia AGRO-AVANCE, perteneciente
al SR JORGE POSSE; la
Fiscalía X del Dr. Guillermo Herrera y el Juzgado III del Dr.
Francisco Pisa.
- La inmediata intervención del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación,
certificando nuestra preexistencia como Comunidad Originaria e instrumentando
las medidas necesarias para la inmediata instrumentación de la Ley 26.160 promovida y
ejecutada por el Gobierno Nacional y desoída por el Poder Judicial de Tucumán.
- La presencia en Tucumán de la Comisión de Derechos
Humanos de Cámara de Diputados de La
Nación y veedores de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, a fin de que se realice una investigación para determinar
quiénes son los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos de los
Pueblos Originarios, en un país democrático donde esto no debería ocurrir.
Deseándole sinceramente el mayor
de los éxitos en sus cometidos, esperando una respuesta favorable, nos
despedimos de Ud. muy atentamente.
Nota relacionada: Tucumán: intentaron desalojar a la comunidad Colalao
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