Enviado por Darío Aranda
Carta Abierta a la
Excma. Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández
CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio
César Alak
Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel
Fernández
Ref: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros
del Pueblo Qom
Viernes 18 de enero de 2013
Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se
produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo
Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido
investigados satisfactoriamente.
Entre ellos, pueden citarse los casos de:
* Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de
noviembre de 2010 a
la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.
* Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y
delegado del MoCaFor que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad
con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un policía.
* Alberto Galván, jornalero Qom perteneciente a la comunidad
Paraje El Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a
tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.
* Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el
14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos
días antes por un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en
Libertador General San Martín, Pcia. del Chaco.
* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses,
también miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012
tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que
junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de
Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.
* Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad Qompi
Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una
patota el 5 de enero de 2013.
* Daniel Asijak, 16 años, sobrino del qarashe Félix Díaz de
La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta
en su moto, el 9 de enero de 2013.
También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo
gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9
de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto
con su comunidad; su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó
degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos,
perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se repone de las
graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; en los últimos días
(12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro joven, Gerardo
Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco y a
Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios
criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa.
Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos
pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o
asesinados. Tres de estas personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel
Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.
A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques
permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática
de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a
potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan sólo unas horas se conoció
el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae
Napocna Navogoh.
En la mayoría de los casos se han visto involucrados
miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no
amenazar, la integridad de todos los argentinos.
Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran
estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la
reacción de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido
dispar, evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o
incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus
respectivos territorios.
A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos
señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la
poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos
conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.
Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un
fenómeno reciente. Luego de las conquistas militares en la región las
comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron
confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se
detuvo, y que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones
y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la
extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas
armadas y sectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí
1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas
otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de
las comunidades).
Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos
Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos,
y se les reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas
(erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y
consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin embargo, y a contramano de
estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que
abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista
militar.
Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de
la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se
ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas
pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una
renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos
económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el
turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería
nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los
accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años,
período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho
más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios
y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna
y sin ser condenados por sus crímenes.
En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de
ataques similares como los familiares de las personas fallecidas señalan
elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos
ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de
los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede
y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.
La realidad de estas provincias que en estos días nos
preocupa especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país.
Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los
Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los
Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las
consecuencias negativas, durante la
conquista y luego con la colonización, que sufren aquellos que pierden las
guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones
de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y
reservas, en la mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los
ingenios azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la
Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y
sufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades
evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la
desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados al capricho de
las patronales y sus mediadores.
Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios
compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la
justicia. Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por
militantes indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y
organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además
reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como indígenas. La
dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el movimiento
indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes
fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy y desde el regreso
de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes avances, a tono con
los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos
sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la
Constitución de nuestro país, el derecho a permanecer en sus territorios
tradicionales con títulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y
costumbres. Vale además anotar que los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de
referencia de estos derechos sino que su palabra, a través de sus
intelectuales, dirigentes políticos y líderes religiosos, enriquece, interpela
y ayuda al resto de la ciudadanía a construir una sociedad mejor.
Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos
económicos líderes, ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de
modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la
desocupación y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias
del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Más
aún, sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los
dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad Winkul
Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen siendo
detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus
campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando el Estado a
los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la
represión, y estas comunidades, las más activas y organizadas políticamente,
las que más luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente
reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.
Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán
continúa esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12
de octubre de 2009 a
manos de un terrateniente.
También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus
territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con
aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o
el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente
sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario López
del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de
un paro cardíaco frente a las topadoras
el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San
Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino
lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por
sicarios reconocidos).
Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas
en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las
incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con
intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes,
niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted,
para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar
esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas
estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. Si
en un país como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indígenas que son
parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan
muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las
herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la
política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y
acompaña.
Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y
antigüedad de la situación, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los
provinciales la implementación de medidas urgentes y decididas para:
• Utilizar
todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos
casos; incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica y
que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La
reparación debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido
contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros
días.
• Intervenir
en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las
comunidades, dado que está comprobada la relación entre la promoción de los
agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias
y turísticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos
Originarios. Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la
consulta previa a estos Pueblos, a través de sus autoridades tradicionales,
toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus
territorios. El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la
responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del
Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación
adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y
social.
• Intervenir
en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas,
especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de
seguridad y en las expresiones de los representantes políticos, pues es
imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que
todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la
vida.
• Por último,
es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente
estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a
revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado
pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los
Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y
justicia.
La saludamos respetuosamente,
1) Diana
Lenton, DNI 17901607, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y
Política Indígena, Buenos Aires.
2) Diego
Escolar, DNI 18053150, antropólogo, Red de Investigadores en Genocidio y
Política Indígena, Mendoza.
3) Gabriela
Nacach, DNI 22302241, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y
Política Indígena, Buenos Aires.
4) Lorena
Cardin, DNI 22.110.057, antropóloga,
Universidad de Buenos Aires.
5) Valeria
Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y
Política Indígena, Buenos Aires.
6) Luciana
Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Política
Indígena, Buenos Aires.
7) Marcelo
Musante, DNI 23467808, sociólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política
Indígena, Buenos Aires.
8) Mariana
Gómez, DNI 28170891, antropóloga, CONICET, Buenos Aires.
9) Ana Vivaldi,
DNI 25188169, antropóloga, Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá.
10) Alexis
Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y
Política Indígena, Buenos Aires.
11) Gerardo
Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de antropología, Red de Investigadores en
Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
12) Darío Aranda,
DNI 25905483, periodista, Buenos Aires.
13) Osvaldo
Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista, Buenos Aires.
14) Ramón
Navarro, DNI 12646312, músico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja.
15) Jorge Omar
Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires.
16) Luis Piaggi,
DNI 13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos
Aires.
17) Claudia
Salomón Tarquini, DNI 22.676.405, historiadora, Red de Investigadores en
Genocidio y Política Indígena, La Pampa.
18) Luciano
D'Addario, DNI 27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y
Política Indígena, Buenos Aires.
19) Nilo
Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en Desarrollo, Comisión Mapuche La Azotea, Los
Toldos, Buenos Aires.
20) Florencia
Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza.
21) Ramón
Minieri, DNI 5511376, escritor independiente, Departamento de Río Colorado, Río
Negro.
22) Armando
Aligia, DNI 11632231, físico, junta interna de ATE del Centro Atómico
Bariloche, Río Negro.
23) Carlos Paz,
DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires.
24) José Luis
Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut.
25) María de los
Ángeles Vivardo, DNI 20499490, docente y antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos
Aires.
26) Marcelo
Giraud, DNI 20112286, geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
27) Karen
Avenburg, DNI 28549080, antropóloga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos
Aires.
28) Mónica Padin,
DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Río Negro.
29) Marina
Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y docente, Lago Puelo.
Por favor, difundir.
Adhesiones HASTA EL 25/1/13:
Enviar NOMBRE, DNI, OCUPACION, PERTENENCIA O AGRUPACION,
LUGAR a gabicolombina@yahoo.com.ar
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Ya adherí y otras personas amigas también pero no aparecen las firmas en la Carta abierta, cómo se puede ver cuántas personas más firmaron? Gracias
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