Por
Frente Unidad Sur
Ya es
conocida la intención del gobierno provincial de avanzar en la megaminería a
cielo abierto en Chubut. Para ello, cuenta con el impulso (o la exigencia) del
gobierno nacional y la actitud cómplice de muchos actores de los partidos
tradicionales.
Esta
intención se da en un contexto que es verdaderamente antidemocrático, por
varias razones. En primer lugar, el gobierno no informa debidamente a la
población de los riesgos de este tipo de explotación. Y esto es un criterio
democrático elemental: comunicar a los representados si lo que el gobierno va a
hacer los va a afectar y de qué modo. En segundo lugar, el gobierno tampoco
presenta a la opinión pública sus lineamientos de explotación de los recursos
naturales. Todo se reduce a un acuerdo tras bambalinas, rodeados de rumores y
de borradores de leyes o decretos que solo cobran visibilidad horas antes de
ser aprobados. En tercer lugar, se ignora la opinión de sectores importantes de
la comunidad, vecinos, organizaciones sociales, especialistas académicos, que
desde hace años analizan estos temas, tienen opinión formada y quieren
transmitirla al gobierno. Ya sabemos lo que suele ocurrir con estos ciudadanos
cuando van a la Legislatura provincial: se los corre a palos.
Esto
último no es un detalle menor. La gran minería no cuenta con eso que se
denomina “licencia social”, lo cual es un requisito excluyente para dar inicio
a este tipo de emprendimiento. Acá hay lobby y mucho negociado, pero no ha
consenso.
En los
últimos tiempos, el gobierno viene intentado infructuosamente aprobar una
legislación que permita el avance en la exploración y explotación minera
contaminante a cielo abierto y también la instalación de yacimientos de
minerales que son críticos por su carácter radioactivo. Este es el caso del
uranio, el “tesoro” que el gobierno quiere extraer para el bien de todos.
La
metodología de la aprobación de marcos legales de manera veloz y sin discusión
no es nueva. Sucedió en el 2007 con el contrato con PAE y hace apenas unas
semanas, con el contrato de Tecpetrol. Sin dar ningún aviso público, el
gobierno abrió la puerta al fracking. Es lamentable que se continúe por esta
senda, burlando la opinión pública y los intereses del pueblo.
La
violencia contra las organizaciones sociales y ambientales
Para
remarcar la hipocresía de la declamada “licencia social”, recordamos que, hace
ya algunos meses, con motivo del tratamiento en la Legislatura del Chubut del
pretendido Marco Regulatorio de las Actividades Mineras e Hidrocarburïferas,
los compañeros militantes de las asambleas sociales y ambientales fueron
agredidos y salvajemente golpeados, de manera indiscriminada.
Vale
mencionar que esos militantes son hombres y mujeres, padres y madres de familia
que acuden a estos actos públicos acompañados de sus hijos, porque su accionar
es pacífico, porque entienden que estas manifestaciones son útiles como
instancias de enseñanza y de aprendizaje de la defensa de la naturaleza y de la
vida. Sin embargo, fueron golpeados por la patota de la UOCRA, fuerza de choque
que frecuentemente es utilizada para defender los intereses de las
corporaciones tanto económicas como políticas.
Hay
sobradas pruebas testimoniales y gráficas de estos hechos de violencia, pero el
gobierno nunca tuvo la menor intención de hacer justicia y buscar y procesar a
los culpables.
Posteriormente,
en la ciudad de Puerto Madryn, militantes de organizaciones sociales y
ambientales fueron procesados por realizar pintadas en diferentes paredes. A
ellos sí se los persiguió y se los acusó de conductas subversivas y
terroristas. El gobierno contó con la complicidad de la corporación judicial.
Está
claro: para el gobierno, el delito es defender la vida y querer exponer
públicamente ese punto de vista; en cambio, golpear y agredir físicamente a
esos ciudadanos no solo no es considerado un delito sino que es tomado como una
elogiable prueba de lealtad.
El
acuerdo cerrado entre el anterior Fiscal del Estado (y apoderado de la lista
del FPV) Blas Meza Evans y los jueces, mediante el que se les otorgaba a éstos
un incremento salarial vergonzoso, es un indicio más de cómo se gobierna:
defendiendo los intereses de grandes grupos económicos, con la ayuda de la
justicia, por un lado, y de las patotas funcionales al gobierno, por otro.
Todo
vale, menos la democracia y la voluntad del pueblo.
(Comunicado de prensa, elaborado en el marco del Encuentro Provincial del FUS realizado el sábado 16 en Esquel)
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