Fuente: Diario Río Negro
Por Sergio Escalante sescalante@rionegro.com.ar
CHOELE CHOEL (AVM).- Daniel Solano sigue siendo una
incógnita, un silencio profundo que duele. A dos años de su desaparición, el
caso Daniel Solano abarcaría muchos delitos que parecían haber quedado atrás:
desaparición de personas, trabajo esclavo, trata de personas, connivencia
policial, empresarial, judicial y política, desprecio a comunidades originarias
y a inmigrantes.
A dos años, la pregunta retumba en las paredes y en los
postes de la ciudad, en la grafitis y en los trapos hechos jirones: ¿Dónde esta
Daniel Solano?
A dos años, el silencio huele a complicidad, a atrocidad, a
espanto.
Daniel, un joven de 27 años de la comunidad Misión Cherenta,
de Tartagal, Salta, recorrió en el 2011, 2.300 kilómetros
en plan de trabajo. Era su tercera temporada en la comarca del Valle Medio.
Había llegado el 10 de octubre para comenzar con las primeras tareas en los
montes de manzana en una frutícola de Lamarque. La noche del 5 de noviembre fue
con un grupo de trabajadores norteños a un boliche de Choele Choel; pasadas las
3 fue retirado por la policía y nunca más se lo vio.
La causa mantiene a siete policías detenidos, acusados de
secuestrar, golpear y asesinar al joven; y a otros 15 acusados de encubrir el
caso o violar sus deberes. A pesar de todo, el enorme cono de sombra y silencio
alrededor de la desaparición de Solano persiste. Nada se sabe del destino del
joven trabajador.
En diciembre de ese año, el abogado de los Solano, Sergio
Heredia, admitió lo que todos temían: "Daniel está muerto".
A partir de ese momento comenzó también un camino paralelo
transitado por las huestes políticas. Los siete jefes comunales del Valle Medio
pidieron a través de un documento apartar de la investigación a la jueza
natural de la causa, Marisa Bosco, y al fiscal Miguel Ángel Flores, a quienes
acusaron de no haber hecho lo suficiente para dar con Solano. Detrás estaba el
respaldo del gobierno provincial, en ese momento encabezado por Carlos Soria.
La causa cayó entonces en un juez civil, desde ese momento dedicado
exclusivamente al caso, Víctor Darío Soto, y en el fiscal Guillermo Bodrato.
Luego pasaría a manos de la jueza Natalia Costanzo, y tras su alejamiento, al
juez Julio Martínez Vivot, quien está ahora al frente de la investigación.
Con el correr de los días aparecieron indicios de la
participación policial y así Soto ordenó el 19 de julio de 2012 la detención de
siete uniformados. Cinco vivían en Choele Choel, uno en Lamarque y otro en
Sierra Grande. Ese día, a primera hora, ocho vehículos de Gendarmería Nacional
con más de 30 efectivos arribaron al Valle Medio para concretar las
detenciones.
¿Por qué desapareció Solano? Detrás de todo podría haber
causas mucho más complejas y oscuras que las de otros tristemente comunes casos
de violencia policial. La hipótesis señala que Solano fue captado por un grupo
de policías vinculados a la empresa para la que éste trabajaba, para darle un
"escarmiento" pero "se les fue la mano". La protesta de
Solano era para reclamar por las condiciones laborales a las que él y sus
compañeros estaban siendo sometidos.
Según la versión policial, Solano se encontraba borracho en
el boliche y generando desorden. Ese fue el motivo por el cual lo sacaron y de
inmediato lo dejaron en la vereda.
Aunque el joven acababa de cobrar su quincena, les dijo a
algunos de los que lo acompañaban que no tenía dinero. En rigor, sus amigos le
pagaron la entrada al lugar y los tragos.
La trama alrededor del caso es mucho más compleja. Tras ella
se dejan ver el trato que reciben los trabajadores de temporada; la dudosa
participación de cooperativas de trabajo como "Agro Cosecha", la
asociación que trajo a Daniel a la zona y que funciona como empresa de servicio
de grandes compañías frutihortícolas; la desnudada relación entre agentes de seguridad
provinciales y esas empresas, que en muchos casos los utilizan como fuerzas de
choque contra los trabajadores.
Todos estos puntos aún no han sido tratados a fondo por los
organismos que deberían hacerlo. Un paso adelante, en este caso, lo dio el
fiscal Bodrato, quien anunció una denuncia por "trata de personas con
fines de explotación laboral". De hecho este año, agentes de la Policía Federal
allanaron las instalaciones de la cooperativa "Trabajo Argentino" –ex
Agrocosecha–, en Lamarque, buscando indicios.
En tanto poco menos de un mes atrás, con participación de
peritos de Gendarmería, ayudados con equipos especializados en la búsqueda de
restos, se hicieron pericias en la comisaría local y en las dependencias de la Regional IV de
Policía. Y aunque aún se esperan los resultados, por esos días se pudieron
constatar construcciones sospechosas en la unidad policial de Choele.
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