Por Darío Aranda *
En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de
campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal,
según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra
en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 personas. En la mitad de los
casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que
abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas
dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el
inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación
tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los
agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de
Agricultura de la Nación.
“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de
los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de
96 carillas y realizado por la
Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en
2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos
fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es
“una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.
Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA
concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA
(19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero,
Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve
años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6
por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están
amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos
décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica
ese derecho.
De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos
indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado
en el marco de la Ley
26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un
mapeo catastral).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras
“privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras
fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras
mixtas.
El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números
son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la
vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia , el saneamiento
de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan
permanecer donde siempre vivieron”, explicó.
El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado.
“Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan
ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por
ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta,
Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking
de amenazas.
El relevamiento oficial afirma que los conflictos
territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la
megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios”
con títulos dudosos.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina
Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe.
“Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría , haga
un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios,
así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más:
“Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a
la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los
agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.
“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora
necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo
y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo.
El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia
de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera
completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000
explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los
problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las
explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las
hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más
grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.
El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos.
“La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas
implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y
reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la
necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no
cumplen su función social.
Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas
públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en
la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder
Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y
recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual
supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables
por la reproducción de la concentración agraria”.
* Publicado en Página/12
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