Por Prensa Fiscalía Esquel
La
Fiscalía investiga una maniobra con tierras fiscales
realizada en el ejido municipal de Cholila en el año 2010. Este miércoles se
formalizó la investigación en una audiencia a la que asistieron el fiscal
Martín Zacchino, el representante de la querella, Marcelo Macayo y los dos imputados
con su defensor Jorge Williams, además de los damnificados.
La
Fiscalía describió el hecho indicando que se produjo entre el
15 y el 19 de abril del 2010, cuando Gustavo Javier Galindo, en su carácter de Intendente
Interino de la
Municipalidad y Néstor Rubén Becerra en carácter de Secretario
de Gobierno, procedieron, a sabiendas de las obligaciones que la Ley Provincial Nº
3098 ponía a su cargo, a omitir en lo que era de su incumbencia la aplicación
de la ley de tierras fiscales de la provincia del Chubut. Esa omisión se habría
evidenciado al dictar las resoluciones nº 24/2010 y nº 25/2010, en las que se
reconoció derechos posesorios sobre los lotes ubicados en la Circunscripción 3
- Sector 3 del Ejido (09) de la localidad de Cholila, individualizados
catastralmente como Parcela 4 de la
Chacra 11 con una Superficie de 74 ha 58ª 94 ca, y la Parcela 1 de la Chacra 16 con una
Superficie de 7 ha
16ª 11ca pertenecientes a la familia Perry, a personas que jamás habrían
ocupado las mismas. Posteriormente fueron transferidos esos derechos con la
intervención de una escribanía de Esquel a una tercera persona a precio vil.
Por estos hechos se imputa el delito de violación de los
deberes de funcionario público a ambos sindicados.
El defensor solicitó que la investigación preliminar se
restrinja a quince días por el largo plazo transcurrido entre la fecha de
constitución de querellante y la de la audiencia de apertura. También solicitó
que se tome como la normativa que reguló los actos que se cuestionan, a la
ordenanza municipal, no a la ley provincial.
Por su parte Zacchino se opuso a la reducción de plazo
solicitada, calificándolo de irrazonable. Macayo adhirió al planteo fiscal y
acentuó que la provincia no pudo controlar lo que se hizo en Cholila en este
caso.
También señaló que la familia perjudicada pagó la tierra
años atrás, lo que en otros casos fue valorado como derechos a la obtención de
la escritura. El letrado señaló que la ordenanza otorga poderes omnímodos al
intendente municipal sin respetar las ocupaciones previas.
Finalmente la juez Anabel Rodríguez entendió que mas allá de
su postura personal, debe tener a la vista lo resuelto por el Superior Tribunal
de Justicia en otros casos, y lo que establece la reforma del Código Procesal, indicando
que el comienzo de la contabilización del plazo es a partir de la audiencia de
apertura. Además solicitó a los acusadores que procuren acelerar la
investigación para comprimir en la medida de lo posible la duración de la
misma.
Respecto de la norma que debe tenerse en cuenta para
analizar los hechos imputados, señaló que implica un análisis propio de otra
etapa del proceso.
Nota relacionada: La Justicia investiga negociados de tierras en Cholila
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario