Por Asamblea de Bariloche contra la Megaminería
Desde hace un tiempo se viene incrementando la peligrosa
estrategia de usar elementos judiciales para desanimar las luchas sociales.
El modelo de saqueo y
contaminación repite etapas ya aplicadas en otras latitudes y eso se está
reflejando claramente en la región patagónica. Ya se ha explicitado que los
caminos que recorren las corporaciones para avanzar sobre los territorios
comienzan con la complicidad política, que se encarga de facilitar las
condiciones para que sucedan, sin importar si esas condiciones generan
contaminación, abuso del agua o muerte. Acto seguido se miente a las
comunidades, se falsean datos, se
manejan acuerdos a escondidas y se busca imponerlos a toda costa. Esto es
lo que genera grandes desacuerdos entre
los políticos de turno y los pueblos que alzan su voz para decir no. Tal es así
que ya hay un mecanismo para contrarrestar estas oposiciones. Dentro de este
mecanismo la represión es la consecuencia lógica, porque el diálogo o la
consulta popular no aprueban la realización de estos emprendimientos. Por esa
razón no es de extrañar que el acuerdo YPF-Chevron, votado hace muy poco en
Neuquén, previo acuerdo con el gobierno Nacional, haya terminado en una
revuelta que incluyó gases, balas de goma, y hasta un herido de bala de plomo.
Y menos aún extraña que la sesión de la legislatura de Neuquén haya continuado
la represión acusando por diversos medios a los manifestantes de
antidemocráticos.
Siendo la represión la consecuencia lógica, hay varias
etapas previas que incluyen amenazas, hostigamientos y muertes dudosas. Hay una
etapa que se está afianzando en la región patagónica en referencia a las luchas
contra las corporaciones del saqueo, que es el uso y abuso de los mecanismos
judiciales para silenciar las voces de los que luchan contra estos proyectos.
Se sabe bien que la justicia instrumenta las maneras de dibujar condenas y
causas. Esta etapa de la imposición no evita llegar a lugares ridículos con tal
de escarmentar al que se manifiesta.
En Esquel, en la movilización del 4 de julio del 2012 de
alrededor de 400 personas, Ricardo Bustos, en ese tiempo gerente de relaciones
públicas de “Minas Argentinas” subsidiaria de Yamana Gold y periodista de FM
del Lago 105.5 (el mismo que junto a otras cinco personas amenazó al cantante
Axel en el marco de la fiesta del esquí hace escasas semanas), embistió con su
vehículo contra varios manifestantes, entre los que se encontraba Emanuel Vera.
La situación es grotesca ya que Bustos acusa ahora a Emanuel Vera por
abolladuras de su vehículo. Y por más ridícula que parezca la situación el
Ministerio Público Fiscal pretende pedir seis de meses de prisión condicional
para el compañero.
Más recientemente, el Juez de Paz de El Hoyo sanciona
injustamente y sin pruebas reales por los hechos ocurridos en la marcha del 20
de abril contra la trata y la explotación laboral, a la compañera Nora
Corvalán.
Cabe recordar que en
Rawson ocurrieron dos hechos graves: el primero fue el ataque a los
vecinos, fuera de la legislatura, por parte de la patota de la UOCRA el 27 de
noviembre de 2012, sin recibirles denuncia en la comisaría. La segunda agresión
fue dentro de la legislatura, el 19 de septiembre pasado, donde los asistentes
en contra del acuerdo con Tecpetrol fueron amenazados y arrinconados por la
patota petrolera, y posteriormente desalojados por la policía del recinto de la
legislatura sin recibirles denuncia, nuevamente, ni la policía ni la fiscalía.
Lo más preocupante es que los vecinos, para garantizar su seguridad, tengan que
recurrir a un juez, como en el caso de Trelew, que acaba de hacer lugar al
hábeas corpus presentado por los ciudadanos que denunciaron agresiones del
gremio petrolero y de la Policía.
Existen además causas abiertas en abril de este año a
vecinos del Foro Ambiental y Social de Puerto Madryn, por realizar pintadas
contra la megaminería, el saqueo y la contaminación.
Por otra parte, como parte de la mordaza judicial que se
intenta aplicar a los reclamos sociales, la jueza Iris Pacheco a cargo del
Juzgado Laboral nro. 2 de Comodoro Rivadavia que tramita la acción de amparo
interpuesta por Marcelino Pintihue por violación de los derechos indígenas en
la pretendida explotación del yacimiento
El Trébol, intenta impedir la
presencia de asambleas y público interesado en las audiencias judiciales, que
son públicas.
Denunciamos que la justicia actúa de manera muy
discrecional. Se muestra usualmente muy
lenta en resolver casos de asesinatos (Daniel Solano en Neuquén, Sergio
Cárdenas y Nicolás Carrasco en Bariloche, Coco Garrido en El Bolsón, etc),
casos de trata, incluso un jefe de policía de Río Negro fue denunciado por la
ex defensora del pueblo de Río Negro, o agresiones como la que sufrió Mauro Velázquez durante una marcha en
Bariloche. Por el contrario ha actuado
rápidamente para criminalizar la protesta social, en los casos de presuntos
delitos o contravenciones de los manifestantes. Los derechos individuales y
colectivos son negados y ninguneados por un poder judicial claramente afín a
proteger a ciertas personas, grupos y corporaciones.
Son las maniobras y actitudes arbitrarias
de la justicia las que dan origen a nuestro llamado de atención repudiando su accionar como organismo de presión para
silenciar las manifestaciones de
protesta. Frente a esta estrategia, la
nuestra es seguir en la calle, marchando y cantando, en defensa de nuestros
derechos y los derechos de la naturaleza que nos permite la vida.
Nota relacionada: Criminalización de la protesta: repudio de la Asamblea contra la Trata y la Explotación Laboral
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