Por Darío Aranda
Una petrolera estadounidense en territorio mapuche,
denuncias de contaminación y la judicialización de comunidades indígenas. Es la
situación en Portezuelo Chico (Neuquén), donde la compañía Apache Corporation
explota nueve pozos en territorio de la comunidad Winkul Newen y se produjo
derrame de petróleo. “El Poder Judicial siempre ha estado a favor de la
petrolera y del gobierno provincial, garantizando la explotación a costa de
nuestras vidas, desconocen nuestros derechos”, afirmó Relmu Ñamku, integrante de
la comunidad. A pesar de haber violado convenios internacionales y leyes
nacionales que obligan a consultar a la comunidad, la jueza Ivonne San Martín
autorizó el ingreso de la petrolera y procesó a dirigentes mapuches.
En octubre pasado, la comunidad Winkul Newen denunció un
derrame petrolero de un ducto en Portezuelo Chico (a 25 kilómetros de
Cutral-Có, donde Apache tiene nueve pozos). La comunidad cerró el ingreso a sus
3000 hectáreas
y exigió una mesa de diálogo para la remediación ambiental y discutir el
impacto social y cultural. “Hay incontables derrames en el yacimiento. Una
mañana nos levantamos y había ‘llovido’ petróleo. La contaminación es una
constante”, advirtió Ñamku.
El 28 de diciembre, la jueza de Zapala Ivonne San Martín
ordenó que la comunidad liberara el paso a la petrolera. La comunidad resistió
la medida en la tranquera y, pedrada mediante, la auxiliar de Justicia Verónica
Pelayes sufrió rotura de tabique nasal y cinco puntos de sutura. Fueron
detenidas tres autoridades mapuches.
Comenzó entonces una campaña mediática en Neuquén que hizo
hincapié en la “violencia mapuche”. El abogado de Pelayes, Julián Alvarez,
argumentó que la pedrada “fue un intento de homicidio” y llamó a los mapuches
“delincuentes que viven en la ilegalidad”. Alvarez es abogado de la Sociedad Rural de
Neuquén y defensor del ex juez de la dictadura militar Pedro Laurentino Duarte,
acusado por organismos de derechos humanos de colaboracionista de la última
dictadura militar.
El 26 de enero, el gobernador Jorge Sapag también denominó
“violentos” a los integrantes de la comunidad Winkul Newen.
Organismos de derechos humanos emitieron un comunicado
conjunto: “Nos duele el rostro desfigurado de Verónica Pelayes y lo lamentamos
profundamente. También nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos,
discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad.
¿Será que los integrantes de las comunidades indígenas y campesinas deben estar
presos porque defienden sus territorios de los avances ambiciosos de las
empresas transnacionales y de los gobiernos?”. La nota lleva la firma de Mesa
Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos (MEDH), la Asamblea Popular Zapala, la Pastoral Social
local y el obispo emérito Marcelo Melani, entre otros.
El 14 de febrero, la empresa –con policías y seguridad
privada– volvió al territorio mapuche e intentó ingresar. La comunidad denunció
que estaba “sitiada” por la empresa y apuntó al papel del Poder Judicial.
“Siempre ha estado a favor de la explotación petrolera, jamás se han preocupado
por la falta de agua o la contaminación. Pero cuando bloqueamos el ingreso de
la empresa, siempre los jueces mandan despliegues policiales increíbles. La
jueza San Martín es un ejemplo de esa ‘Justicia’, es una jueza antimapuche”,
acusó Ñamku y exigió el cumplimiento del derecho a consulta vigente en tratados
internacionales a los que Argentina suscribió.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
(Odhpi) denuncia desde hace cinco años la judicialización de la lucha del
pueblo mapuche. Afirma que, sólo en Neuquén, hay 250 dirigentes indígenas
judicializados por defender el territorio. En su informe anual 2010 “Los
derechos humanos del pueblo mapuche” les dedican un apartado como “emblemas de
discriminación” a las juezas Ivonne San Martín y Carina Alvarez: “Tienen una
actitud ‘militante’ en contra del pueblo mapuche y un abierto desafío al
cumplimiento de la
Constitución y de los tratados internacionales. Se han
destacado por sus reiteradas y sistemáticas negativas a reconocer los derechos
indígenas. Hacen una decidida utilización de la policía para desalojar y
disciplinar las resistencias indígenas”.
La petrolera Apache Corporation tiene presencia en
Australia, Estados Unidos, Egipto, Reino Unido, Canadá y Argentina. Apache –que
no respondió los llamados de este diario– realizó en 2011, también en
territorio mapuche y en las afueras de Zapala, la primera perforación en
América latina con la técnica de “multifractura horizontal” (una de las formas
de “fracking”, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen
la roca y extraen el hidrocarburo). Una técnica muy cuestionada por sus efectos
socioambientales y prohibida en Irlanda del Norte, Bulgaria y Francia.
Relmu Ñamku remarcó que el conflicto se da en “un contexto
en el que el gobierno nacional, provincial y empresas, entre ellas Apache, han
firmado acuerdos para la explotación petrolera convencional y avance del
fracking”. E insistió con la necesidad de una “mesa de diálogo”.
Nota relacionada: Neuquén: una comunidad mapuche reclama que se prohíba el fracking en toda la provincia
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