Por Asociación Pensamiento Penal
Enviado por Juan Manuel Salgado
La
Asociación Pensamiento Penal expresa su preocupación y
rechazo a las declaraciones formuladas por el Gobernador de la provincia de Río
Negro, Alberto Weretilneck, reproducidas por el diario “Río Negro” bajo el
título: “NO HAY ATENUANTE QUE VALGA PARA MENOR QUE MATA”1, donde efectuó “Un
fuerte llamado a la Justicia
para exigir ‘el castigo máximo’ a quienes atentan contra el personal
policial" y, entre otras afirmaciones, sostuvo:
"Un menor no tiene menos responsabilidades que un
mayor a la hora de cometer un homicidio. Aquí no hay atenuantes que
valgan"
"Si es un menor y es capaz de matar, significa que
no sólo es un peligro para la policía, sino para toda la sociedad. Desde este
lugar, queremos pedir al Poder Judicial la máxima pena, el máximo castigo para
quienes atacan, lastiman, agreden y matan a nuestros policías, que tienen la
sagrada misión de salvar vidas"
"A veces si nos apegamos a lo que dice la ley ¿qué
hace el juez con un menor? Se lo devuelve a la familia, y devolver cierto menor
a la familia significa darle el arma nuevamente para matar, por la situación
psiquiátrica y de adicción que tiene ese chico. Por eso a veces no hay que
apegarse tanto a la ley, hay que tener más sentido común".
"Uno puede entender la conflictividad de un menor
en un desorden, o puede entender distintas dificultades que se den, lo que no
puede aceptar una sociedad y el Estado, es que un menor asesine a sangre fría y
que esto signifique que siga teniendo las mismas libertades y garantías que
podía seguir teniendo por ser menor".
Esta clase de declaraciones generan falsas expectativas a la
sociedad y evidencian un desconocimiento palmario de la normativa que regula
los derechos de la infancia y, en especial, de los jóvenes en conflicto con la
ley penal.
La idea de que algunos niños nacen “malos” y se encuentran
destinados a ser violentos no tiene el apoyo de las investigaciones realizadas
sobre el desarrollo infantil. El comportamiento violento de los niños a menudo
tiene su origen en la violencia de los adultos hacia ellos que, normalmente, se
produce en sus hogares, en las calles, en los institutos, por las fuerzas de
seguridad.
Desde ese lugar, las teorías negativas, así como sus
propuestas punitivas (progresivo endurecimiento de esta jurisdicción especial y
el reclamo de una mayor equiparación con la de adultos) no pueden prosperar.
Las actitudes de rechazo, castigo o represión, que se
fundamentan en una distinción entre “los buenos y los malos”, se materializan
en manifestaciones verbales de condena, belicosidad en el trato a los jóvenes,
penas máximas, tolerancia cero, mano dura, causando una magnificación del
problema. El represaliado aumenta su enemistad con el represor y el círculo
vicioso se retroalimenta, generando mayor resentimiento cuanto más duro es el
castigo. Los estigmatizados se reagrupan al sufrir la misma persecución,
llegando a asumir su rol gracias al etiquetamiento, aprendiendo aún mas
técnicas y orientaciones transgresoras, evidenciándose con ello, que la
retribución, en sí misma, no es la solución, sino todo lo contrario.
Por lo demás, la capacidad de motivación en las leyes de los
jóvenes es diferente a la del adulto, y, en aras al principio de igualdad, los
desiguales deben ser tratados desigualmente. En la medida en que el menor de
edad posee capacidades cuantitativa y cualitativamente disminuidas, diferentes
a las del adulto, su capacidad de culpabilidad y su responsabilidad también lo
serán.
Sobre esa base, los niños transgresores de normas penales no
pueden ser tratados por la jurisdicción penal de adultos, ni equipararse a
éstos. Y, como máximo, de apostar por una jurisdicción especial de niños,
deberá tener un talante distinto, educativo y no retributivo:
ofrecer al trasgresor aquello que no tuvo. El tema de la
responsabilidad del menor de edad, distinta a la del adulto es, pues, crucial
para neutralizar esa demanda populista.
Cuando se habla de la violencia de los jóvenes, se olvida el
tratamiento que ellos han recibido, y en ese olvido se les “responsabiliza” y a
través de medidas y anuncios punitivos se buscan soluciones que es imposible
que lleguen.
No es posible solicitar al organismo del Estado encargado de
aplicar las leyes “UN NO APEGO A LAS
NORMAS”, pues con ese fin fue creado el Poder Judicial, como custodio,
protector y garante del cumplimiento y respeto por los derechos humanos y las
garantías constitucionales. De lo contrario no existirían garantías de justicia
para ningún ciudadano, comprometiéndose con ello las bases del Estado
Democrático de Derecho y quedando abiertas las puertas al castigo desmedido; a
la ley del talión.
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