Por Juan Gasparini *
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas,
el estadounidense James Anaya, acaba de publicar un informe revelador de la
exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que
viven los 2 millones de indígenas de Argentina, documento que refleja la misión
de visita que realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo
18 de septiembre 2012 en Ginebra.
Tras recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus
propias investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital Federal,
la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que Argentina carece de “un
procedimiento para la titulación de tierras indígenas”. Tampoco dispone de “un
programa de relevamiento ... (para resolver) los casos en los que una comunidad
afirme un derecho de restitución de tierras de las que hayan sido desposeidas
recientemente o donde existan reclamos por reconocimientos de territorios
superpuestos entre comunidades y propietarios privados”.
La “promoción de
proyectos de industrias extractivas y agropecuarias” en torno a tierras ligadas
consuetudinariamente a los indígenas, los “vacios y perplejidades en cuanto al
deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos
naturales”, agregado al “avance de la frontera agricola” y los desalojos y
emigración forzada a las grandes urbes que ese fenomeno trae aparejado, junto
al desmonte de “cientos de miles de hectáreas de bosques” y la propagación o
abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y
que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indigenas,
reconocidos en la
Declaración que le consagrara la ONU en 2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.
La
Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169
de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece
los principios de consulta y busqueda del consentimiento de las poblaciones
indígenas para con los proyectos energéticos, agricolas y mineros en sus
territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o la
ignoran. “No existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como
provincial, que regule un procedimiento de consulta”, ni “procesos que “cumplan
con los estándares internacionales”, deplora Anaya. Subraya que los indígenas
“no participan directamente de los beneficios económicos derivados de esos
proyectos”, y que las instancias gubernamentales, y las empresas, han llegado a
otorgar “personería jurídica a comunidades indígenas ficticias”, en
desconocimiento “de las autoridades tradicionales reconocidas con el objeto de
dirigir los arreglos y negociaciones a través de ellas”.
La gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones
de los tribunales que han favorecido “los derechos de propiedad privada de
individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de propiedad
indígena”, a veces menospreciando el reconocimiento de comunidades inscriptas
en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad
estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre en línea con las
observaciones de Anaya, “que la mayoría de los tribunales provinciales
desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional
sobre pueblos indígenas” (leyes autóctonas de referencia, la Ley 26160 de 2006, y su
proroga, la Ley
26554, y los instrumentos internacionales vinculantes antes citados).
Esa “vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos
que los afectan” ha detonado la protesta indígena, dando curso a la
movilización que ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado,
“generando momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida
de miembros de pueblos indigenas”, y desencadeando procesamientos de “muchos
individuos indígenas” por “supuestos” delitos. Anaya critica “un uso
desproporcionado de la fuera por parte de la policía y que estos hechos han
permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus
actos de protesta”.
Con la noble intención de sacar a los indígenas de la
marginalización y ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y
alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional, Anaya, un
catedrático de ascendencia indígena, eleva al gobierno que preside Cristina
Fernandez de Kirchner, 34 recomendaciones. Le pide “elaborar” reglas de
consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos
reconocidos, para “obtener su consentimiento libre, previo e informado” sobre
todos los proyectos realacionados con sus tierras. Le solicita “investigar las alegaciones de serias
irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos agropecuarios
y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de
consulta, si estos fueran considerados necesarios”. Insta a “eliminar los impedimentos
que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia”, y a
suspender “todos los actos procesales o administrativos de desalojo de
comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento
técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas”. Encomienda
“revisar la política penal aplicada en los últimos años”, y “adoptar medidas para prevenir, investigar
y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los
miembos de pueblos indígenas”, al unisono para “funcionarios” y “particulares”.
La mejor salvaguarda preconizada por la
ONU es prohibir criminalizar las luchas sociales, y, en
cambio, proporcionar los medios para organizar un método con criterios legales
que habiliten a los pueblos originarios una vía pacífica “para reivindicar los
derechos a las tierras tradicionales” y a no cometer “actos contrarios al orden
público”.
* Ginebra
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