Postal de la década. "Viva la Pacha Mama",
exclaman mientras atrás desmontan. Tomado del video de Gonzalo Infante en el desalojo de ayer
en Santiago del Estero.
Por Darío Aranda
Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos,
fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión
sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y
los asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas.
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en
2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería
también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento).
Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década
del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con
consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos,
desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de
tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las
corporaciones. Balance de una década extractiva.
Soja
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba
12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas
cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56
por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de
manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en
marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno
de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en
informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el
Ministerio de Agricultura de la
Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la
profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción
granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie
sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42
millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre
territorios campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites
inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los
Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras
consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia
INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las
explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57
por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el
tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy
pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina
Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro
Nacional de la
Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto
(organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las
organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo
que falta”.
“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores
populares y de los mercados internos han brindado alivio a la
resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El
gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de
concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de
nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual:
“El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y
concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme
dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.
Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas. Nota completa
Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas. Nota completa
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