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| Norma Arrostito en un acto en la cancha de Atlanta (1973) |
Por Juan Gasparini *
Creada por la jurisprudencia mundial para preservar la memoria
histórica de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, la
noción de crímenes de lesa humanidad no debe aplicarse a los delitos cometidos
por los Montoneros, en el ejercicio de la lucha armada durante la dictadura
militar (1976-1983), viene de confirmar la Corte Suprema de
Justicia de la Nación
de la República
Argentina. Coincidentemente, meses antes y pocos días más tarde,
dos jueces de primera instancia de Buenos Aires han pronunciado otros dos
dictámenes de similar naturaleza para con sonadas operaciones urbanas de los
Montoneros en el periodo previo al golpe de las Fuerzas Armadas del 24 de marzo
de 1976, cuando gobernada constitucionalmente el matrimonio Perón (1973-1976):
el secuestro contra pago de rescate de un directivo de la multinacional
Mercedes Benz y el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci.
Es prácticamente “cosa juzgada” en los tribunales nacionales
que la manifestación político-militar de “la tendencia revolucionaria del
peronismo” no llevó a cabo un ataque masivo y sistemático contra la población
civil en los años 70, sobre la base de un patrón represivo, como exigen los
principios reconocidos por Naciones Unidas para imputar que un Estado o un
grupo no estatal haya perpetrado esas infracciones imprescriptibles. Los hechos
violentos de los cuales pueden responsabilizarse a los Montoneros han por tanto
prescripto, y a quienes sufrieron las sangrientas consecuencias, familiares y
allegados, hoy solo los asiste el derecho a la verdad, sin efectos penales.
Al propio tiempo, el artículo que acaba de publicar el
diario El País de España el 29 de julio de 2012 sobre los vínculos
internacionales de ETA, confirma mi investigación periodística en los archivos
de la policía federal suiza, que se reproduce a continuación, cuyo contenido
establece que los Montoneros no tuvieron relaciones con organizaciones o
dirigentes a los que se les endilgan practicas terroristas. Adicionalmente
podría sumarse la condena pública de los Montoneros a la unica operación con
apariencias de guerrilla urbana realizada por argentinos fuera del país en
aquellos años, que constituyó el secuestro en París del jefe de la FIAT en Francia, Luchino
Revelli-Beaumont, el 14 de abril de 1977, cuyo móvil, se estableció, fue de
origen crapuloso.
La desclasificación helvética
Cada quien debe peticionar a título personal ante las
autoridades federales suizas para acceder a los tesoros de documentación en las
bóvedas climatizadas de los subsuelos de los palacios gubernamentales en Berna.
Los documentos puestos a disposición del derecho individual de un periodista
para consultar y publicar basándose en lo abrevado en fuentes confidenciales
oficiales pasaron, en esta ocasión, por el cedazo de una comisión investigadora
bicameral. Se los examinó para ver si estaban pringados por las autodenominadas
P 26 y P 27, una estructura paramilitar bicéfala, equivalente en Suiza a la
famosa Red Gladio de Italia, concebida tras la invasión de los tanques del
Pacto de Varsovia a Hungría en 1956. Estimando inevitable un ataque soviético a
Europa Occidental, se desplegaron entonces en las cloacas de algunos organismos
legales de seguridad de los países integrantes de la OTAN y sus aliados unos
dispositivos ultraclandestinos que actuaban con métodos no convencionales,
financiados mediante fondos reservados desviados a tal efecto, capaces de
resistir y sabotear una eventual invasión de las tropas de Moscú y sus
satélites. Las P-26 y P-27 de Suiza contaban con 400 oficiales que
paralelamente revistaban en puestos diversos de las instituciones políticas y
de defensa oficiales, y 2000 soldados: tenían jefatura, tecnología, material
militar sofisticado, logística e instalaciones autónomas del Ejército y de las
cámaras legislativas locales, almacenando reservas de divisas convertidas en
lingotes de oro. Estos engendros intercambiaban información en los suburbios de
la Alianza Atlántica,
y se ocupaban también de controlar al «enemigo interno», es decir a sus
compatriotas y/o extranjeros residentes que pudieran alentar la «subversión»,
susceptible de favorecer la anunciada agresión externa. Las P-26 y P-27 fueron
disueltas a fines del siglo pasado, sus bienes y armamento confiscados y el
«tesoro de guerra» donado a la
Cruz Roja. Sus bancos de datos pasaron bajo la lupa del
ministerio suizo de justicia y policía para ver si contaminaron los cuerpos de
seguridad del Estado. Las cajas y carpetas de cuyas entrañas surge el
expediente consagrado a los Montoneros, salieron indemnes del examen. El
centenar de folios traslucen el afán por verificar la hipótesis terrorista en
los episodios protagonizados por los rebeldes argentinos por varios países del
mundo, un cometido probablemente justificado por razones preventivas que, sin
embargo, resultó infructuoso. Nota completa
* Periodista
Nota relacionada: Juan Gasparini: “A Lidia Papaleo le es imposible desmentir mi libro sobre David Graiver”
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