Por RENACE
Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como
el Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un
nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por
las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de
semillas a las exigencias de la
UPOV y las transnacionales.
Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores
familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado
interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la
biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo
que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio
inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y
diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas
políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de
vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de
investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas
concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales,
expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas
nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento
del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas
campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta
principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al
permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además
ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.
2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y
privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto
de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la
biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor
sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies
vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en
propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es
hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de
plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita
que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al
considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada
ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.
3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado
en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar,
mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a
partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los
agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de
Recursos Fitogenéticos de la FAO-
que además fue central en crear la diversidad y riqueza genéticas utilizadas
por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El
proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas
experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través
del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor
aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los
agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos
sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica
situación del ladrón detrás del juez.
De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el
Tratado de Recursos Genéticos de la
FAO, del que Argentina es signatario.
4. Fortalece las condiciones para que se profundice la
introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar
propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base
a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para
otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya
existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la
diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de
las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar
transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar
una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de
mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de
cultivos tóxicos.
5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas
semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de
variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de
propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de
concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial,
restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de
las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes
avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de
nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la
oferta tecnológica.
6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas,
dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los
agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de
concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de
los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y
la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un
control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción
de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad.
Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de
semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.
7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”,
ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se
observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han
creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y
campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso
normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el
control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son
supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.
8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas
de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la
destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya
a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley
facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los
demandados.
9. El proceso de negociación de la ley está viciado de
secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente
con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público
el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la
sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características
afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a
los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el
Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado
(no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir
las puertas al debate.
10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con
la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal
beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto
tiene a la modificación de la Ley
de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación
biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 21
exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir
nuevos transgénicos.
Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta
gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura
tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de
sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y
soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos
privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola
es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.
FUERA MONSANTO Y
LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA
POR UNA
AGRICULTURA PARA ALIMENTAR A Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS
¡NO a la privatización de las semillas en Argentina! Firmá la Declaración
Organizaciones firmantes:
- Movimiento Nacional Campesino Indígena
- CLOC - Vía Campesina Argentina
- GRAIN
- Amigos de la
Tierra
- Acción por la Biodiversidad
- RENACE
Nota relacionada: "La ley Monsanto": pronunciamiento de organizaciones
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