Por Fundación Ecosur – Sede Patagonia Norte
Repudiamos los ataques dirigidos a organizaciones compañeras
por su activa defensa y resistencia ante el avance de las industrias
extractivas y la impunidad gubernamental.
Eduardo Sosa, presidente de la ONG mendocina Oikos Red
Ambiental, ha sido querellado por calumnias e injurias por la minera canadiense
Coro Mining. Mientras que Andrea Mazieres, Sebastián Di Martino, Gabriela Frigo
y Carolina García, técnicos de la
Dirección de Áreas Protegidas de la provincia de Neuquén,
recientemente fueron sumariados por no ser funcionales al avance del fracking
sobre el Área Protegida Auca Mahuida.
Luego de ser rechazado el proyecto minero ‘San Jorge’, en la
localidad mendocina de Uspallata, los directivos de la empresa lanzaron un
ataque contra las organizaciones que han resistido su instalación. En ese marco
Eduardo Sosa fue demandado por haber expresado su opinión, al publicar una
carta abierta. La organización Oikos, que encabeza, ha mantenido una histórica
lucha no sólo contra las mineras, sino también ha resistido fuertemente los
intentos de YPF y el gobierno provincial de extraer hidrocarburos de la Reserva Natural
provincial Llancanelo.
Pero no es sólo la provincia de Mendoza la que sacrifica
áreas protegidas de la provincia en pos de la profundización del modelo
extractivista; Neuquén es otro triste ejemplo a tener en cuenta. Desde hace
meses los trabajadores de la
Dirección de Áreas Protegidas se encuentran luchando frente a
la avanzada petrolera sobre Auca Mahuida. Los informes técnicos elevados por
ellos demostraron graves incongruencias y errores en los Estudios de Impacto
Ambiental presentados por la petrolera francesa Total, previos a la perforación
de un pozo para extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales
dentro de la reserva natural. A pesar de esto, el gobierno neuquino otorgó el
permiso a la empresa Total, marcando un repudiable e inédito antecedente a
nivel global de aplicación de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en
un área natural protegida. Cabe aclarar que esta forma de extraer hidrocarburos
no sólo está prohibida en Francia y otros países, sino que encuentra amplia
resistencia en distintas partes de la Argentina.
En tiempos donde el gobierno nacional y las autoridades
provinciales despliegan su arsenal para que la minera Vale no abandone el
proyecto Potasio Río Colorado, los justos reclamos del pueblo son acallados y
reprimidos. Las medidas aleccionadoras se acompañan de la apertura de amplias
zonas a merced de empresas, incompatibles con el bienestar sanitario y
ambiental de las poblaciones. En definitiva, la creación de ‘zonas liberadas’
para el avance corporativo por parte del Estado no es una excepción sino una
regla donde las bases de democracia y soberanía popular son puestas en jaque.
Reivindicamos la resistencia y la soberanía popular como
justo y emancipador ejercicio del pueblo.
Reivindicamos el derecho humano a la libertad de opinión y
expresión sin que por este motivo seamos blancos de judicialización, represión
o cualquier otra forma de criminalización.
Reivindicamos la solidaridad y acudimos a ella para
multiplicar este mensaje. Alentamos la difusión de las voces de Eduardo Sosa y
los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Áreas Protegidas para frenar estos
atropellos.
Asamblea Permanente por el Agua del Comahue – Biorregión
Norpatagónica, Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Asamblea Popular de
Zapala, Confederación Mapuce de Neuquén - Zonal Xawvn Ko, FM de la Calle, Foro Ambiental y
Social de la Patagonia
- Comodoro Rivadavia, Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén
(Foperma), Fundación Ecosur - Buenos Aires, Fundación Ecosur - Patagonia Norte,
Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking, Observatorio de Derechos Humanos de
Pueblos Indígenas (ODHPI), Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Oikos Red
Ambiental, Radio La
Colectiva Chapal 91.1, Taller Ecologista, Trabajadores de la Dirección de Áreas
Protegidas de la Provincia
de Neuquén, Trabajadores del Parque Nacional Calilegua.
Nota relacionada: Neuquén: sancionaron a trabajadores que denunciaron actividad petrolera en áreas protegidas
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