Por Hernán Díaz Varela *
Hoy, 25 de abril de 2013, mientras el kirchnerismo está
sacando con fórceps la aprobación en Cámara de Diputados de una reforma
profunda del sistema judicial presentada como “democratización de la justicia”,
es conveniente recordar cómo comenzó esta algarada.
A mediados de diciembre del año pasado, un fallo de la
justicia tucumana absolvió a los imputados por el secuestro y desaparición de
Marita Verón, hecho ocurrido hace más de diez años y que sigue irresuelto.
En ese momento, escuchamos por primera vez la frase
“democratización de la justicia” en boca de la Presidente de la Nación quien, aprovechando
oportunamente la furia popular generada por esta sentencia, fustigó a los
magistrados como si el kirchnerismo hubiese llegado al poder diez minutos
antes. Más cristinista que Cristina, la Procuradora General
militante Alejandra Gils Carbó armó rápidamente la agrupación “Justicia
legítima” mientras los diputados Diana Conti y Marcelo Fuentes salían a invadir
los medios oficialistas –es decir, la inmensa mayoría- para instalar el tema y
darle tiempo a Carlos Zannini y al camporista Julián Álvarez –secretario de
Justicia que habla en lugar del impresentable ministro Julio Alak- a darle un
cacho de sustancia a ese enunciado. Algunos hechos de los meses posteriores le
permitieron al gobierno nacional ganar tiempo: entre las vacaciones de verano
-que siempre distienden el clima político-, la muerte de Hugo Chávez y la
elección de monseñor Bergoglio como nuevo Papa, se elaboró un paquete de leyes
que modifica la composición y el procedimiento de elección de miembros del
Consejo de la
Magistratura y amplía su número, crea nuevas Cortes de
Casación y modifica el régimen de las medidas cautelares limitándolas en el
tiempo.
Estos proyectos, presentados como la más profunda reforma
judicial de los últimos cien años se aprobó en tres días en el Senado, y a la
semana siguiente ya estaba en Diputados.
Todas las normas de este paquete apuntan a un mismo fin:
someter al Poder Judicial al Ejecutivo de turno. Como el Congreso ya funciona
como una escribanía de la
Presidencia, con la llave para nombrar jueces o iniciarles
juicio político se logra la suma del poder público. Ni Juan Manuel de Rosas
hubiese violado con tanta enjundia el art. 29 de la Constitución Nacional.
Lo curioso es que, con estas leyes aprobadas hoy a la
madrugada a los sopapos y con vertiginosa velocidad, en el año 2003 el ex –
presidente y actual senador riojano Carlos Saúl Menem hubiera controlado la
mayoría de los consejeros en el Consejo de la Magistratura, ya que
obtuvo el 25 % de los votos frente al 22 % de Néstor Kirchner y, como lo
establece este nuevo texto legal, hubiese podido designar jueces afines a su
antojo o impulsar juicio político a los díscolos cuando quisiera ¿Interesante,
no?.
Cabe puntualizar que durante la votación de esta ley de
comisariato político sobre los jueces hubo dos diputados, la neuquina Alicia
Comelli y el santafecino Juan Carlos Forconi, que expandieron ad infinitum el
significado del término “borocotización” cuando en unos minutos cambiaron sus
votos en la votación en particular bajo la amenaza directa con amague de
puñetazos del presidente del bloque oficialista, el “Chivo” Agustín Rossi, y la
connivencia del presidente de la
Cámara, Julián Domínguez. La nueva votación propuesta fue
claramente ilegal, ya que ambos diputados tuvieron la misma oportunidad que los
demás 128 para poner su dedito en el botón de “voto positivo”, al igual que la
centena que votaron negativamente. Si se equivocaron, se confundieron o no
estaban atentos, no lo sabemos y, en el fondo, no tiene relevancia. Cualquier
explicación en ese sentido sería una confesión de la propia torpeza.
De todos modos, la única posibilidad de poner orden en esta
barbarie legislativa está hoy en manos de ese poder contra mayoritario que debe
operar de una vez por todas como garante del Estado de Derecho.
Es cierto que la lentitud del Poder Judicial tiene dimensión
ontológica, y que sus procedimientos y decisiones generan desencanto, hastío y
hasta sospechas que se cristalizan en frases como justicia lenta no es
justicia, hay una justicia para los ricos y otra para los pobres, los jueces no
comprenden los problemas de la sociedad, son un poder corporativo y otros
enunciados que son aprovechados y prolijamente repetidos por los propaladores
oficialistas seis, siete, ocho veces al día.
También es cierto que, en vez de curarse en salud, la
familia judicial muchas veces se abroqueló en sus privilegios y prefirió
conservar su statu quo antes que tomar a tiempo decisiones que consolidaran
garantías ciudadanas frente al poder casi omnímodo del Estado.
En esta situación el régimen de populismo plebiscitario que
impone el kirchnerismo –de endeble constitucionalidad pero de indudable
efectividad, al menos en el corto plazo- pasa el rasero a la división de
poderes so pretexto de una eventual mayoría electoral que, según esta
concepción, habilita al gobierno de turno a hacer lo que se le ocurra,
sacudiéndose de encima los controles y límites que la propia Constitución
prevé; y aplica exactamente la misma estrategia para el tratamiento de todos
los temas polémicos como la inseguridad, la inflación, el lavado de dinero, la
fuga de capitales, el sobreprecio en la obra pública, la falta de obras de
infraestructura esenciales, el cepo cambiario, la corrupción institucional y
otras cuestiones sensibles: primero la negación, luego la relativización,
seguida por la desacreditación de los denunciantes y su estigmatización como
enemigos de la Patria,
del Modelo (sea lo que fuere eso) y del proyecto nacional y popular. Así, como
la única herramienta que este gobierno autoritario conoce es el martillo, todos
los problemas son clavos. Y allí donde el relato choca contra la realidad, peor
para la realidad.
La última palabra la tendrá la justicia. ¿Será Justicia?
* DNI 17.536.512
Nota relacionada: Binder y la no reforma judicial: así dolió la astilla del mismo palo
3 Comentá esta nota:
Me parece que hiciste un diagnóstico y análisis del Poder Judicial con bastante liviandad y minimizando y naturalizando la corrupción instalada, los privilegios que ostenta, complicidad en delitos graves, ausencia, etc, etc, etc.
Patricio Escobar Pla dijo...
Para el Señor Diaz Varela, de ilustrisimos apellidos, y consecuente con ello, arcaicos pensamientos, siento que sus opiniones se presenten en Puerta E, donde es dificil refutar . Su comentario es para que la justicia siga absolviendo a
criminales, comos los de Trelew o los proxenetas de Tucuman; la justicia de la impunidad, y de la lentitud, cuando esta conviene al poder económico, que paga jueces y viajes de placer, esa es la justicia que Diaz Varela quiere?, es tan impresentable como para seguir haciéndole el juego a quienes, no pagan impuestos y gozan de todos los privilegios.
Valeria y señor Patricio, por favor, relean el artículo sin prejuicios. No creo, como ustedes señalan, que la justicia esté funcionando de maravillas ni mucho menos. Y eso lo digo en el artículo, de modo claro, en párrafos 9 y 10. Y en cuanto al ataque personal del señor Patricio, que no me conoce, no requiere ninguna respuesta pues es simplemente un insulto típico de aquel que se queda sin argumentos y, en vez de refutar con razones, agrede. Advierta el señor Patricio que ese adjetivo, "impresentable", es el que yo utilicé para calificar al Ministro de Justicia. pero Ud. insiste en que yo defiendo al Poder Judicial tal como está. En fin, me hago responsable -como siempre- de lo que digo y escribo, pero no puedo hacerme cargo del analfabetismo funcional y la incomprensión de algunos lectores. No implica que deban compartir una opinión, simplemente se requiere algún respeto en la respuesta. Lo que sí me queda claro de ambos es que la Constitución y el Estado de Derecho les parecen cuestiones menores. Saludos a los lectores
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