Fuente: Patagonia desde el Borde
La familia del joven pide la anulación del fallo que eximio
a los policías
El padre de Julián Antillanca, César Antillanca organiza en
Buenos Aires una campaña de visibilización y denuncia denominada
"Violencia institucional e impunidad en las provincias de Chubut y Río
Negro". Este 5 de septiembre se cumplen dos años de la muerte de su hijo,
asesinado a golpes por policías de la comisaría cuarta de Trelew. "En
marzo de este año, pese a pruebas contundentes y un testimonio clave, el crimen
quedó impune porque los acusados fueron absueltos por la justicia", indicó
Antillanca.
Por este motivo es que la familia presentó un Recurso
Extraordinario al Tribunal Superior, donde se pide la anulación del fallo que
eximió a los policías sindicatos por ellos como los responsables de la muerte
de Julián. Si el Superior falla a favor hay una posibilidad de concretar un
nuevo juicio.
Al respecto el padre del joven indicó que confía "en
que se va a revertir la situación porque en el juicio se demostró que hay
suficientes pruebas para condenar. Se ha realizado una fundamentación técnica,
científica y un trabajo donde la acusación es seria, muy seria, y las pruebas
son contundentes, no hay dudas".
El fallo
Este 5 de septiembre se cumplirán dos años, desde que Julián
–de 20 años- se fue a bailar y que a la salida un grupo de policías le dieron
una golpiza en la rotonda 5 de Octubre y lo mataron. El padre sostiene su
verdad con los resultados de la autopsia que reveló que el deceso fue resultado
de fuertes golpes que recibió en la nuca y una chica le contó que vio cuando
los policías sacaron el cuerpo de Julián del patrullero y lo
"tiraron" a la calle. También sabe que un perito informó que había
sangre de su hijo en el móvil policial.
"Jorgelina (Domínguez) fue muy clara y precisa, dijo: "No lo
bajaron, lo tiraron". A Julián lo golpearon en la rotonda 5 de Octubre y
como se les muere lo dejaron en otro sitio", indicó en referencia al relato
de la única testigo.
Una campaña
Ana Laura Servent, Alejandro de Franco e Ivana González son
los jueces que el 19 de marzo de este año dictaron la absolución de todos los
imputados en la causa porque estimaron que no había elementos
"suficientes" para condenar a nueve policías y a una civil acusada de
encubrimiento. Después de dos años de intensa movilización por toda la
provincia Antillanca decidió extender los límites de su reclamo que pone en
cuestión también la estructura institucional de la Secretaría de
Seguridad. Sostiene que su hijo fue
"víctima del terrorismo policial y luego de la corrupción institucional.
El fallo está corrompido porque se demostró la culpabilidad de los acusados
pero se desestimaron las pruebas. Esa arbitrariedad los liberó de su
culpabilidad y por lo tanto de la condena, pero no los hizo inocentes". En
este marco inició una campaña contra la
"Violencia institucional e impunidad en las provincias de Chubut y
Río Negro", con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y
Sociales. "Debo continuar trabajando para difundir la campaña para luego
replicarla en todos los municipios de Chubut donde se pueda. El objetivo es
demostrar que el fallo está corrompido y lograr su anulación. No hay otra
cuestión. Esta es una nueva etapa de lucha", afirmó al respecto.
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