Por Bloque de Diputados UCR
El diputado provincial Roberto Risso (UCR) consideró que
“hay una incompatibilidad enorme entre representar los intereses de Petrominera
Chubut y los intereses de YPF” y afirmó
que existe “una contradicción descomunal que surge de los mismos hechos”, al
referirse al ejercicio simultáneo de cargos por parte del interventor de dicho
ente, lic. Oscar Cretini.
El tema fue objeto de debate en la última sesión de la Legislatura Provincial,
ocasión en la que se aprobó un pedido de informes, dirigido al ministro de
Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, y al mismo interventor en Petrominera, a fin de
que envíe –entre otras cuestiones- la nómina de cargos rentados que ejerce,
sean del orden público o privado.
El bloque radical había denunciado en sesiones anteriores el
nombramiento simultáneo del funcionario
Cretini en el ámbito provincial y como director de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, añadiendo ahora otros interrogantes, entre ellos, uno vinculado con
los integrantes del equipo oficial que cumple un programa de visitas a
distintas localidades de la
Provincia para explicar el proyecto de marco regulatorio para
las actividades hidrocarburíferas y petroleras en el Chubut.
“La incompatibilidad pasa por los intereses que se
representan”, puntualizó Risso, quien negó que “se trate de una cuestión
personal” con el actual interventor sino que “estamos hablando del responsable,
según la legislación vigente, de todos los recursos naturales de la provincia
del Chubut”, afirmó.
Accionistas privados
“Es casi ridículo sostener que YPF es una empresa del
Estado. Es una empresa privada que tiene accionistas y el interés que la mueve
es privado porque tiene accionistas privados que se mezclan ahora con los
accionistas estatales”, sostuvo el legislador radical.
“YPF no es una empresa estatal y hay una incompatibilidad
enorme entre representar los intereses de Petrominera y los intereses de YPF”,
insistió Risso al referirse a un dictamen atribuido a la Fiscalía de Estado de la Provincia.
“No sé quien lo escribió pero honestamente debería revisarlo
seriamente. Por eso queremos las respuestas por escrito, porque sostener que
ambos intereses son estatales es poco menos que un escándalo”, precisó.
Risso hizo hincapié en que “YPF es una empresa privada que
tiene capital del Estado pero tiene accionistas privados”, aludiendo también a
la incompatibilidad constitucional que surge de ser también una concesionaria
de Petrominera para que explote el petróleo provincial”.
“El interventor de Petrominera maneja el poder
concedente y concede la explotación de
un yacimiento a YPF, pero simultáneamente es director de la concesionaria. La
contradicción que surge de los mismos hechos es descomunal”, añadió.
En todos lados
“Por eso insistimos en la necesidad de exigir un control
especial de la persona que maneja la empresa que genera negocios por miles de
millones de dólares. Y Cretini está en todos lados, en el Estado Provincial, en
YPF y, además, debería estar controlando a otras empresas privadas con sus
intereses particulares. Ahí radica la importancia de tener una conducción seria
en el sector”, indicó.
“Deberíamos estar todos ocupados en defender el interés
público, que es el interés del Estado, y
no el particular de Cretini”, apuntó.
Transparencia
Al referirse al pedido de informes referido al equipo
interdisciplinario que recorre la
provincia con acciones de promoción de la actividad megaminera, Risso estimó
que “se trata de cuestiones que tienen que ver con la transparencia y se deben
aclarar debidamente y por escrito”.
“No es un capricho si pretende ir contra nadie en
particular. Estamos hablando del funcionamiento de la empresa que manera el
futuro de todos los chubutenses. Petrominera es la dueña de todos los
yacimientos mineros, es la empresa que dará la concesión minera, que puede
contratar y asociarse con las empresas megamineras y nadie la controla”,
prosiguió.
Al respecto anticipó la propuesta de impulsar una
modificación a la ley de Petrominera para que “todos estemos seguros de que
quienes deban defender los intereses del Chubut lo hagan en realidad y no el de
los de las empresas megamineras”.
Defensa
Risso criticó la falta de respuestas a todos los anteriores
pedidos de informes y subrayó que “lo que queremos y pretendemos es que
Petrominera funcione y defienda los intereses del Estado, no intereses ajenos”.
El pedido de informes aprobado demanda también la nómina de
inmuebles alquilados por Petrominera Chubut a partir del 1° de enero de 2012 a la fecha, detallando
qué función cumple cada uno de los mismos y si se han otorgado cateos o
permisos de exploración, especificando cada uno.
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